El ultimátum

Después de dos años de retrasos, esta autopista clave para el Centro del país todavía no arranca. ¿Cuándo estará lista?

El mensaje del Gobierno es contundente: si antes del 31 de diciembre el concesionario de la doble calzada Bogotá - Girardot no soluciona los problemas financieros, el contrato será caducado. El anuncio cayó como baldado de agua fría, ya que esta es una de las principales vías para la movilización de y carga y el desplazamiento de turistas.

El proyecto ha afrontado toda clase de problemas en casi seis años que lleva en construcción. “Hemos buscado todas las soluciones para que se salve, porque es la concesión más jugosa de Colombia, y tal vez de América Latina, por el tráfico tan alto de vehículos”, dice el ministro de Transporte, Germán Cardona, quien reconoce que declarar la caducidad sería la decisión más radical. El Gobierno no quiere repetir lo de Commsa, la concesionaria del Magdalena Medio a la que hace más de una década se le caducó el contrato para construir la vía Tobiagrande - Puerto Salgar, que sigue inconclusa.


En las próximas semanas, los involucrados -el concesionario, el agente liquidador del Grupo Nule y los tenedores de bonos que se emitieron para financiar parte del proyecto (varios fondos de pensiones)- tendrán que ponerse de acuerdo en la solución de los problemas y cómo terminarla la obra.


El director del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, Luis Fernando Andrade, asegura que el concesionario terminará 18 meses después de lo previsto: a mediados de 2014 (se debe entregar en octubre de 2012). Dice que como no está cumpliendo con el cronograma le han impuesto multas. Un tribunal de arbitramento deberá decidir si el concesionario debe indemnizar al Estado en una suma que la Contraloría fijó en 50 mil millones de pesos, por el atraso en la vía.


La caducidad sería el puntillazo final para este proyecto que se adjudicó en 2004 al consorcio conformado por el Grupo Nule, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla,­ y las firmas de ingeniería ­Vergel y Castellanos y Álvarez y ­Collins. En el mismo momento en que comenzó su eje­cución se presentaron retrasos y problemas financieros.


“Esta es la peor concesión que se ha adjudicado en Colombia, es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer en esta clase de proyectos”, asegura Cardona, quien sostiene que se les adjudicó a cuatro firmas que no tenían músculo y que terminaron financiándose con los recursos del Gobierno y con los peajes.

En 2009 fue destapado el ‘carrusel de las contrataciones’ y los malos manejos del Grupo Nule, responsable de la parte que va desde la salida de Bogotá hasta Fusagasugá y que presenta los mayores retrasos. Tras la caída del grupo, la obra se paralizó por un año. Los socios restantes se repartieron el tramo que el Grupo entregó y a la concesión se sumó el agente liquidador de los Nule. Hace un año nombraron un nuevo gerente y volvió a ser reactivado el proyecto.

Pero los problemas siguen. Mientras el Gobierno denuncia su lento avance, el concesionario se defiende aduciendo el lío de la compra de predios. Cuando fue adjudicada la licitación se habló de que se debía comprar sólo 400 predios, pero luego de estudios más rigurosos la cifra se triplicó. En total, son mil 816, de los cuales 900 ya fueron adquiridos, 350 están en proceso de negociación y sobre los restantes no se ha hecho oferta.


Mario Dib de Castro, gerente de la concesión, dice que en octubre de 2012 entregarán el 95 por ciento. De los 130 kilómetros de la vía, ya operan 70, otros 15 están construidos pero por los problemas con los predios no se han puesto en funcionamiento, y los demás faltan por construir.


Según el concesionario, entregarán en ese mes, sin el tramo de Soacha, que se adicionó posteriormente al contrato, y sin una ciclorruta en Girardot, que fue anexada en uno de los consejos comunales del presidente Uribe.


Con la compra de los predios se presentan varios líos. Primero hay que hacer una oferta al propietario con base en el avalúo comercial. Si el dueño no está de acuerdo con el monto, un evaluador fija el valor a pagar. Pero si el propietario no quiere vender, comienza un trámite de expropiación que puede demorar meses. En un recorrido por la vía, Semana comprobó que los tramos más complicados están a la salida de Bogotá, en Soacha, porque se deben demoler casas, edificios de apartamentos y locales comerciales, así como en los sectores de Subia, Granada, el Alto de las Arepas, Silvania y El Boquerón, todos con alto comercio a lado y lado de la vía. La compra de predios demanda 260 mil millones de pesos, aportados en su mayoría por el Inco. Esta cifra es casi la tercera parte del total de la obra, estimada en 900 mil millones, que se financia con los peajes.


Mientras se resuelven estos entuertos, a la doble calzada ya se la compara con El Dorado, que se hizo con una talla menor. Fue pensada para el tráfico de 40 mil vehículos y hoy, en un puente festivo, supera los 80 mil. Por eso un trayecto que se debería recorrer en dos horas se hace en el doble del tiempo.


La Cámara Colombiana de la Infraestructura informó que cuando sea terminado el proyecto quedará pequeño, lo que demandará una nueva ampliación para enfrentar los retos del comercio exterior, a lo que el Ministro de Transporte responde: “Primero terminemos lo que está contratado y después veremos. Recibimos un paciente enfermo y estamos tratando de aliviarlo de la mejor manera posible”. Y ojalá se alivie rápido, para que no se enfermen los miles de conductores que la recorren a diario.


Credito
EL NUEVO DÍA

Comentarios