No es usual que un debate de trámite en una sesión del Congreso capte el interés de la gente. Pero el de la semana pasada en la Comisión Segunda de la Cámara, sobre el derecho de las personas Lgbti, viudas, solteras y separadas a adoptar hijos, fue una excepción. Los medios, las redes y la televisión siguieron minuto a minuto durante más de nueve horas los planteamientos de la promotora, Viviane Morales, de los ministros del Gobierno y de los miembros del Legislativo.

El tema no era menor. Los representantes discutieron asuntos fundamentales de la democracia como las tensiones entre mayorías y minorías, el sentido de la democracia participativa y los alcances de la voluntad popular. Pero también trataron asuntos como la definición de familia, la condición humana de los gais y la reflexión sobre si la sociedad debe regirse por la Constitución o la Biblia. La mayoría se consideraba ya superados por la Constituyente de 1991 y por jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En ese entonces, y con la representación de diferentes minorías étnicas y religiosas, los constituyentes adoptaron la defensa del pluralismo y reconocieron a Colombia como país pluriétnico y multicultural. La Carta Política rompió una tradición centenaria y declaró el Estado laico, en el que la diversidad debe ser el fundamento de todas las políticas públicas.

¿Por qué, entonces, 25 años después, el Congreso volvió a enfrascarse en discusiones sobre moral, religión y política? ¿Por qué en pleno 2017 un ministro, como el de Salud, es cuestionado por ser ateo? ¿Por qué unas cartillas sobre educación sexual terminaron por motivar el voto contra los acuerdos de paz? ¿Por qué regresaron a la agenda temas de la órbita privada y que constitucionalmente estaban superados?

Una primera hipótesis tiene que ver con la reciente radicalización de la derecha en el país, como consecuencia de la oposición al gobierno de Santos y en particular, al proceso de paz con las Farc. Esa tendencia fracturó la tradición de las elites colombianas de no hablar de temas relacionados con la moral y la vida privada: “Era un pacto tácito entre los gobernantes. Hasta hace muy poco, políticos de todos los partidos tenían límites al hablar de asuntos como la homosexualidad, la crianza, las formas de ejercer la maternidad. Esos temas no eran fuente de confrontación”, asegura el politólogo Francisco Gutiérrez.

Esa tradición se rompió cuando se convocó el plebiscito por la paz. Sectores de la oposición, conservadores y del uribismo incluyeron en las banderas del No el rechazo al enfoque de igualdad de género transversal en el acuerdo con las Farc. El momento culmen de ese rechazo ocurrió un mes antes de votar el plebiscito, cuando se conocieron las cartillas elaboradas por el Ministerio de Educación para promover la educación sexual. Miles de cristianos evangélicos y católicos salieron a las calles, acompañados por los congresistas del Centro Democrático y figuras como el exprocurador Alejandro Ordóñez, en rechazo a las cartillas y a la ‘ideología de género’ con la que, según ellos, el Gobierno y los sectores propaz buscaban atacar la concepción tradicional de familia. “La ideología de género está encriptada en esos acuerdos y busca la homosexualización del país”, dijo Ordóñez en su momento.

La senadora Viviane Morales planteó un argumento similar días antes de que la Cámara votara su referendo contra la adopción igualitaria. En un mensaje invitó a la comunidad evangélica a apoyar el referendo y así “atacar el corazón de la ideología de género”.

Esos planteamientos, con los que algunos políticos buscan agitar las bases electorales de los sectores más conservadores de la sociedad, no serían eficaces de no ser por el crecimiento del movimiento evangélico en Colombia. Se calcula que el 15 por ciento de la población del país está afiliada a esos credos, y que esta cifra se ha multiplicado por 3 en los últimos 25 años. Eso ha conducido a que actores de todos los partidos busquen en esos fieles un electorado cautivo y juicioso a la hora de votar. “Nos dimos cuenta de nuestra fuerza social cuando ganó el No en el plebiscito, pero también ratificamos que hay fuerzas políticas que buscan nuestra afinidad. Pero tenemos fuerza propia”, dijo a Semana este año el pastor Miguel Arrázola, quien lidera una de las Iglesias más grandes del país.

A pesar del auge del movimiento evangélico, las cifras del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes evidencian que los políticos en Colombia son más conservadores que la misma sociedad. Este Observatorio construyó un índice de progresismo-conservadurismo al promediar la combinación de las actitudes de los encuestados sobre homosexualidad, eutanasia, divorcio, consumo de marihuana y sexo antes del matrimonio, y lo convirtió a una escala de 0 a 100, donde 100 es un puntaje muy conservador.

Al comparar este índice en los últimos 7 años, se encuentra que bajó del 66 al 57,8 por ciento en las mujeres, y del 60,3 al 55,9 en los hombres. “En los últimos años la sociedad colombiana ha permanecido estable dentro de su conservadurismo. E incluso, en temas específicos, se ha vuelto más liberal”, anota el profesor Miguel García, director del Observatorio. Así, en los anteriores ocho años ha permanecido estable la cifra de quienes asisten a servicios religiosos una vez a la semana (30 por ciento), y la de los que consideran que la religión es muy importante (66 por ciento). Sin embargo, frente al tema de familia -el más mencionado por la derecha actual- los colombianos son particularmente progresistas. Además, cada vez se casan menos y prefieren la unión libre (28 por ciento) al matrimonio (26 por ciento).

Eso quiere decir que en el Congreso las voces conservadoras suenan con más fuerza que en otras instancias sociales. Y ello se explica por el interés de unos por tener cautivo un electorado, en una sociedad donde cada vez los grupos minoritarios tienen más voz para clamar por sus derechos. Viviane Morales, quien paradójicamente ocupa una curul del partido Liberal, tiene sus bases entre los creyentes más radicales, que se hicieron visibles el 2 de octubre. Pero así como han tomado fuerza voces de derecha que defienden cosmovisiones tradicionales, desde 1991 también se han hecho visibles en Colombia nuevos actores políticos que defienden derechos liberales. Hace 30 años en el Congreso era políticamente incorrecto hablar contra los gais, pero tampoco nadie se atrevía a defenderlos. Hoy tienen sus voceros.

Algunos sectores se oponen a que se profundicen los derechos relacionados con la inclusión y la diversidad sexual, y ello también se debe a un fenómeno universal que los expertos llaman backlash. Es un efecto de retroceso, asociado al auge de movimientos homofóbicos y nacionalistas como consecuencia de una reacción de los sectores más conservadores ante los cambios del statu quo en temas esenciales como la familia. Esas reacciones extremas son más fuertes en las redes sociales, donde los temores tienen más arraigo que las promesas de cambio.

En Colombia, además, la reacción política contra decisiones polémicas en materia de inclusión y respeto a la diversidad tiene que ver con que estas provienen de decisiones judiciales y no de normas legislativas. La Corte Constitucional -y no el Congreso- permitió el matrimonio entre homosexuales, el aborto en tres circunstancias específicas asociadas con la salud del feto y de la madre, y conceptuó que la idoneidad de un adoptante no debe estar determinada por su orientación sexual.

El referendo se hundió por 20 votos contra 12. Sin embargo, el triunfo de sus detractores no fue fácil. Requirió de toda la artillería del Gobierno y de los organismos de control para convencer a los congresistas de que constitucionalmente la adopción es un derecho igualitario. Y más allá del resultado, dejó en evidencia que, cuando de conseguir votos se trata, en Colombia no hay tema político enterrado para siempre. Nadie tiene una última palabra.