Los mítines públicos de Alejandro Ordóñez contra la ley de tierras tienen sabor a campaña. Esto coincide con que el Consejo de Estado lo puede destituir de su cargo en los próximos días.

De los principales interrogantes políticos que se hace el país es en qué anda el procurador Alejandro Ordóñez. Porque mientras crece su perfil de opositor a todo lo relacionado con el gobierno Santos, se acerca la fecha en que el Consejo de Estado deberá definir si lo destituye o no. Las dos circunstancias no están relacionadas entre sí, pero su simultaneidad está creando cierta confusión en el ajedrez político.

Aunque no lo reconoce, es evidente que quiere ser candidato presidencial. Su cruzada contra la Ley de Restitución de Tierras se ha convertido en un pretexto para iniciar una campaña con presencia popular en diversos puntos del país. El más reciente episodio tuvo lugar en San Ángel, Magdalena, donde acompañado de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se fue lanza en ristre contra la manera como se viene aplicando esa norma.

La restitución es un terreno fértil para hacer oposición. A pesar de que es uno de los programas bandera de este gobierno y uno de los pilares del proceso de paz, volverla realidad ha sido difícil. Hasta ahora los resultados han sido bastante modestos. Según el último informe de la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación, de 87.118 solicitudes presentadas ante la Unidad de Tierras, solo se han resuelto 2.943 casos que representan 197.927 hectáreas restituidas. Con esto, un programa proyectado a 10 años, cinco años después solo ha solucionado 3,4 por ciento de 1.500 sentencias de restitución dictadas. Además, según Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, alrededor del 50 por ciento de los casos atendidos no corresponde a procesos que cumplan las características de restitución.

Ese resultado ha generado críticas al programa tanto en la izquierda como en la derecha. Para los primeros, no se está cumpliendo el sueño de devolver a los campesinos despojados las supuestas seis millones de hectáreas a que tendrían derecho. Para la derecha, se está despojando de sus tierras a poseedores de buena fe que no tuvieron que ver con la violencia con la que fueron arrebatadas a sus dueños originales. En otras palabras, la denominada restitución crea nuevas víctimas de despojo.

El Procurador es el portaestandarte de esta última tesis. Sus críticos consideran que él y José Félix Lafaurie están defendiendo los intereses de unos terratenientes con algunos vínculos con el paramilitarismo. Esa es una interpretación simplista. Ordóñez tiene algo de fanático y es moralista, pero asociarlo con los paramilitares es ir demasiado lejos. Él está haciendo política y aprovechando una zona gris que la ley de tierras ha creado, donde es fácil pescar en río revuelto.

Esa zona gris serían los ‘segundos ocupantes’ de las tierras quienes las habrían comprado a los despojadores. La ley de tierras estipula que si una de estas personas se benefició de un precio barato por la situación de violencia en que estaba el predio, no tendría derecho a conservarlo aunque no hubiera tenido responsabilidad sobre los hechos de violencia que produjeron esa ganga. Y a eso se suma que no recibiría compensación alguna por devolverlo.

En la anterior categoría hay de todo. Desde testaferros de mafiosos, hasta campesinos humildes con 10 o 15 hectáreas. En algunos casos, incluso prestigiosas multinacionales compraron esas tierras para hacer importantes inversiones agroindustriales. En un país santanderista como Colombia, dejar en manos de los jueces la interpretación de cuáles de los anteriores actuaron de buena fe y cuáles no es un enredo monumental. Los ‘segundos ocupantes’, representados por el Procurador y por Lafaurie, argumentan que muchos factores determinan el precio de un predio, como la seguridad, la productividad, el ciclo económico, etcétera. Lo cual hace improcedente tener como único criterio el precio de compra.

La ley de tierras es imperfecta como todas las leyes. Sin embargo, en su momento constituyó un símbolo importante de la reconciliación nacional y abonó el terreno para los diálogos con la guerrilla de las Farc. Su anuncio dio credibilidad al proceso de paz, sobre todo en campo internacional. Fue el producto de un trabajo conjunto en el cual participaron activamente, no solo los partidos políticos, sino el Procurador y José Félix Lafaurie. A pesar de todos estos buenos augurios ya sobre el terreno su aplicación se enfrenta a un país donde el Estado de derecho y el aparato judicial son frágiles. En Colombia, quitar un predio por la vía legal es un proceso eterno y con futuro incierto. Esto se ha traducido en que el progreso en materia de restitución de tierras ha sido lento y complejo precisamente por las garantías consagradas en la ley.

Una de esas garantías es que la Procuraduría tiene que vigilar todos los casos, por lo cual sorprende que Ordóñez, en lugar de ejercer esa facultad, está haciendo mítines públicos para la galería. En todo caso su cruzada va a tener más ruido que resultados, pues la ley no va a ser objeto de algunas modificaciones, que es lo que él está exigiendo. No solo porque los partidos de la coalición de gobierno ya lo decidieron por razones políticas, sino también porque estos consideran que a pesar de sus limitaciones esa norma es la mejor transacción a la que pudieron haber llegado.

No deja de ser una paradoja que quien más ha combatido la participación en política de funcionarios (como en el caso de Alonso Salazar) hoy sea señalado precisamente por hacer campaña desde su cargo.

No se sabe si toda esa agitación política en la que Ordóñez está embarcado tenga alguna relación con la posibilidad de que en pocos días el Consejo de Estado lo destituya. Su reelección había sido demandada con el argumento de que varios de los magistrados que hicieron la terna y de los congresistas que votaron por él habían recibido prebendas burocráticas. Lo que no es seguro es que una destitución le haga daño. Al igual que lo que hizo Petro cuando el propio Ordóñez lo destituyó, hacer el papel de víctima puede ser rentable si se presenta como el producto de la oposición a unas políticas de gobierno.

Pase lo que pase, el nicho al que apunta el Procurador no es insignificante. El país se está derechizando y él está encarnando todas las causas que defiende la derecha tradicional. Es un enemigo acérrimo del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la adopción para esas parejas, del aborto y ahora de la ley de tierras. El escepticismo frente al proceso de paz ha hecho que el país se vuelva cada vez más conservador y que el péndulo ideológico se mueva hacia esas tesis. Es muy probable que en las encuestas las causas que está defendiendo el procurador cuenten con un apoyo mayoritario. En todo caso, por ahora, eso sucede con la oposición a los diálogos de La Habana.

Los que creen en el proceso de paz de Juan Manuel Santos consideran que este va a ser altamente reivindicado en los libros de historia pero no por sus contemporáneos. Cuando se firme la paz, es probable que esta no sea registrada como un momento de gloria, sino como el menor de los males frente a la alternativa de continuar la guerra. A mediano plazo los beneficios de esa firma serán evidentes, pero a corto plazo no.

La primera etapa de la implementación de los acuerdos va a ser muy difícil. Habrá guerrilleros de las Farc desmovilizados, indefinición por parte del ELN, terrorismo por cuenta de las bacrim y una economía regular. En esas circunstancias, la retórica radical de la derecha puede tomar mucha fuerza. Y nadie encarna ideológicamente mejor esa retórica que el Procurador. Eso lo puede acercar no solo al partido Conservador, sino al uribismo.

El riesgo para las aspiraciones del Procurador es que los colombianos lo vean más como un predicador o un ayatola que como un jefe de Estado. Todo el mundo respeta al párroco de su iglesia, pero no lo quiere gerenciando su empresa. Ordóñez tendrá que enfrentarse con rivales más aterrizados en la derecha como Marta Lucía Ramírez, o incluso Mauricio Cárdenas, a pesar del bajonazo en imagen que este último está atravesando en este momento. Otro de sus competidores seguramente sería Germán Vargas.

Si la prioridad del país en 2018 es la seguridad, lo cual es probable, el perfil del Vicepresidente y su trayectoria como hombre de mano dura podrían satisfacer las expectativas de muchos electores. Paradójicamente, no es imposible que en ese momento se pueda llegar a una situación parecida a la que eligió a Álvaro Uribe hace 14 años.