Lo que parecía ser una rápida y contundente investigación en torno a la oleada de petardos atribuida al ELN, que sacudió a Bogotá durante los más recientes meses, terminó transformándose en una polémica cuyo desenlace está aún por conocerse.

Durante gran parte del día y la noche del jueves de la semana pasada, las puertas de los juzgados de Paloquemao, en el Centro de la capital, se convirtieron en el escenario de protestas por la captura de 15 personas señaladas por la Fiscalía y la Policía de ser las responsables de los atentados que ha sufrido Bogotá. Los dos últimos el 2 de julio, cuando detonaron artefactos de forma casi simultánea en el Norte y Occidente de la capital contra las sedes de Porvenir, hechos que ocurrieron justo una semana antes de la audiencia del jueves.

Diversas ONG, estudiantes, profesores y familiares de los detenidos hicieron un plantón para protestar por lo que ellos llamaron un ‘falso positivo’ judicial. De igual forma, no pocas voces rechazaron y protestaron por las capturas, e incluso un asesor de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunció pidiendo garantías y no estigmatizar a los procesados antes de que sean juzgados. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué pruebas hay en contra de estas personas? ¿Se precipitaron las autoridades? ¿Están tratando algunos sectores de bloquear las investigaciones judiciales?

La detención del grupo de 15 personas ocurrió el martes 7 de julio con allanamientos ejecutados de forma simultánea en diferentes lugares de la ciudad. Varios de los arrestados son estudiantes de universidades públicas de la capital. Otros tres son contratistas que trabajaban para la Alcaldía de Bogotá y uno más de una ONG. todos son señalados aparentemente de pertenecer a una red que hace parte del ELN.

El primer cuestionamiento ocurrió pocas horas más tarde, puesto que dos estudiantes que hicieron parte de los capturados quedaron en libertad, ya que la Fiscalía consideró que no había elementos suficientes para solicitar ante un juez su detención. La polémica aumentó cuando la Universidad Nacional afirmó en un comunicado que un hombre conocido con el alias ‘El Profe’, señalado por las autoridades de ser el jefe de la red, no era docente de esa alma mater tal y como lo habían señalado al inicio las autoridades.

A este confuso panorama se sumó la declaración del rector de la Universidad Pedagógica, Adolfo León Atehortúa, quien afirmó a los medios de comunicación que el día de los atentados a las sedes de Porvenir varios de los estudiantes arrestados como parte de la operación simultánea no estaban en la ciudad.

“Institucionalmente la Universidad Pedagógica Nacional puede dar fe que entre los estudiantes capturados, que están matriculados en la universidad, el día de los atentados en Bogotá estaban en un desplazamiento fuera de la ciudad con participación institucional”, dijo.

El caso que más llamó la atención y generó mayor solidaridad fue el de Paola Andrea Salgado, contratista del Distrito, quien laboraba para la Secretaría de Salud en el hospital de Suba. Es una abogada reconocida en diferentes círculos de activistas de derechos humanos donde su trabajo es bastante valorado.

Las pruebas

Uno de los principales cuestionamientos que han hecho familiares, amigos y abogados de algunos de los detenidos tiene que ver con que los arrestos se produjeron tan solo cinco días después de los ataques a las sedes de Porvenir, en lo que califican de sospechosa “operación exprés”. Sin embargo, la realidad es que ese argumento es producto de una mala información por parte de las autoridades.

Si bien el grupo de detenidos es señalado de formar parte de redes urbanas del ELN, ninguno está sindicado de manera directa por la explosión de esos dos petardos. Las investigaciones por las cuales están siendo procesados tienen que ver con su presunta participación en cerca de 14 atentados que han ocurrido en Bogotá entre 2014 y 2015, diferentes a los de hace dos semanas. De allí, tal vez, se desprende la confusión del rector de la Pedagógica, entre otros, quien cree que los arrestos son por un solo hecho, los ataques a Porvenir.

Desde mayo del año pasado la capital vivió atentados con artefactos de bajo poder, que marcaron el inicio de las investigaciones. Dos de esos artefactos explosivos que alcanzaron a ser desactivados se convirtieron en la columna vertebral de las pesquisas que hoy tienen en líos judiciales a este grupo de 13 capturados. El primero de esos ocurrió el 29 de julio en la calle 80 con carrera 19, en el Norte de la ciudad. El segundo, el 6 de octubre, en la calle Sexta con carrera Sexta, en pleno Centro de Bogotá. Las bombas en ambos casos tenían características similares, entre esas el hecho de que el sistema de activación se ejecutaría por medio de teléfonos celulares instalados en la carga. Al desactivar esas bombas y lograr incautar los celulares, los investigadores descubrieron que los aparatos aún guardaban información clave, entre otras, una serie de números telefónicos.

Los análisis links, que básicamente son el cruce de toda la información del celular y que permiten identificar incluso los sitios exactos desde donde se recibieron y efectuaron llamadas, llevaron a los investigadores a identificar otra serie de números de celulares que el día de esos fallidos atentados estuvieron cerca de esos lugares. Entre esos números están los de varios de los detenidos hace dos semanas. Eso quiere decir que algunos de los 13 arrestados se comunicaron con los celulares instalados en las bombas e incluso estuvieron cerca del lugar.

Con esa información las autoridades solicitaron la interceptación legal de varias de esas líneas de celulares. Durante meses escucharon las llamadas que, incluso, les permitieron documentar a los investigadores que algunos de los detenidos fueron quienes ingresaron y suministraron papas explosivas, usadas a comienzos de mayo pasado durante disturbios en la Nacional, los cuales terminaron con nueve policías heridos por las explosiones. Uno de ellos es alias ‘El Profe’ y dos estudiantes de ese claustro, detenidos también la semana pasada. De acuerdo con esas pesquisas y las líneas interceptadas, la abogada activista de derechos humanos habría colaborado para ingresar en un vehículo varias de las papas bombas a la Nacional, de donde es egresada. De esto, existen audios, videos, fotos y testigos.

Esas líneas telefónicas que venían siendo monitoreadas desde el año pasado ya habían arrojado los primeros resultados, y permitieron el arresto a finales de marzo pasado de cuatro personas relacionados con seis de los atentados ocurridos en el primer trimestre. Tras esas detenciones las investigaciones continuaron pues las autoridades tenían claro que esos cuatro detenidos, a quienes encontraron explosivos y planos de blancos en Bogotá, eran tan solo una célula que hacía parte de la red del ELN.

Con base en esas capturas, las interceptaciones y otros elementos, las autoridades establecieron que existían otras células de las cuales hacen parte algunos de los 13 arrestados. De hecho, esta revista hace varias semanas logró establecer que se preparaban esa serie de capturas, las cuales estaban programadas para realizarse pocos días antes de las explosiones contra las sedes de Porvenir.

Como consecuencia de esos dos petardos, las detenciones se aplazaron unos días, pues la Fiscalía y la Policía buscaban determinar si esa red estaba directamente ligada con estos últimos ataques, algo que hasta ahora no está comprobado. Lo que sí es claro es que a pesar de la inmensa polémica que se desató la semana pasada, las autoridades no tienen duda de que existen elementos suficientes sobre la presunta responsabilidad de gran parte del grupo de los 13 detenidos en la oleada de petardos que durante el último año sacudió a la capital. Sin embargo, lo único cierto es que son los jueces quienes tendrán la última palabra en el caso.