Caso Garzón: ¿comienza o termina?

Tras la sentencia a 30 años de cárcel contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el crimen del humorista, queda la pregunta de si el peso de la ley caerá sobre otros responsables.

Tardó 19 años la primera sentencia contra un autor intelectual del asesinato del inolvidable Jaime Garzón. Esta semana, el mismo día que se conmemoraba el aniversario del crimen, un juez firmó la sentencia a 30 años de cárcel contra José Miguel Narváez, economista, administrador de empresas y exsubdirector del DAS. Antes de él la justicia ya había encontrado culpable a Carlos Castaño, pero el jefe paramilitar ya estaba muerto cuando se produjo ese veredicto.

Garzón murió acribillado el 13 de agosto de 1999 por sicarios de alias Don Berna, lugarteniente de Castaño. En ese entonces Narváez mantenía, al mismo tiempo, estrechas relaciones con los jefes paramilitares y con la cúpula del Ejército, pues era oficial de la reserva y catedrático de la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de Inteligencia.

Don Berna le aseguró a la Justicia haber presenciado una reunión en la que Narváez entregó a Castaño una carpeta con información detallada de Garzón y una foto en la que el humorista aparecía de camuflado, lo cual para la lógica de los allí presentes comprobaba que era guerrillero. Convencido por Narváez, Castaño ordenó el asesinato. Según el testimonio del también jefe paramilitar Ernesto Báez: “Narváez era un dios para Carlos Castaño. Se refería a él como un hombre muy respetado en las Fuerzas Armadas”.

Esos testimonios, entre otros, llevaron al juez a condenar a Narváez a pesar de que la Procuraduría –en 2015, bajo la batuta de Alejandro Ordóñez– alegó en el juicio que no veía razones para hallarlo culpable. Narváez, de 58 años, pasará el resto de sus días a la sombra. El mensaje de la justicia es contundente, aunque tardío. Aun así, el fallo provocó polémica por otra razón. El juez se negó a declarar crimen de lesa humanidad al asesinato. La familia de Garzón anunció que apelará ese punto, y la Fundación para la Libertad de Prensa también rechazó esa determinación que va en contravía de la posición del Consejo de Estado y de la Fiscalía.

En concepto del juez el caso no cumple los requisitos, pues Castaño ordenó el crimen en forma aislada, sin que hiciera parte de “un plan de exterminio por parte de las AUC en contra de un grupo concreto de la población”. La preocupación tiene que ver con las posibilidades de que el asesinato prescriba y otros autores queden impunes. La categoría de lesa humanidad eliminaría ese término, que en Colombia es de 20 años para investigar un asesinato común. El penalista y exministro de Justicia, Yesid Reyes, le dijo a SEMANA que cualquier otro juez a cargo de un proceso por el asesinato de Garzón sería libre de declarar que el delito sí es de lesa humanidad, así que la negativa no afectaría los demás expedientes.

Sin embargo, para el abogado Sebastián Escobar, representante de la familia Garzón, es absurdo que unos jueces afirmen que el delito es de lesa humanidad y otros lo nieguen. “La conclusión tiene que ser que el delito lo es en todos los procedimientos”, asegura. Otra vía para evitar que los expedientes caduquen es que la Fiscalía argumente que desde 2010 una ley señala que los crímenes de periodistas prescriben a los 30 años. En ese caso quedaría la duda de si esa ley se aplicaría a delitos anteriores a su expedición. La Fiscalía considera que sí y así lo interpretó en el caso del reportero Nelson Carvajal, asesinado en 1998.

Actualmente, dos militares retirados tienen procesos pendientes por el crimen de Garzón. El general Rito Alejo del Río y su subalterno y jefe de Inteligencia en la Brigada XIII de Bogotá, el coronel Jorge Plazas Acevedo. La Fiscalía los señala de haber contribuido a la logística del asesinato. Ambos exoficiales buscan expiar sus delitos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, hasta ahora en las diligencias preliminares no se ha mencionado el caso Garzón. Así las cosas, está por verse si, para la Justicia, con las condenas contra Narváez y Castaño quedó resuelto del todo el crimen que conmocionó al país hace dos décadas.

Credito
EL NUEVO DÍA

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