De La Habana vino una semana cargada de noticias. Sin tiempo suficiente para que la opinión pública los decante se produjeron hechos que, cada uno por sí solo, se habría considerado como histórico, por su carácter inédito, y por su significado real sobre el proceso de negociaciones.

En solo una semana, la delegación de paz de las Farc recibió al exsecretario general de la ONU Kofi Annan, al enviado especial del presidente Barack Obama -Bernard Aronson-, y a una delegación compuesta por militares activos de alto rango: un almirante, cinco generales y seis coroneles de todas las fuerzas. No menos significativa fue la declaración del presidente Santos, en su visita de Estado en España, según la cual está dispuesto a comprometerse con la no extradición de los miembros de las Farc pedidos por la justicia estadounidense. “No creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para ir a morir en una cárcel norteamericana”, dijo.

También ha habido cambios en la percepción de la opinión pública. Según la más reciente encuesta Invamer-Gallup, el porcentaje de colombianos de acuerdo con el proceso subió 10 puntos desde la medición anterior y llegó a 72 por ciento, mientras que los que están en contra se redujeron a 26. El resultado es llamativo. Hay que tener en cuenta que la encuesta no mide los acontecimientos de la semana pasada -la muestra fue recogida del 19 al 28 de febrero- y que durante el largo proceso la opinión pública ha oscilado en su apoyo o rechazo, en respuesta a diversas coyunturas.

¿Está quedando atrás el escepticismo que fue notable durante largos meses? ¿Se aproxima el proceso a su fase final? Falta ver si estos números se mantendrán en el futuro, o si retratan otro de los picos altos por los que ya han pasado las conversaciones. De hecho, no deja de ser una paradoja que las noticias positivas que se están produciendo por fuera de la Mesa coinciden con el momento en que la negociación propiamente dicha está en el punto más complejo y definitivo: si los responsables de los delitos más graves cometidos por las Farc tendrán que pagar cárcel o no. Durante semanas, incluso meses, la realidad era exactamente la contraria: mientras los equipos liderados por Humberto de la Calle y por Iván Márquez concretaban acuerdos sobre desarrollo rural, participación en política de las Farc y narcotráfico, campeaba la desconfianza. No faltaron quienes dijeron que los obstáculos para un pacto definitivo no estaban en La Habana, sino en Bogotá.

El desbalance entre una Mesa trabada por el espinoso tema de la cárcel, por un lado, y una opinión pública que empieza a entusiasmarse por el cese al fuego unilateral, las visitas de Annan, Aronson y los militares, en el otro, también lleva consigo dificultades. Unas expectativas exageradas pueden ser tan inconvenientes como el escepticismo paralizante de los meses anteriores.

El asunto de la cárcel es el meollo de la negociación. La delegación del Gobierno ha planteado a las Farc que debe haber un mínimo de castigo con privación de la libertad. Hay argumentos externos -las obligaciones de Colombia frente a la Corte Penal Internacional y los organismos de derechos humanos del sistema interamericano- e internos: normas adoptadas desde 1991 que no permiten la impunidad. Y la presión de un sector de la opinión pública.

La respuesta de las Farc no solo ha sido negativa, sino que se ha hecho por canales públicos. Jesús Santrich, en una entrevista que divulgó Anncol, se fue con todo contra Kofi Annan. Reiteró que nadie en las Farc está dispuesto a pagar cárcel, lo fustigó por “confundir y colocar obstáculos” y reiteró que todas las acciones de la guerrilla se han dado en ejercicio del derecho a la rebelión, que no es un delito. Y eso que el exsecretario, en sus múltiples intervenciones, se cuidó de no utilizar la palabra ‘cárcel’ y siempre la reemplazó por “rendir cuentas ante la Justicia”. Ese nudo gordiano no es fácil de desatar y de hecho el ciclo que terminó el sábado pasado -el 33- no registró mayores avances.

¿Ayudarán los hechos ocurridos por fuera de la Mesa a desentrabar la negociación? La visita de Aronson fue todo menos rutinaria o formal. Las Farc recibieron con respeto al enviado de lo que para ellos es el imperialismo explotador. Había heridas abiertas, por la condena que paga Simón Trinidad en Estados Unidos y por el secuestro de tres contratistas estadounidenses por las Farc.

Pero después de los discursos retóricos y encendidos de rigor, en dos reuniones de ocho horas se plantearon aspectos concretos sobre lo que significa el apoyo de Washington a la paz. Quedó claro que, para la política gringa, lo que resta a la administración Obama -menos de dos años– es una ventana de oportunidad que se puede cerrar en 2016 con un eventual triunfo republicano en las elecciones presidenciales. Hay una regla no escrita, en la política estadounidense, que dice que en elecciones no se puede hablar de nada que tenga que ver con Cuba.

Ni el Departamento de Estado ni las Farc hicieron comentarios públicos sobre los encuentros. Primaron el respeto y la prudencia. La comunicación quedó abierta, lo cual es bien recibido por la guerrilla, porque considera que los gringos han sido un actor del conflicto y que, si hay paz, surgirán varios temas que tienen que ver con ellos: el apoyo al Ejército en el Plan Colombia, la libertad de Simón Trinidad, el narcotráfico y la extradición.

No menos significativa fue la presencia en Cuba de la delegación de generales activos. Por el significado de que quienes están sentados son los mismos que están haciendo la guerra, en primer lugar, pero también por su conocimiento sobre los problemas que planteará el cese del fuego bilateral y definitivo -la canciller María Ángela Holguín, en Suiza, confirmó que ese es el punto que trataron en esta subcomisión-, y cómo podría ser el acantonamiento de la guerrilla en zonas específicas. Dos expertos internacionales -el general Julio Balconi y el exguerrillero Sandino Asturias, ambos guatemaltecos- explicaron en detalle las experiencias de sus países en esta materia.

Quedó claro que esta instancia -que no es decisoria ni negociadora, sino aporta insumos a la Mesa- tiene mucho que hacer. Al final de las reuniones, el jueves en la noche, las Farc solicitaron, por primera vez desde que se inició el proceso, que se cambien las reglas de juego pactadas en el ‘Acuerdo General’ para extender a los militares una posibilidad que hasta ahora solo está contemplada para la guerrilla: “El Gobierno coordinará la revisión de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las Farc-EP”. Esto abriría una puerta para incluir a miembros de las Fuerzas Armadas, actualmente detenidos, en los beneficios judiciales acordados en Cuba.

El último ciclo de conversaciones, en síntesis, estuvo muy movido. No tanto en la Mesa, sino afuera de ella. Falta ver si esta paradoja es una expresión de un momento crítico o si los vientos externos a La Habana ayudarán a remover el freno y –como dijeron los medios de comunicación españoles que cubrieron la visita del presidente Santos– significa que el proceso de paz ya llegó a un punto de no retorno.