La aplanadora de la Unidad Nacional funcionó a todo vapor. El Gobierno logró la aprobación del plebiscito para la paz sin tropiezos, a pesar de la encendida oposición del Centro Democrático, tanto en los debates parlamentarios como en los medios de comunicación. Votaron alineados los congresistas de la Unidad Nacional, los verdes y la mayoría del Polo. Los cálculos del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se cumplieron.

La iniciativa irá ahora al estudio de la Corte Constitucional y, si recibe su bendición, a sanción presidencial. Por una vez, y con el fin único y exclusivo de refrendar el acuerdo entre el Gobierno y las Farc, los colombianos podrían ir a las urnas para aprobar los pactos o para rechazarlos. Una mayoría por el SÍ permitiría seguir adelante con su implementación. Una mayoría por el NO acabaría con el proceso de paz.

El punto más polémico tiene que ver con la modificación de los requisitos actualmente vigentes para la aprobación de un plebiscito. Según los críticos, con esos cambios se busca una aprobación fácil y garantizada. El umbral de participación (porcentaje mínimo del censo electoral que va a las urnas a votar) fue abolido. Antes se requería que un 25 por ciento del censo electoral votara para aprobar un referendo, y un 50 por ciento, para un plebiscito. En el que se llevaría a cabo el año entrante no habrá un requerimiento en materia del número total de votos. En su lugar se aprobó una cantidad necesaria para ganar, bien sea por el SÍ o por el NO: debe haber una cantidad de votos mayor al 13 por ciento del censo electoral vigente (4.396.625 millones de votos) y obtener una mayoría simple.

Fue una fórmula controvertida y sin una buena presentación. Pero el tema tiene más de fondo. Los defensores de la nueva fórmula argumentan que con ella saldrán a votar tanto los partidarios del SÍ como los del NO, con un probable incremento de la participación total, pues la abstención no tendrá el poder, que tenía antes, de evitar la aprobación del texto sometido a la voluntad popular.

Con el desincentivo para la abstención, la batalla electoral por el SÍ y por el NO será muy intensa. Cada voto contará. Y desde ahora se hacen cálculos en las dos orillas que han polarizado la política colombiana en los últimos años: el santismo y el uribismo. El escenario más probable es que el primero sea el gran aglutinador de la campaña por el SÍ y, el segundo, el líder de la cruzada por el NO. El plebiscito de 2016 sería una especie de reedición del debate presidencial de 2014.

En ambas esquinas hay cartas valiosas para jugar. Al fin y al cabo, en las presidenciales del año pasado –que giraron en torno al proceso de paz– el uribismo ganó la primera vuelta y, el santismo, la segunda. En este caso, en una coalición con sectores externos a la Unidad Nacional –del Polo Democrático y la Alianza Verde– que defienden las negociaciones de La Habana.

El equipo del gobierno le apostaría a reeditar la coalición que hizo posible la reelección de Santos. En principio, el discurso en favor del ‘Sí a la Paz’ es más vendedor que el NO. Vende esperanza, es positivo, ofrece futuro. Si en 2014 el uribismo se quejó porque el Gobierno hizo una campaña estigmatizadora para presentar al Centro Democrático como “enemigo de la paz”, en 2016 es muy probable que ocurra lo mismo. Con la diferencia de que ya habrá un acuerdo firmado, en el que las Farc se transforman de guerrilla armada a fuerza política legal.

Pero el Centro Democrático también tendrá argumentos. El de las imperfecciones del acuerdo y las excesivas concesiones hechas a las Farc por parte del Gobierno. El discurso del expresidente Álvaro Uribe ha sido “paz sin inmunidad” y seguramente continuará para convencer a los colombianos de que el mismo resultado –el fin del conflicto– se puede alcanzar sin premiar a quienes han cometido graves delitos. La campaña por el plebiscito, además, tendrá connotaciones de apoyo o rechazo al presidente Juan Manuel Santos. Esa es la naturaleza de un plebiscito. Y según la encuesta Colombia Opina, que publicamos en esta misma edición, la posición del mandatario y del proceso de paz, frente a la opinión pública, es débil. El propio Santos ya dijo, en una entrevista a la BBC, que si es derrotado “quedará en graves dificultades”. Lo cierto es que, dependiendo del resultado en las urnas, los últimos dos años de Santos contarían con un mandato reforzado o, por el contrario, con un penoso adelanto del periodo con el “sol a la espalda”.

Los equipos de ambos lados ya se empezaron a conformar. Por los lados del SÍ el expresidente de Avianca, Fabio Villegas, será el director de la campaña. Lo más probable es que el NO quede en manos de los uribistas, aunque el senador de Centro Democrático, Iván Duque, le dijo a Semana que esa decisión todavía no se ha tomado y que a finales de diciembre se reunirá el partido para definirlo. Lo más probable es que se monten a ese bus: la mayoría de senadores, incluidos Alfredo Rangel, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Duque ya están con el NO, pero el expresidente Uribe todavía no se decide entre el NO y la abstención.

El otro gran interrogante es qué harán las Farc. Hasta el momento, los voceros de su delegación de paz en La Habana han criticado la idea del plebiscito. Esta semana insistieron en su vehemente rechazo. “A tal instrumento no se le puede atar la suerte del acuerdo final de paz. Hacerlo sería un descalabro”, dijeron. La refrendación de los acuerdos forma parte del último punto de la agenda de los diálogos. Y, en consecuencia, la fórmula concreta debe ser acordada en la Mesa. La guerrilla ha dicho públicamente que prefiere una Asamblea Constituyente. El Gobierno llegará a la discusión del tema con la reforma que acaba de aprobar el Congreso, lo cual ha sido una línea de conducta consistente del presidente Santos: tener una caja de herramientas de legitimación lista para cuando se firme la paz. Porque a lo que le temen en la Casa de Nariño es a un escenario en el que se llegue a la firma sin que haya nada listo y que se prolongue un limbo muy complejo en el que ya hay pactos con la guerrilla que no se pueden poner en práctica por falta de los trámites legales que serán necesarios. Para evitar ese riesgo, el Gobierno se ha adelantado con iniciativas que después han sido rechazadas por las Farc –por unilaterales, y han terminado convertidas en un saludo a la bandera. Así ocurrió con el Marco Jurídico para la Paz y con la ‘papeleta por la paz’ que se aprobó para permitir un referendo –que no se hizo– el día de las elecciones regionales, el 25 de octubre.

Entre plebiscito y constituyente, la Mesa de la Habana deberá encontrar un camino. Es poco probable que las dos partes estén dispuestas a echar a la caneca tres años de negociación –para entonces terminada– por cuenta de la indefinición de un mecanismo de respaldo popular. Y si Humberto de la Calle y su equipo convencen a Iván Márquez y a los suyos de ir a las urnas, habrá que ver qué posición asumirán las Farc y qué tipo de campaña harán para respaldar los acuerdos –de los que ellos mismos son arquitectos– sin que ese apoyo se confunda con una adhesión a Santos.

El texto aprobado en el Congreso también reglamenta la financiación de las campañas. En el papel dice que ambas posturas tendrán: “Idénticos deberes y garantías, espacios y participación en los medios”. Aunque el uribismo propuso la financiación estatal, al final no quedó aprobado. Lo que se sabe, por ahora, es que ambas alternativas tendrán comités que recibirán donaciones de privados. Los servidores públicos podrán hacer campaña a favor o en contra y el Gobierno deberá divulgar de manera permanente y en su integridad el contenido del acuerdo final 30 días antes de la fecha de votación del plebiscito.

El último plebiscito que se hizo en Colombia, para refrendar los acuerdos del Frente Nacional, se votó en 1957. Eso significa que la inmensa mayoría de los colombianos no ha participado nunca en un proceso electoral de esta naturaleza. Un proceso político histórico que va a definir el fin del conflicto o la continuación de la confrontación armada.