SEMANA: Usted acaba de publicar el informe especial sobre la situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las principales conclusiones?

CARLOS ALFONSO NEGRET: En ese informe se estudió el fenómeno de violencia contra líderes y defensores de derechos humanos entre enero de 2016 y marzo de 2017.

Hay cuatro hallazgos principales. Primero, enfrentamos un escenario de violaciones generalizadas a los derechos humanos de esta población, que demanda una actuación contundente del Estado. Segundo, una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de grupos armados ilegales de copar los espacios del territorio de los que se han ido retirando las Farc, para controlar las economías ilegales.

Tercero, y es algo que me preocupa mucho, el riesgo al que están expuestos los líderes sociales se debe en gran medida a la estigmatización que sufren por cuenta de su defensa de la paz, el territorio y el medio ambiente, entre otras causas. Y cuarto, la superación de esta grave situación solamente puede ser conjurada con la articulación profunda entre el Estado y la ciudadanía.

SEMANA: Mientras que los líderes sociales y la ONU dicen que hay un fenómeno sistemático de violencia contra ellos, el Gobierno y la Fiscalía lo niegan y dicen que se trata de casos individuales. ¿Qué postura tiene la Defensoría?

C.A.N.: Dentro de nuestras competencias hemos podido constatar que se trata de una situación generalizada de violaciones a los derechos humanos como la vida y la integridad personal. La sistematicidad, que al final de cuentas es la existencia de un plan criminal centralizado detrás de estas violaciones, solo puede ser constatada por el ente investigador del Estado que es la Fiscalía.

Ahora, lo que sí tenemos claro es que los asesinatos de líderes sociales no son una simple coincidencia. 

Son el efecto directo de la desmovilización de las Farc, el interés de los grupos armados ilegales y la insuficiencia de la capacidad estatal para copar estos territorios con oferta institucional. Aseguramos que es un fenómeno generalizado, porque los atentados han sido contra un grupo que tiene en común liderar procesos comunitarios similares y porque estas violaciones se han presentado en una zona geográfica y un espacio temporal semejante, con un mismo propósito.

SEMANA: ¿Cuál es?

C.A.N.: Básicamente, copar estos espacios y ejercer el control territorial para posteriormente manejar las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Este objetivo regularmente encuentra en los líderes sociales y defensores de derechos humanos un obstáculo para su concreción. 
Su estrategia es, entonces, el amedrentamiento y la generación de zozobra mediante la estigmatización de quienes, por ejemplo, están promoviendo la implementación del acuerdo sobre sustitución de cultivos.

SEMANA: ¿Tiene claro quiénes, en concreto, son los perpetuadores?

C.A.N.: No puedo identificar con certeza de dónde vienen todas las balas. Sin embargo, sí puedo evidenciar que los movimientos en el territorio de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como del ELN y otras estructuras armadas ilegales, están conllevando a este escenario crítico. No me cabe duda: hay un fenómeno criminal en contra de la paz. Pero para la paz no hay marcha atrás, sino que debemos empujarla y seguir marchando.

SEMANA: Al menos en la mitad de los asesinatos reportados, la Defensoría advirtió el riesgo mediante las alertas tempranas. ¿Aquello significa que no están siendo atendidas esas alertas?

C.A.N.: Si cruzamos los lugares y las circunstancias en que ocurrieron algunos de los homicidios, encontramos que existían 22 documentos de advertencia mediante los que la Defensoría informó a las autoridades competentes sobre su probable ocurrencia. Y es que aunque muchas de las alertas sí vienen siendo atendidas, en ocasiones la respuesta es tardía e ineficaz. Eso puede obedecer a que no existe un protocolo de reacción inmediata y a que hace falta un mayor compromiso por parte de las autoridades departamentales y locales en la gestión de las alertas.

Uno de los puntos del acuerdo de paz que tiene que ver con garantías de protección es explícito en la necesidad de superar estos vacíos. Para ello, se necesitan recursos, por esa razón no se entiende que en el proyecto de adición presupuestal en trámite no se haya atendido la solicitud formulada por la Defensoría para lograr el financiamiento necesario de la entidad. 

SEMANA: ¿Hay algún indicio de que el ELN sea uno de los actores que estén buscando copar los espacios que dejan las Farc?

C.A.N.: Como lo he expresado, el ELN ha venido haciendo presencia en zonas de influencia de las Farc, como Vichada, Córdoba, Meta, la subregión del Bajo Atrato y el litoral del San Juan en el Chocó. También, a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se han identificado estas dinámicas de avance y expansión del ELN. Este es un asunto de gran preocupación, pues afecta principalmente a las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Por esa circunstancia y para proteger a la población civil, es clave que el Gobierno nacional y el ELN consigan un pronto acuerdo de desescalamiento.

SEMANA: En el informe que preparó, ¿cómo aparece la gestión de la Fiscalía frente a estos casos?

C.A.N.: En la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad creada por el acuerdo de paz propuse que unamos esfuerzos para esclarecer estos hechos. El mecanismo más eficaz para prevenirlos es una acción investigativa rigurosa que, además de explicar las circunstancias en que ocurrieron, lleve ante la Justicia a los responsables.

Mi recomendación respetuosa a la Fiscalía es acumular todos los expedientes en la Unidad Especial de Investigación creada por el acuerdo de paz, desarrollar una estrategia articulada e integral de investigación.

SEMANA: Del total de asesinatos de líderes ocurridos en 2016, el 31 por ciento de los casos ocurrió en Cauca. ¿Cómo se explica que en ese departamento el fenómeno sea más grave?

C.A.N.: En Cauca, mi departamento, confluyen múltiples problemas sociales y económicos que lo hacen especialmente conflictivo. Además, existen diferencias geográficas, políticas y étnicas ancestrales, exacerbadas en las últimas décadas debido a la confrontación armada por el control de los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico en su camino hacia el exterior, donde está el gran mercado.

Es decir, Cauca es un departamento cuya gente ha soportado con estoicismo todos los abusos y atropellos de todos los grupos armados ilegales que ha conocido la historia de Colombia. Pero ahí siguen los caucanos erguidos, esperando la paz y la presencia del Estado.

SEMANA: Con los graves hallazgos de violencia que usted relata en el informe, sumados a la estigmatización que en él se reconoce de los líderes de derechos humanos, ¿cree que con la llegada de las Farc a la política podría repetirse un exterminio como el de la UP? 

C.A.N.: Quiero pensar con el deseo y asegurar que no, que en este momento está cerrándose por fin el círculo de la violencia. Pero hay un riesgo que no puedo desconocer como defensor del Pueblo, y es que los actores armados ilegales están arremetiendo con mucha intensidad.

Ahora, más que nunca, deben desplegarse todas las garantías de prevención y protección. El Estado está poniendo su mejor empeño para que eso no ocurra.