El proceso de paz tiene una nueva fecha límite: el 20 de enero, día en el que Donald Trump llegará a la Casa Blanca. Los negociadores de ambos lados de la mesa tenían claro, hace rato, que convenía terminar el acuerdo antes de la partida de Barack Obama, porque nada garantizaba que su sucesor se comprometiera con el mismo entusiasmo a apoyar los diálogos. E incluso, para facilitar fórmulas en temas complejos como el de Simón Trinidad.

Ahora, eso es más cierto que nunca. Trump no habló de Colombia durante la campaña, ni se conoce su posición frente al proceso, pero su discurso obliga a pensar que no lo verá con el mismo optimismo de su antecesor. El presidente electo es de línea dura. Entre los nombres que se mencionan en las primeras cábalas de la gabinetología hay dos que así lo corroboran: Newt Gingrich para el Departamento de Estado y Rudolph Giuliani para la Fiscalía, ambos reconocidos halcones.

Aunque el enfoque de Washington hacia Colombia ha sido bipartidista desde hace 15 años –y, por consiguiente, ha tenido el apoyo del Partido Republicano que ahora dominará la Presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes–, el nuevo equipo de gobierno se sintonizará mejor con quienes hacen más énfasis en la justicia que en la paz. Y será más receptivo a las voces de la derecha, dentro de Estados Unidos y en Colombia. No por coincidencia, el expresidente Álvaro Uribe envió uno de los muy pocos mensajes positivos sobre la victoria de Trump, apenas se produjo. Después de felicitarlo, le recordó en su tuit: “El narcoterrorismo de Colombia y la tiranía de Venezuela son los dos grandes enemigos de nuestra democracia”.

Es probable que la política antidrogas recupere un lugar prioritario y que el gobierno Trump se endurezca. Los cultivos han aumentado en Colombia y esta misma semana el Departamento Nacional de Planeación reveló que el consumo de cocaína se ha desbordado. La nueva administración y el Congreso de Estados Unidos serán ahora una audiencia menos receptiva a la idea –que ha promovido, entre otros, Juan Manuel Santos– de que hay que buscar alternativas diferentes hacia las drogas ilícitas. Y un enfoque de mano dura iría en contra de lo que establece el acuerdo entre el gobierno y las Farc en esta materia. En especial, a la confianza en la erradicación manual y la promoción de programas de desarrollo rural y alternativo, en lugar de la aspersión aérea.

La transición en Washington aconseja acelerar el final del proceso de paz, pero hay otros factores que apuntan en la misma dirección. El limbo actual es riesgoso para los frentes de las Farc. La mayoría se encuentra en un momento de preconcentración, sin reglas de juego claras porque no se pueden aplicar las previsiones pactadas en el acuerdo final derrotado en el plebiscito. Con el paso de los días, la logística, la falta de claridad y la escasez de alimentos se pueden exacerbar y poner en peligro la unidad de la organización.

El presidente Santos es consciente de que el tiempo corre en contra. Antes del viaje del equipo negociador a La Habana, llevando en sus maletas cerca de 140 recomendaciones de los voceros del No para modificar el acuerdo, dio instrucciones para meter el acelerador y llegar a un punto final lo más pronto posible. Retomó la idea de un “cónclave”: las partes seguirán en la mesa hasta terminar.

La mesa regresó al método de trabajo de los días anteriores a la firma entre Santos y Timochenko en Cartagena. Es decir, reuniones informales y simultáneas en las casas de El Laguito, en vez de largas sesiones de redacción conjunta de documentos en el Centro de Convenciones de La Habana. Primero encararon los temas menos difíciles: inquietudes del No sobre asuntos que no necesariamente forman parte del acuerdo, como los posibles peligros contra la propiedad privada en el capítulo de desarrollo agrícola, o el de los atentados contra el concepto tradicional de familia en el enfoque de género que se había pactado.

Después trataron puntos difíciles, como el de la introducción del acuerdo como bloque de constitucionalidad, en el que se plantearon alternativas intermedias como la de llevar a esa categoría solamente los aspectos que en forma directa tienen que ver con el fin del conflicto, el desarme de las Farc y las garantías de seguridad. También se habló de opciones para lograr una mayor comunicación entre el sistema especial de justicia ordinaria y la estructura del poder judicial formal. Y se buscaron compromisos más concretos, por parte de las Farc, sobre su propuesta –anunciada antes del plebiscito– de entregar bienes y propiedades para compensar con ellos a las víctimas de la violencia.

En esta categoría, la de puntos difíciles, están las medidas que se pactaron a favor de las Farc para facilitar su tránsito a la política. Entre ellas, financiar el partido político que conformarán, su participación en entidades como el Consejo Electoral, la exención por ocho años del requisito del umbral electoral, su presencia en los entes que vigilarán la ejecución de los acuerdos. Los del No defienden la idea de que las Farc no deberán tener ventajas sobre otras fuerzas que han estado en la legalidad.

Para el final quedaron los temas en los que hay más lejanía entre algunos representantes del No y la guerrilla. De una parte, las sanciones penales contra los autores de delitos de lesa humanidad. Las inquietudes recogidas entre los voceros del No buscan mayor dureza en el término “restricción a la libertad”, incluido en los acuerdos, y que ojalá se entienda como “privación de la libertad”: cárcel, así no sea con barrotes, sino en colonias agrícolas. Esa es una línea roja de las Farc.

La otra tiene que ver con la llamada elegibilidad. Los del No consideran que los exguerrilleros que han cometido delitos graves no deberían tener derechos de participación en política o que solo deberían poder hacerlo después de cumplir sus penas. Para las Farc, la decisión de dejar las armas tiene sentido en la medida en que forma parte de un tránsito a la política. Es, para ellos, la esencia del acuerdo. Algunas fórmulas intermedias –posponer la elegibilidad, limitarla al comienzo a elecciones locales– buscaron un acercamiento muy poco probable.

Lo cierto es que las peticiones de los voceros del No son numerosas y complicadas y difícilmente podrían ser totalmente incorporadas. El gobierno puso en marcha una estrategia de comunicaciones que incluye minialocuciones frecuentes de Santos –bajo el título El presidente escucha– y videos en las redes sociales del jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, en los que todos los días informa cómo se han llevado a cabo los diálogos en El Laguito. El mensaje gubernamental enfatiza el hecho de que se ha realizado con seriedad la tarea de llevar a la mesa las solicitudes recogidas entre los representantes del No.

No ha sido fácil. Hubo momentos en los que las Farc estuvieron a punto de pararse de la mesa. Para su delegación de paz, el acuerdo ya estaba firmado, delante de la comunidad internacional, y los cambios propuestos ponen en peligro la seguridad física, jurídica y política de lo pactado. Tampoco es claro cuáles son las reglas de juego de esta etapa. Los voceros del No están a la espera de lo que venga de La Habana, y es poco probable que queden totalmente conformes, en especial frente a lo establecido en los puntos de castigos penales y elegibilidad.

Una vez terminado el nuevo acuerdo en La Habana, el presidente Santos informará a los sectores del No hasta dónde llegaron sus peticiones. Y, posteriormente, refrendar lo pactado para hacerlo viable después de que, en el plebiscito, la mayoría impidió que el acuerdo inicial se llevara a la práctica. El gobierno está evaluando tres alternativas: un trámite legislativo normal, cabildos abiertos a nivel municipal y departamental, y una nueva convocatoria a las urnas.

Si la elección de Trump fue un campanazo sobre cómo se agota el tiempo, su primer encuentro con Barack Obama fue un ejemplo sobre lo que debe ser una comunicación entre antagonistas. En aras de la democracia, Obama y Trump compartieron 90 minutos en forma civilizada. Lo que está en juego en Colombia es aún más trascendental: la paz. ¿Habrá un espíritu igualmente constructivo entre el gobierno y el No?