La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos radicó ante el Congreso la reforma constitucional para eliminar la reelección.

En la exposición de motivos los ministros de Interior, Juan Fernando Cristo, y Justicia, Yesid Reyes, impulsan el proyecto como una “ modificación integral que permita ‘calibrar’ la balanza del equilibrio a la luz de todo el funcionamiento de las ramas del poder”.

El articulado del acto legislativo incluye una reforma del sistema electoral, de la administración de Justicia y del sistema de controles. La reforma tiene de todo como en botica.

Cerradas y bloqueadas

Con la reforma del Gobierno se elimina el voto preferente para las listas de los partidos para corporaciones públicas. En línea con los cambios al sistema político de 2003 y 2009, la propuesta santista se orienta a fortalecer las colectividades en detrimento de las maquinarias electorales individuales y familiares.

Las listas ‘cerradas y bloqueadas’, como la que presentó el Centro Democrático encabezada por el senador Álvaro Uribe para las elecciones de marzo pasado, favorecen en teoría la cohesión partidista, mientras que las abiertas y con voto preferente incentivan la competencia entre aspirantes del mismo grupo.

Tradicionalmente a las listas cerradas las han llamado del ‘bolígrafo’, en referencia al poder de los directores de los partidos en quiénes integran la plancha de aspirantes y, vital para las posibilidades de salir elegido, el orden. Históricamente la conformación de las listas se basaba en el prestigio del jefe ‘natural’ como Alfonso López o Carlos Lleras. Estos líderes tenían el reto de equilibrar regiones, candidatos sectoriales y promesas futuras para jalonar el mayor número de votos.

Hoy la definición de la lista no proviene de esos prestigiosos jefes nacionales. Lo que está en juego es el control de los avales para las distintas candidaturas y los recursos que el Gobierno entrega a los partidos. El regreso del ‘bolígrafo’ tiene, así mismo, sus desventajas. La principal preocupación es que se convierta en la cuota inicial del caudillismo y que opaque el surgimiento de nuevas figuras.

Para Laura Wills, de Congreso Visible, la lista cerrada “en la práctica puede generar liderazgos muy fuertes de las cabezas que son los que arrastran los votos de los demás. Un ejemplo claro de eso es el Centro Democrático, con su cabeza de lista, Uribe”.

Lo paradójico es que el voto preferente es para los políticos una herramienta de ‘democracia interna’ de sus partidos. Sin importar el orden final de la lista, cada uno busca sus propios votos y compite contra sus correligionarios para aumentar sus posibilidades de ganar la curul. En la cerrada ese chance dependerá de la posición dentro de la lista.

Muchos parlamentarios aprobarán esta iniciativa a sabiendas de que va en contravía directa de su capacidad de ser reelegidos en 2018 y de que les entregará poder a los directores de sus partidos.

Congresistas y ministros

Al ‘garrote’ de las listas cerradas, la Casa de Nariño ofreció a los congresistas una gigantesca zanahoria: eliminar la inhabilidad de los legisladores para ocupar cargos públicos.

De aprobarse esa medida, los parlamentarios podrían saltar hoy de sus curules a ocupar ministerios o a hacer campaña para un cargo de elección popular sin tener que renunciar un año antes.

Para los ministros Cristo y Reyes, esta posibilidad “promoverá positivamente el dinamismo de los liderazgos a nivel nacional”.

El impacto se sentiría en el escenario político tanto nacional como en el regional. La inhabilidad actual mantiene a los representantes y senadores fuera del juego de la conformación del gabinete y de las elecciones de alcaldes y gobernadores. De tumbarse esta restricción, los congresistas se convertirían automáticamente en potenciales ministros y en candidatos en capilla para el ejecutivo local.

Esa capacidad está en la raíz de los sistemas parlamentarios donde miembros del Parlamento integran los gabinetes.

Sin embargo, “si un congresista puede ser ministro estamos viendo al Ejecutivo y al Legislativo de la mano”, alerta Laura Wills. El senador opositor Alfredo Rangel, del Centro Democrático, esgrime la misma preocupación: “Sería entregar al Ejecutivo un recurso adicional para manipular a los partidos. Eso atentaría contra la autonomía del Congreso y contra el equilibrio de poderes”.

La experiencia de 20 años de prohibir a los congresistas saltar al gabinete no solo ha sido exitosa en proteger a la Casa de Nariño de presiones de los políticos. Al final de cuentas, la tentación que generan las mieles del Gobierno en términos de presupuesto, proyección y protagonismo es demasiado tentadora. Como se dice en los corrillos políticos: “Es mejor tener un centímetro de Ejecutivo que mil metros de Legislativo”.

Más presidencialismo

A pocas horas de haber sido radicada en el Congreso, la reforma de Santos ya afrontaba críticas, porque su articulado fortalecería al ya poderoso presidencialismo del sistema político colombiano. Una de las medidas que mejor encarnan esa advertencia de los opositores es la que diseña el nuevo mecanismo de elección del contralor y del procurador. Mientras el jefe del control fiscal sería seleccionado por el Legislativo, la cabeza del Ministerio Público saldría de una terna constituida por el Presidente de la República y presentada al Senado.

En teoría la iniciativa busca eliminar las facultades nominadoras de las que hoy gozan las altas cortes y que han sido fuente de recientes escándalos y de descrédito para la rama judicial. No obstante, la subordinación de las mayorías del Congreso a la Casa de Nariño lleva a pensar que quien elegiría en la práctica al contralor sería el primer mandatario.

El riesgo radica en que el Presidente termine luego de esta reforma con la posibilidad de tener en su bolsillo estas dos cabezas de entes de control. Lo anterior, contaminaría la intención de la reforma: calibrar el equilibrio entre los poderes públicos.

El nuevo Senado: 89 y 11

Los 13 departamentos que tras las elecciones de este año se quedaron sin senador ha sido una de las razones que el propio presidente Santos ha esgrimido para modificar la circunscripción nacional. Hasta la Carta de 1991 cada ente territorial contaba con una mínima representación en la Cámara alta sin importar el tamaño de la población.

Para garantizar que los partidos minoritarios pudieran alcanzar los votos necesarios para sus escaños, los constituyentes determinaron que todo el territorio nacional sería la circunscripción electoral de los senadores. Las consecuencias fueron agridulces. Por un lado, las minorías se han fortalecido tanto que han conformado sólidos partidos opositores.

“Si elimináramos la circunscripción nacional no habría Robledos en el Congreso”, advierte la senadora de la Alianza Verde Claudia López. En cuanto a la otra cara de la moneda media Colombia no cuenta hoy con un vocero en el Senado de la República.

La reforma que impulsa el ministro Cristo vislumbra un sistema mixto para la Cámara alta: 89 escaños serían elegidos por la actual circunscripción nacional, dos senadores por circunscripción especial indígena, una curul para el candidato que haya ocupado el segundo lugar en la elección presidencial y 11 escaños por cada uno de los departamentos que hoy tienen una población inferior a medio millón de habitantes. En resumen, el Gobierno apuesta a una combinación que “contribuye a cohesionar la integración nacional y a cubrir el déficit de representación regional”.

Esta nueva circunscripción es un coctel que mezcla esos dos requerimientos: cupos para los territorios y posibilidad de las minorías de recoger votos en todo el país. Como en todo coctel, el éxito está en las proporciones de los ingredientes. Por ejemplo, si bien el límite de los 500 mil habitantes contempla la región de la Amazonia, la Orinoquia, Chocó y San Andrés, deja por fuera tres de los casos más emblemáticos de los departamentos sin senador de 2014: Quindío, La Guajira y Tolima. Seguramente el pulso en el trámite de la iniciativa estará centrado en qué tanto aumentan o disminuyen los 11 escaños territoriales.