Mientras el país político estaba pendiente de la tormenta por la captura de Santiago Uribe, los líderes del sector minero-energético tenían sus ojos puestos en Ibagué. La capital del Tolima podría convertirse en el escenario de otra álgida disputa. El pasado lunes, el Concejo autorizó una idea del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo que dará mucho de qué hablar: convocar a una consulta popular para que el pueblo pueda rechazar la extracción de minerales en su territorio.

La propuesta despierta pasiones. El Alcalde explicó que busca que “en Colombia se conozca que el virreinato de Bogotá no puede pretender coartar nuestra autonomía”. Jaramillo representa una voz que retumba cada vez más en las regiones y que rechaza que desde el gobierno central se tomen decisiones estructurales para los municipios.

El mandatario dice que en su ciudad existen más de 40 títulos mineros que podrían amenazar las fuentes de agua. Tolima es uno de los departamentos en los que la llegada de las grandes mineras ha generado más controversia. La confianza inversionista del expresidente Álvaro Uribe aumentó la entrega de títulos mineros a casi 600.

Pero de esos, el importante es el megaproyecto de La Colosa, de Anglogold Ashanti. La prensa la bautizó El Nuevo Dorado y el expresidente Álvaro Uribe la anunció como “la mina de oro más grande del mundo”. Se calculó que podría tener hasta 12 millones de onzas de ese metal. Sin embargo, a algunos tolimenses no les emociona esa riqueza. El departamento vive de la agricultura y el turismo, y muchos de sus pobladores sienten que la minería amenazaría esas actividades.

El Alcalde recogió esas banderas, y no es la primera vez que lo intenta. Jaramillo Martínez fue secretario de Gobierno de Gustavo Petro, quien también quería convocar una consulta para que Bogotá dijera no a la actividad minera en su perímetro urbano. Aunque la propuesta no prosperó en la capital del país, en su momento también generó controversia, puesto que en la teoría las decisiones que se tomen sobre el subsuelo solo le corresponden al Gobierno nacional.

Las consultas populares suelen verse como uno de los mayores triunfos del pueblo. Y en la teoría sí lo son, porque son parte esencial de la democracia. Como señala el Alcalde de Ibagué, muchos de los problemas de Colombia tienen su origen en que el futuro de las regiones se ha diseñado, a veces sin mucho conocimiento, desde el centro del país.

Sin embargo, estas herramientas son también un arma de doble filo, y en cierto modo los más importantes debates del país han advertido sus peligros. El ejemplo más claro es el proceso de paz. Como el Presidente prometió refrendar todos los acuerdos con los colombianos, el país lleva varios meses preparando el camino para un plebiscito. Independientemente de los detalles técnicos de ese mecanismo, importantes voces han salido a decir que es equivocado realizarlo.

La principal ha sido la del reputado tratadista Luigi Ferrajoli. “Creo que no es necesario hacer una consulta. La paz es un derecho fundamental y un deber del Estado. Así como ninguna mayoría puede decidir que una persona pueda ser privada de la libertad, de su vida, de su salud, tampoco puede decidir si hay o no paz”, le dijo a Semana.

Un debate similar se levantó cuando la senadora Viviane Morales comenzó a recoger firmas para promover un referendo contra la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Como Colombia es un país conservador, en casi todas las encuestas esa causa goza de amplia popularidad y su respaldo supera el 80 por ciento. Y lo mismo sucedió con la idea de otro referendo para imponer la prisión perpetua para violadores de niños.

El Consejo de Estado zanjó la polémica en gran parte en la sentencia que prohibió efectuar una consulta para definir el futuro de las corridas de toros. El magistrado Alberto Yepes determinó que estas consultas siempre entrañarán el riesgo de lo que se denomina, teóricamente, la “tiranía de las mayorías”. En su sentencia estableció que “no es posible someter la práctica de una manifestación cultural a la aprobación popular sin violar el principio de tolerancia”, pues el Estado debe proteger que todos los individuos “tengan un lugar desde su singularidad”.

La consulta sobre la minería en Ibagué probablemente no encarna el debate de las libertades individuales, pero abrirá otros igualmente complejos. Muchas actividades productivas, como la minería, son necesarias para la forma como hoy viven los seres humanos. Sin embargo, nadie quiere tenerlas al frente de su casa. A quienes esgrimen ese argumento en Estados Unidos les dicen los Nimby (not in my back yard - no en mi patio trasero). El caso más común tiene que ver con las antenas de telefonía celular. Hace poco, el ministro de las TIC, David Luna, reconocía que muchos colombianos se quejan porque se caen las llamadas, pero nadie quiere aceptar que pongan una torre frente a su casa.

El caso de la minería es más complejo porque en la mayoría de ocasiones cambia la estructura social del municipio afectado. Muchos de los pueblos a los que han llegado estas grandes empresas están hoy sumidos en la pobreza y el caos, lo cual ha reforzado que la teoría de la maldición de los recursos naturales en Colombia sí se ha hecho realidad. Sin embargo, a pocos se les ocurriría que la gente de Santurbán (Santander), que sí está de acuerdo con que se saque el oro del páramo, o algunas comunidades del Chocó, que quieren exportar la madera de sus bosques, tengan derecho a tomar esa decisión. Quienes llevan esa preocupación a extremos argumentan que por esa vía la comunidad podría llegar a exigir suprimir impuestos o desterrar bases militares.

Llevar todos estos temas a una consulta popular significa, en cierto modo, ajustarse a todas las reglas de la democracia y a sus defectos. Como se ha visto con los mecanismos de consultas previas, en estos procesos no todo es color de rosa. Y en últimas, como en todo, puede terminar ganando el que más dinero y acceso a los medios tiene para hacer una buena campaña. El hecho de que este experimento se presente en Ibagué, una ciudad dirigida por un gobernante serio, en un tema que no es blanco ni negro, podrá significar que la capital del Tolima termine convertida en un modelo para todo el país.