En momentos en que la polarización alrededor de los acuerdos de La Habana está en efervescencia, y la JEP es objeto de las más duras críticas del uribismo, el hecho de que quien fuera el preferido del expresidente llegue a ser encarcelado no hace más que echarle leña a la hoguera.

Álvaro Uribe se ha ido lanza en ristre contra esa decisión judicial con dos argumentos: 1) Que la extradición fue producto de la obsesión del Gobierno de perseguir a sus adversarios. 2) Que no puede tener validez una condena emitida por una corte demostradamente corrupta. De esos argumentos tiene más validez el segundo que el primero.

A Juan Manuel Santos lo han acusado de haber presionado a la Justicia norteamericana para traer al exministro al país. Esa versión ha hecho carrera, pero carece de fundamento. El Presidente puede no querer a Uribe, pero no es ingenuo. Es consciente de que para la opinión ver a Arias tras las rejas, mientras ‘Timochenko’ y sus muchachos están echando discursos en plaza pública, salpica negativamente al proceso de paz. Por eso el Gobierno se limitó a darle trámite a una orden de la Corte Suprema, que fue la que pidió la extradición.

La percepción de que el Presidente estaba empujando para darle un golpe al uribismo no tiene mucho sentido porque con esa extradición saldrían perjudicados su gobierno y su proceso de paz. La inminente llegada de Arias al país como un delincuente, que van a ver los colombianos en televisión, va a indignar a muchos porque aun quienes creen que Arias cometió una ilegalidad, consideran que 17 años de cárcel y 30.000 millones de pesos de multa son exagerados.

Los hechos sí le pueden dar la razón al expresidente Uribe en su acusación de retaliación política por la Corte. Por ejemplo, señalan que la magistrada ponente, María del Rosario González, se había declarado perseguida por él con nombre propio e incluso había manifestado que temía por su vida. Si a eso se suman las chuzadas y la persecución de que fueron objeto los magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe, no sería absurdo pensar que la doctora González no era la única cargada de tigre. Ante ese choque de trenes, no es imposible que la corte tuviera más mano dura con Arias de la que hubieran tenido en circunstancias neutrales.

Otro elemento que da la razón al expresidente es el escándalo de corrupción de la corte en la actualidad. Si tres expresidentes de ese organismo han incurrido en hechos de corrupción, la credibilidad de sus fallos ha quedado en entredicho. Hoy son cuestionados los casos directamente relacionados con el pago de coimas por congresistas a los magistrados. De ahí que no es ilógico deducir que si alguien manipula un fallo por razones económicas, también podría hacerlo por razones políticas.

Pero todas esas consideraciones son hipotéticas en la actualidad, pues la decisión del juez norteamericano pone a Arias contra la pared. El exministro de Agricultura había sido acusado y detenido preventivamente en 2011 por la Fiscalía, y desde ese momento tuvo que defenderse desde su sitio de reclusión. Dos años después el Tribunal Superior de Bogotá aceptó un recurso que le permitió continuar su proceso en libertad, al considerar que no representaba peligro para la sociedad ni para el curso de las investigaciones.

Pero un año después, la Corte Suprema de Justicia lo declaró responsable de dos delitos. Arias no asistió a la audiencia en la que se conoció el sentido del fallo, y en julio de 2014 se confirmó que estaba en Estados Unidos junto con su familia. Allí se enteró de la condena y de la solicitud de extradición de la Corte para que cumpliera la pena en Colombia.

De los 17 años ya cumplió dos cuando estuvo detenido en Colombia. Como no aceptó cargos, no puede recibir el beneficio de la rebaja de la mitad de la pena. Por lo tanto, las únicas rebajas a que tendría derecho serían las de estudio y trabajo, que son un día por cada dos de actividad. Si lo hace durante los 10 primeros años podría recibir una reducción de cinco, por lo que solo pagaría 10 años de cárcel. Eventualmente, por buena conducta, podría pagar la quinta parte en libertad condicional, según lo establece el Código Penal, por lo que en el mejor de los casos, el exministro pasaría ocho años en prisión. Lo increíble de todo esto es que las personas que estafaron al Estado, como los miembros de la familia Dávila Fernández, recibieron condenas de 22 meses, y ninguno estuvo tras las rejas, por tratarse de un delito excarcelable.

Sobre la culpabilidad de Arias en el otorgamiento de subsidios de Agro Ingreso Seguro siempre ha habido opiniones divididas. Se sabe que se trató de una política de Estado promovida por Álvaro Uribe y por él, con la teoría de que los subsidios para el riego eran la manera más eficiente para que los agricultores colombianos pudieran competir en ámbito internacional en el mundo globalizado de los tratados de libre comercio. Eso implicaba que los ricos podían ser destinatarios de esos recursos, pues la competencia a ese nivel es a gran escala. El problema es que con la plata del Estado se terminó subsidiando a los grandes terratenientes, pero no a los campesinos.

Arias fue condenado por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. El primer cargo se sustentaba en el hecho de que autorizó convenios científicos y técnicos que dieron la posibilidad al Estado de contratar directamente, y no por licitación, convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), un organismo adscrito a la OEA. La defensa de Arias siempre sostuvo que todos los ministros anteriores habían contratado de esa forma.

En cuanto al peculado por apropiación en favor de terceros, la Corte Suprema consideró que Arias tuvo injerencia directa en la entrega de los millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro, incluidos los adjudicados a empresarios de la Costa, quienes fraccionaron sus predios con tal de recibir más subsidios del programa agrícola.

Lo que la Justicia determinó es que 11 empresas familiares recurrieron a esa trampa para multiplicar sus beneficios a través de intermediarios. Aunque esos casos tan solo fueron 11 de 319.000 tramitados legalmente, el escándalo fue enorme.

Durante el juicio, el argumento de la defensa de Arias giró alrededor de la tesis de que el Iica tenía autonomía técnica para llevar a cabo las evaluaciones, por lo que no intervino en la nueva calificación efectuada a algunos proyectos. En ese caso los delincuentes son los que engañaron al Estado, pero es difícil creer que el entonces ministro, quien era un eficiente micrománager, no se diera cuenta de esa jugada.

A Arias también se le cuestionó por el hecho de que algunos beneficiarios de AIS eran acaudalados empresarios que terminaron contribuyendo a su campaña presidencial. Esa es una acusación algo exagerada, pues prácticamente todos los terratenientes del país en ese momento eran uribistas y apoyaban “al que dijera” Uribe.

En conclusión, el exministro Andrés Felipe Arias puede haber cometido errores políticos sancionables, pero no ha obtenido ningún beneficio personal de estos. También es posible que para su condena pudo haber consideraciones políticas desde la Corte dado el choque de trenes que existía en el país en ese momento. Independientemente de la opinión que se tenga sobre la responsabilidad del exmininstro, de lo que no hay duda es que no merece pasar 17 años en prisión.