En medio del escepticismo que despertaron las violaciones al cese al fuego, las declaraciones del ELN y las advertencias del gobierno, la negociación en Quito recibió dos empujones que podrían dinamizar la mesa. En primer lugar, el balance del cese bilateral y, en segundo, la llegada de Gustavo Bell, exembajador en Cuba durante todo el proceso de negociación con las Farc.

La tregua ha tenido unas de cal y otras de arena. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el ELN la ha violado dos veces con el asesinato de un líder indígena en Chocó –por el que la guerrilla se disculpó– y la masacre perpetrada en Magüí Payán (Nariño) que dejó 13 muertos. No se han presentado enfrentamientos con la fuerza pública. Los secuestros pasaron de ser el 46 por ciento del total de registros en 2016 al 51 el año pasado. Y mientras en 2016 hubo 62 atentados contra oleoductos en Caño Limón-Coveñas, durante el cese no ocurrió ninguno.

En ese contexto se presenta la primera tarea de los negociadores en 2018 y en especial del nuevo jefe del equipo negociador del gobierno: sostener o dejar vencer los términos de un cese al fuego que, aunque con debilidades de verificación, comunicación y coordinación, demostró ser útil para menguar los reductos que quedan del conflicto armado. Pese a las estadísticas, la decisión que tendrá que tomar lo tiene en una encrucijada.

En el proceso con las Farc, el cese no se acordó durante las negociaciones, sino al final. Pero en el pasado el país había intentado detener los combates en medio de los diálogos. Ocurrió en el gobierno de Belisario Betancur en 1983, y el resultado fue desastroso. Como se presentaban permanentemente actos delincuenciales o de violencia en muchas partes del país, el gobierno acusaba a las Farc de violar la tregua y estas se defendían con el argumento de que era una provocación de los enemigos de la paz para acabar con el proceso. En algunas ocasiones la guerrilla y el gobierno efectivamente violaban el cese al fuego, y la comisión creada para verificarlo acabó siendo inoperante. En muchos casos la violencia provenía de otros grupos criminales, pero era imposible establecer cuáles. Por eso las acusaciones no paraban y las explicaciones nada aclaraban. Esto llevó el proceso al fracaso.

Aunque ese no ha sido el caso con el ELN, las partes deben hacer varios ajustes para evitar que las diferencias de interpretación sobre los actos prohibidos se traguen la dinámica de la mesa. Bell necesita un margen de maniobra que le permita tomar una decisión reposada y sin la presión de que su aterrizaje esté amenazado por la posibilidad de un escalamiento de la violencia. A la tregua la ha abrazado una calma chicha difícil de mantener. De hecho, estas tensiones provocaron que la guerrilla cuestionara el papel de la ONU y se hiciera a un lado del mecanismo de verificación.

¿La razón? No cayó bien el contenido de la carta sobre el balance de la tregua enviada por el secretario general de la ONU al presidente del Consejo de Seguridad el pasado 13 de diciembre. El documento constataba que, hasta la fecha, los equipos que se han desplegado en terreno han llevado a cabo 27 actividades de verificación. Sin embargo, omitía las denuncias de la guerrilla sobre hostigamientos de la fuerza pública y no se menciona la masacre en Tandil (Tumaco) como otro de los hechos violatorios por los que imputarán a dos oficiales de la fuerza pública. Para el ELN la “no criminalización de la protesta social” es uno de los puntos abordados en el documento que suscribieron cuando fijaron reglas del cese al fuego.

“Hay un problema de definición de términos. Falta un glosario para que cuando se diga si es o no una acción ofensiva ambas partes manejen el mismo concepto. La ambigüedad creativa hace que las partes firmen algo, pero a la hora de materializarlo se convierta en un problema”, manifestó el analista Víctor de Currea-Lugo. También hay otro factor para tener en cuenta: las dificultades para acceder a las zonas de conflicto remotas, donde las personas y las comunidades afectadas son reacias a facilitarles información a los verificadores por temor a represalias, y donde, en consecuencia, la información depende de fuentes indirectas, menos fiables.

Aunque hasta ahora el proceso con el ELN se ha caracterizado más por los frenazos que por los avances, el cese al fuego se convirtió en uno de los elementos que alienta un moderado optimismo. Quizá por eso, esta semana se hizo pública una carta en la que académicos, escritores, congresistas, representantes de organizaciones, víctimas y empresarios les piden al presidente Juan Manuel Santos y al equipo negociador del gobierno prorrogar el cese bilateral del fuego.

La propuesta consiste en que no se le deje margen de maniobra a la guerra, ya que una ruptura de la tregua distanciaría a las partes de la negociación, “desmotivaría la participación de la sociedad” y terminaría dando insumos a quienes no están de acuerdo con la negociación y “hacen de la guerra una bandera electoral”. Sus palabras se fundamentan en la idea de que uno de los puntos claves de la mesa son las audiencias públicas en las que se ha discutido la modalidad de participación que se les abrirá a los colombianos en ese proceso de paz. Pero para que eso suceda, se necesitan garantías de participación con un cese al fuego bilateral verificable. Sin embargo, este requiere precisar las reglas del juego y tiene a su favor que estos 99 días no hubo necesidad de garantizar la separación de fuerzas para que el ELN y el Ejército no se atacaran. Hay voluntad política de las partes.

Sin duda, la negociación con el ELN será distinta a la de La Habana. Mientras que con las Farc se adelantó una discusión hermética y bilateral, la mesa de Quito es abierta y tiene a la sociedad civil como una parte activa. Falta ver qué tanto eco tiene la petición que ese tercer actor elevó para que se mantenga el alivio que encontraron aquellas zonas que siguen asediadas por la violencia.

El gobierno y la guerrilla tienen la palabra y se muestran los dientes refrescando los rituales acostumbrados en tiempos de guerra. Así, pues, mientras el frente Occidental se llena de ínfulas exhibiendo cómo gradúa los nuevos integrantes de la organización, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, les advierte que los combatirá si no se prorroga el cese al fuego. “Si hay prórroga con las mejoras que se han sugerido, estaremos listos a respetarlo, pero si no (...) estará lista la fuerza pública para enfrentarlos con toda contundencia”, aseguró el jefe de la cartera, que presidió un consejo de seguridad en Chocó. Aun así, las partes han expresado por separado su voluntad de extender el alto al fuego bilateral que consiguió oxigenar la mesa y al gobierno, además de abstraerse de la campaña electoral.

Gustavo Bell camina cuesta arriba. Tendrá que lidiar con todos los esfuerzos que implica construir confianza desde cero y encara la tarea de liderar a un equipo nuevo. Aunque con la salida de Juan Camilo Restrepo todos presentaron renuncias protocolarias, la dimisión de uno de sus hombres más cercanos –el empresario antioqueño Juan Sebastián Betancur– se da por hecho. Además de la del mayor general (r) Eduardo Antonio Herrera Berbel, que la presentó casi a la par con el exjefe del equipo negociador.

“Escoba nueva barre bien”, dice un refrán popular que le cae como anillo al dedo a la mesa en Quito. La designación del exvicepresidente le inyecta una dosis de oxígeno a la discusión por dos razones: se trata de un académico que se desenvuelve como pez en el agua en el mundo político. Su paso por el Ministerio de Defensa le dio insumos para conocer los actores del conflicto y como estudioso conoce el contexto que lo rodea. De hecho, siguió de cerca el proceso por el que transitaron las Farc hasta dejar las armas.

Por eso, su llegada le tomará el pulso de verdad a estas conversaciones que ya van en su quinto ciclo. Lo que pase a partir del 9 de enero servirá para mostrar hasta dónde las partes están dispuestas a ceder en busca de un acuerdo final y si el tiempo les alcanza para llegar a un punto crucial antes de que terminen los meses que le quedan a este gobierno. El problema es que con el ambiente electoral firmar no es una garantía. Y con el espejo de las Farc, nadie asegura que el acuerdo conquistado sea aplicado.