Las alarmas están encendidas. A los lugares de los que salieron las Farc están llegando, antes que la Fuerza Pública, otros grupos armados ilegales. La semana pasada el obispo de Apartadó, en Antioquia, lanzó un SOS sobre la presencia de paramilitares en las regiones de Urabá y Chocó. Las comunidades hablan de la llegada de por lo menos 300 hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a la cuenca del río Cacarica. Al otro lado del país, en el Catatumbo, organizaciones campesinas bloquearon la movilización de los guerrilleros de las Farc hacia la zona veredal de Caño Indio, con el argumento de que paramilitares rodeaban ya sus territorios e iban a quedar desprotegidos. Disidencias de las Farc ya actúan en Tumaco, en el Litoral Pacífico y en Guaviare, aliadas algunas veces con el Clan del Golfo. Y mientras se instalaba la mesa de conversaciones en Ecuador, el ELN advertía que podría copar los territorios abandonados por las Farc, por pedido, según ellos, de las propias comunidades.

a culminada la concentración de los guerrilleros de las Farc en 26 zonas veredales, los lugares de 240 municipios donde estuvieron por medio siglo quedan bajo un signo de interrogación. La primera pregunta es quién llegará más pronto a ellos, si el Estado o los otros grupos armados que se expanden como una mancha de aceite. La segunda es quién se quedará. Porque las comunidades temen sobre todo que la Fuerza Pública solo vaya de paso por sus veredas, y que en cambio los ilegales permanezcan. 

La Fuerza Pública enfrenta uno de los mayores desafíos del último medio siglo: pasar de combatir a un enemigo a controlar realmente el territorio. Ese ha sido uno de los puntos más débiles del Estado, una de las razones por las cuales la guerra se prolongó por cinco décadas. Según la Fundación Paz y Reconciliación el Estado ha copado con relativo éxito, y con un esfuerzo integral, algunas zonas donde estaban las Farc ya en Tolima y Huila.

El problema afecta las regiones donde predominan las economías ilegales como la coca y la minería, y donde otros grupos ejercen el control. Básicamente el ELN, las bacrim y las disidencias de las Farc. Aunque el Ejército asegura que el ELN no ha crecido en número de integrantes, y se mantiene por debajo de los 2.000 hombres en armas, otra cosa perciben las comunidades de esos lugares. Sin las Farc, las Fuerzas Militares están concentradas en controlar esta otra guerrilla, pero tienen claras dos limitaciones. La primera es que es una organización difusa, que se mezcla fácilmente con la población civil. La segunda es que hay débil inteligencia sobre sus estructuras. La otra amenaza son las bandas criminales (bacrim), cuya contención y combate le corresponde a la Policía. La que predomina es el Clan del Golfo y la batalla no está ganada de ningún modo. Para empezar, este clan funciona como una red de franquicias, sobre todo de delincuencia urbana, flexible y mutante. No se comporta ni como los antiguos carteles, ni como las guerrillas, que son organizaciones sólidas y verticales.

El segundo problema es su capacidad corruptora. Ha logrado infiltrar con éxito a divisiones de la Fuerza Pública, la Justicia, y ahora va por los guerrilleros que dejan las armas. Según Paz y Reconciliación están ofreciendo 1.800.000 pesos mensuales a los combatientes de base, a quienes el plan de reincorporación del gobierno les ofrece una tercera parte de ese monto. También se sabe que ofrecen 10 millones mensuales a los mandos medios en regiones de alta producción de cocaína. El clan es fuerte en Antioquia, en los llanos y en el Pacífico. Respecto a las disidencias de las Farc, aunque propiamente organizadas hay dos, una en Guaviare, y otra en Tumaco, se calcula que por lo menos 350 personas han desertado de sus filas, sea uno por uno o en grupo. Y en un futuro puede haber más si no se diseña bien la reincorporación a la vida civil. La disidencia del Guaviare es peligrosa porque domina todo un corredor fluvial que desemboca en Venezuela y funciona como una vigorosa ruta para transportar cocaína. Que estos grupos están envalentonados lo demuestran tanto la disparada de los cultivos de coca, en la cifra más alta de la historia; como el asesinato continuado de líderes sociales. Ambas situaciones demuestran que durante los años de la negociación de La Habana, el control del territorio estuvo flojo. ¿Qué se está haciendo? Todas las transiciones de la guerra a la paz son difíciles, y la mayoría de ellas se hace mientras emergen nuevas violencias. 

Tanto el Ejército como la Policía se han preparado para asumir por primera vez en medio siglo sus funciones con una doctrina diferente a la de combatir a un enemigo. El Plan Victoria, del Ejército, busca que las tropas lleguen al territorio junto a otras instituciones del Estado, con una visión diferente. Y el plan Comunidades Seguras de la Policía quiere volver a garantizar la convivencia desde un esquema sin militarismo. Ambas parecen estar en la línea correcta para el posconflicto y para entender la naturaleza de las nuevas amenazas. Sin embargo, cambiar el chip de instituciones tan grandes y complejas lleva tiempo. Fuentes del Ejército dicen que solo cuando las Farc se hayan concentrado totalmente en las zonas veredales, las tropas pueden copar realmente sus antiguos territorios, y para ello han destinado 68 mil soldados en unidades pequeñas. También hay 12 mil militares ocupados en garantizar y proteger los alrededores de los corredores que transitan las Farc para ubicarse en las zonas. Y por lo menos 20 mil están empezando tareas de erradicación manual de coca. Los militares tienen dividido el país en 17 áreas de atención prioritaria que incluyen 160 municipios. 

Sin embargo consideran de altísima urgencia a Tumaco, Tibú, y San José del Guaviare y Puerto Asís en Putumayo. Con la Policía el asunto es más complejo. Si bien el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas dice que están llegando a 65 inspecciones donde nunca antes lo hicieron, la realidad es que los problemas a nivel veredal no tienen atención, pues tampoco hay servicios de justicia. El problema finalmente es de tiempo y de quién tiene una mayor iniciativa. Mientras la Fuerza Pública se adapta, los grupos armados están en un ambiente propicio para crecer por los boyantes negocios ilegales. Los meses que vienen son cruciales. Si la Fuerza Pública y el Estado en toda su dimensión de seguridad, justicia y desarrollo social, no logran estabilizar en corto plazo los territorios que dejan las Farc, tendrán que vérselas muy pronto con un nuevo enemigo. 

Con la desmovilización de las AUC, hace 10 años, se vivió algo parecido. Las fallas cometidas alimentaron a las bacrim, que de unas cuantas regiones pasaron a consolidarse como un fenómeno nacional. Cada vez más voces acusan al gobierno de negar la gravedad del problema. El ministro de Defensa dice que su percepción es diferente a la que tienen los medios, y que después de recorrer el país, puede asegurar que el asunto no es tan dramático. “No estamos en el paraíso terrenal, pero ni las bandas están creciendo ni están ocupando los terrenos de las Farc”, dice. Respecto al ELN asegura que ahora es más visible pero no más fuerte. Es posible que en muchos casos haya exageraciones en los territorios, pero organismos de alta credibilidad como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de la OEA y la Defensoría del Pueblo dan fe de que hay problemas reales muy delicados. La pregunta que muchos se hacen es cómo es posible que unas Fuerzas Armadas de 300 mil hombres y una Policía de 180 mil con tantos recursos no puedan llegar a todo el territorio. Pero la respuesta no es sencilla. En Colombia, como herencia de la guerra, se tiende a pensar que ante un panorama de amenazas criminales y armadas, la solución es más bala. Ese paradigma está cambiando y empieza a haber conciencia de que así la Fuerza Pública haga presencia en las regiones, solo un desarrollo integral puede blindar a la zonas rurales de nuevas violencias. Solo si se gana la batalla contra las economías ilegales que son el factor de reproducción de la violencia habrá paz en el futuro. 

Y eso se logra con el monopolio de la fuerza, pero también con más oportunidades para la gente. Así se entendió en La Habana y por eso urge implementar el acuerdo de paz de manera integral. Marco León Calarcá, del Estado Mayor de las Farc, también insta a que se ponga en marcha todo lo relativo a garantías de seguridad, tema que según lo pactado debe ir en simultánea con la dejación de armas por parte de la guerrilla. El tiempo es la variable crítica. 

O todo lo que suena tan bien en el papel se pone en práctica, o puede ser demasiado tarde para muchas regiones, donde un nuevo enemigo está al acecho.