La inminente firma del acuerdo entre el Gobierno y las Farc para ponerle fin al conflicto no tiene reversa y se convertirá sin ninguna duda en el hecho político más importante del último medio siglo en el país. Sin embargo, si persiste la polarización, la construcción de la paz empezaría cuesta arriba. Por eso, parece estar abriéndose camino la idea de que es necesario un gran consenso alrededor de la paz.

Un pacto que aunque convoque a todos los sectores en la práctica consista en acercar a Álvaro Uribe al proceso. Es una idea que vienen agitando desde la izquierda personas como el senador Iván Cepeda, y desde la derecha, dirigentes del Centro Democrático como Carlos Holmes Trujillo.

El camino para un eventual pacto se ha ido despejando a partir de dos acontecimientos. El primero es el acuerdo sobre justicia transicional que se firmó en La Habana en diciembre del año pasado. El Gobierno logró que la jurisdicción especial de paz excluyera a los expresidentes, y que estos conservaran su fuero. Así se disiparon los temores de que la intención del Gobierno y las Farc era sentar a Uribe en el banquillo de los acusados. Eso está descartado.

Esta semana Martín Santos, hijo del presidente y director de la Fundación Buen Gobierno, escribió en Twitter: “Muchos quisieran ver a Uribe tras las rejas pero se equivocan si creen que así se consigue la paz en Colombia”. De otro lado, la jurisdicción especial de paz ha sido ampliamente aceptada por los militares, lo que ha dejado a Uribe sin banderas en el sector castrense.

Un segundo factor que empuja hacia un gran pacto político es la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que acepta la verificación del cese del fuego y hostilidades y la dejación de armas.

Este hecho le dio un carácter irreversible al proceso, y un empujón que lo tiene marchando a tal ritmo que hoy no es una ilusión pensar que se puede firmar el acuerdo con las Farc el 23 de marzo.

Con estos dos problemas resueltos –justicia y verificación de la dejación de armas- Santos le ganó a Uribe el pulso de la paz. Y es bastante probable que el presidente también gane el pulso por el Sí en el plebiscito, dado que el umbral está por debajo de los 5 millones de votos y tiene a su favor todas las condiciones para hacer campaña. Uribe, sea llamando al No o a la abstención, tiene altas probabilidades de perder.

Ese complejo escenario es hoy materia de debate en el Centro Democrático y Uribe no ha tomado una decisión al respecto, aunque se sabe que se inclina por la abstención, pues sabe que impulsar el No a los acuerdos es una especie de suicidio político.

Pero aunque el plebiscito tenga alta probabilidad de ser aprobado y en cualquier escenario que elija Uribe -la abstención o el No- pueda salir derrotado, no se trata de eso. La paz es el asunto más serio en el que se ha embarcado el país en el último medio siglo y la premisa de que debe ser estable y duradera no es un cuento chino.

Esa estabilidad solo se logrará sobre un amplio consenso que reduzca la polarización, pues en un ambiente de pugnacidad será muy complicado implementar los acuerdos. Y es allí donde la idea de un pacto político se convierte en piedra angular.

Aunque muchos sectores creen que ya están dadas las condiciones para empezar a explorar un gran acuerdo nacional, otra cosa piensan en el Palacio de Nariño. El termómetro del Gobierno para saber si hay condiciones de abrir un diálogo sobre la paz con el uribismo son los debates que comenzarán pronto en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Orden Público.

Esta reforma es clave para esta fase final del proceso de paz y el clima que se construya en el Capitolio puede ser definitivo para lograr mayores acercamientos.

¿Plebiscito y constituyente?

Para quienes están abogando por un acuerdo político inmediato está claro que hay puntos de encuentro entre las las Farc y Uribe. A ninguno de los dos les gusta el plebiscito. A Uribe porque lo ve como un voto que no decide sobre los detalles de los acuerdos. A las Farc porque no creen en su carácter vinculante. Casualmente, estos dos enconados adversarios coinciden en algo más: la necesidad de convocar a una constituyente.

Claro está que tienen ideas diferentes de los alcances de esta. Mientras para el Centro Democrático sería para revisar y “enderezar” los acuerdos; para los insurgentes sería para que estos no tengan reversa. Son posiciones realmente antagónicas. Sin embargo, ambos ven también la constituyente como un espacio para reposicionarse políticamente.

Lo que parece estar cogiendo fuerza como idea en muchos sectores es que un pacto político realista debería basarse en una combinación del plebiscito y una constituyente a mediano plazo. El Gobierno ha descartado la posibilidad de que haya una constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos. Pero tampoco ha echado la llave al mar para que esta se haga en el futuro.

Muchos analistas comienzan a contemplar también esa posibilidad. Francisco Gutiérrez, que se había manifestado en contra de la constituyente por los riesgos que encarna, en su última columna reconoce que plebiscito y constituyente no son incompatibles.

Cada vez está más claro que la crisis de la justicia, la corrupción, la inequidad y las expectativas que generan los cambios que traerá el fin de la guerra requieren volver a pensar los diseños institucionales.

¿Quién mueve el acuerdo?

Las puntadas el eventual acuerdo se vienen dando desde hace varios meses y desde diferentes trincheras. En el Congreso, Iván Cepeda de la izquierda e Iván Duque del Centro Democrático han mantenido un canal de diálogo abierto. El Gobierno ha tenido acercamientos con el uribismo desde 2015 cuando en una reunión privada les explicó a los principales líderes de ese movimiento los detalles del acuerdo de justicia de La Habana.

También ha jugado un papel muy importante Álvaro Leyva, el dirigente conservador que le habla al oído a las Farc. En diciembre, Leyva fue invitado al seminario ideológico del Centro Democrático y su intervención se centró en la necesidad de un acuerdo en el que Uribe debería ser actor principal.

“Allá expuse lo que tenía que decir sin cortapisa alguna. Todos los asistentes me escucharon respetuosos”. Dice Leyva que tiene con el expresidente una relación “amable, franca, y por lo demás amistosa y grata”.

Ahora, muchos sectores esperan que el Gobierno, y en especial el presidente, convoque a un posible acuerdo y que este vaya más allá de los partidos. “Debe ser un gran acuerdo nacional y de Estado”, dice Holmes, quien insiste en que los dos grandes hitos de la paz que tuvo Colombia en el siglo pasado, el plebiscito del 57 y la Constitución del 91, estuvieron precedidos por acuerdos políticos de gran envergadura.

Muchos sectores sienten que no los han escuchado respecto al proceso de paz. “El Gobierno en lugar de haber abierto un espacio inteligente para el diálogo lo que ha hecho es blandir el garrote. Así puede llegar a una paz instrumental pero no a una paz política”, dice José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien ha tenido un agrio enfrentamiento con el gobierno de Santos por el Fondo Nacional del Ganado.

Sin embargo, hay un obstáculo más poderoso que las diferencias políticas. Son los rencores. Uribe no confía en Santos, y viceversa. Consciente de esa situación, el gobierno de Estados Unidos, tan afín a ambos, ha intentado acercarlos.

A instancias del embajador de ese país, Humberto de la Calle ha podido reunirse con Uribe para dialogar sobre los acuerdos. Y a instancias del propio presidente Obama la semana próxima se espera un encuentro entre Santos, Uribe y Andrés Pastrana, otro crítico acérrimo del proceso.

Aún no se sabe si Uribe asistirá y se encontrará por fin, con Santos. El temor de muchos es que no asista y que cada vez se haga más difícil un posible acercamiento. En ese caso, la polarización seguiría y la reconciliación nacional sería más difícil aún con Uribe que con las Farc.