Francisco Santos y Piedad Córdoba tienen poco en común. Se podría decir que son el agua y el aceite, sobre todo por sus posiciones políticas. Santos hace poco confesó que “se ha vuelto muy godo”, y Córdoba es el símbolo de la izquierda vehemente. Lo curioso es que el jueves pasado los dos se encontraron en medio de tormentas desatadas por sus respectivas posiciones sobre la marcha estudiantil de protesta contra la reforma a la educación. Santos, contra los estudiantes, y Piedad, a favor de ellos, generaron sendas avalanchas de indignación por lo que dijeron.

En su videoblog de RCN Radio, donde es director del programa de noticias de la mañana, Francisco Santos hizo un comentario muy subido de tono contra su primo el presidente Juan Manuel Santos, por su débil manejo de la protesta. Dijo que al mandatario “le estaban midiendo el aceite” y que demostró que “resiste poquito (…) no le gusta confrontar, prefiere ceder y no meterse en líos”. Al final pidió mano dura contra los estudiantes con una fórmula tan polémica como provocadora, que fue lo que a la postre desató la tormenta: “Hay que utilizar armas de represión no letales como las que producen descargas eléctricas”, dijo.

Las reacciones de indignación no se hicieron esperar. El video circuló ampliamente por las redes sociales y en Twitter se encendió el debate, que mayormente recogió voces de protesta contra el exvicepresidente. Santos respondió en el mismo espacio aceptando que se había equivocado y que ofrecía disculpas, pero no logró detener la avalancha. A la mañana siguiente, el viernes, publicó un nuevo video en la página de internet de RCN y volvió a retractarse. “Lo que dije fue equivocado e injusto”, aseguró, y agregó: “Los estudiantes actuaron con cordura y madurez y nos dieron un ejemplo a toda la sociedad”. Twitter siguió recibiendo todo tipo de mensajes -la mayoría de ira, varios cuantos de humor y unos pocos de apoyo- en la sección con la etiqueta #pachitoelelectrocutador. El asunto fue tema de tendencia todo el día en esa red social.

A Piedad Córdoba también se le vino el mundo encima. Si algo caracterizó la manifestación estudiantil del jueves en la Plaza de Bolívar de Bogotá, fue su espontaneidad y el hecho de que no hubo participación de políticos ni banderas partidistas por ningún lado. Pero la exsenadora llegó a la tarima y encendió a los manifestantes: “Esta es una unidad popular que le ganó a la unidad nacional de Santos”, dijo, agregó que el establecimiento había quedado “chupando dedo” y les pidió a los estudiantes que continuaran en paro. Visiblemente emocionada, aunque su intervención pasó inadvertida para la mayoría de los asistentes, fue subiendo el tono, criticó el imperialismo yanqui y terminó con una larga serie de gritos de viva que se fueron extendiendo a la “unidad del pueblo”, la “lucha popular” y la “patria soberana y libre”. Aunque no le cayó una cascada comparable en volumen a la de Santos, decenas de trinos la cuestionaron por “paracaidista” y “oportunista”.

La coincidencia de las salidas en falso de Francisco Santos y Piedad Córdoba llama la atención. Ambos, por distintas razones y con argumentos diferentes, estaban en contra de la reforma a la Ley 30. Pero mientras Santos criticaba a los estudiantes por sus manifestaciones, Córdoba los glorificaba. Nadie espera que dos protagonistas combativos como el exvicepresidente Santos y la exsenadora Córdoba se callen. Esas voces, desde la derecha y desde la izquierda, son importantes para el debate y ambos han llegado a donde están gracias a sus actitudes francas y muchas veces extremas. Lo que es un hecho es que a los dos se les fue la mano en emotividad, agresividad y radicalismo. La ­lección que queda es que la franqueza no puede llevar al irrespeto. Porque, definitivamente, la frase que dice que “por la boca muere el pez” le cabe a todo el mundo, sin importar su ideología.

No hay derecho
La Corte Constitucional tiene en la mira a los órganos de control y al Gobierno por las graves condiciones en que están los desplazados del país.

Pocas veces son llamados al tablero, al mismo tiempo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y los principales ministros del gobierno. La semana pasada tuvieron que hacerlo ante la Corte Constitucional, que los citó a una audiencia para ver qué han hecho para cumplir la sentencia T-025 que profirió en 2004, que fue motivo de enfrentamiento permanente con el gobierno anterior, pues lo obligó a invertir un presupuesto específico y a reordenar las instituciones para atender a los cuatro millones de desplazados de Colombia, que se encuentran, en su mayoría, en la pobreza extrema.

Aunque la Corte le dio un margen al nuevo gobierno mientras presentaba la nueva Ley de Víctimas y rediseñaba su andamiaje institucional, la situación de los desplazados no da espera. Por eso le pidió un informe al nuevo gobierno y citó a una audiencia la semana pasada a los organismos de control, porque según el auto 219 de la Corte de 2011, hay componentes de la política “en los que no hubo avance alguno o incluso hubo retrocesos importantes”.

El balance presentado por los órganos de control es preocupante. La Contralora Sandra Morelli dijo que el Estado ha invertido más de ocho billones de pesos en mero asistencialismo, pero no dio cifras exactas sobre los procesos de responsabilidad fiscal, excepto uno por mil 500 millones al Incoder, por haber vendido tierras con sobrecostos injustificados. El procurador Alejandro Ordóñez dijo que desde 2008 hay 126 investigaciones disciplinarias y sólo un fallo sancionatorio en segunda instancia contra un funcionario. El balance de la Fiscalía aún no se conoce, porque la fiscal General no asistió a la audiencia, lo que incluso podría interpretarse como desacato por la Corte, porque el acceso a la justicia de los desplazados pasa primero por esta entidad.

Como dijo el magistrado Luis Ernesto Vargas, el número tan abrumador de tutelas es evidencia de que persiste un grave problema estructural. Muchas de las tutelas, reconoció el procurador, son porque los personeros o procuradores no los incluyen en el registro. Según Clara Elena Reales, investigadora de la Universidad de los Andes, estas podrían duplicarse cuando se implemente el Registro Único de Víctimas, contemplado en la nueva Ley, porque sólo considera como causal de desplazamiento el conflicto armado, lo que deja por fuera otras causas, como el desplazamiento intraurbano, que sí son reconocidas por el derecho constitucional e internacional.

Pero el registro no es el único problema que persiste para los desplazados. En los últimos dos años han interpuesto miles de tutelas contra Acción Social, la entidad encargada de la asistencia humanitaria para ellos a través de programas como Familias en Acción. La Contraloría detectó que en Tumaco, Mocoa y Apartadó, por ejemplo, cuando los desplazados van a reclamar su subsidio, ya los han cobrado otras personas.

También hay tutelas por la dificultad de acceder a viviendas dignas, recuperar sus tierras y poder hacer efectivos los créditos bancarios. La Contraloría encontró que 30 mil desplazados aún no han podido acceder al crédito de vivienda, porque el Estado les exige que pongan una contraparte y no tienen ni para la escritura. Cuando sí lo obtienen, a veces se encuentran con que las casas son inhabitables. El propio Gobierno reconoció ante la Corte que hay más de 500 proyectos de vivienda rural y más de 200 de vivienda urbana siniestrados, es decir, mal construidos. La ministra de Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, afirmó que había una lista negra con 125 constructoras que no podrán volver a contratar y más de 60 municipios sancionados que actualmente no pueden recibir recursos para vivienda por malos manejos.

Con la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y las instituciones que acaba de crear, el Gobierno tiene una oportunidad para corregir el rumbo. La Corte estará vigilante de que así lo haga.