Entre lunes y miércoles se hizo viral en las redes sociales una invitación a firmar una carta contra su nombramiento. La solicitud, que al cierre de esta edición tenía el respaldo de casi 250.000 firmas en la plataforma change.org, iba acompañada de una carta al presidente Iván Duque en la que los firmantes exponen diez argumentos para respaldarla. Entre ellos, que durante su gestión como procurador Ordóñez persiguió minorías y fue elegido con prácticas clientelistas corruptas. Añaden que hace años quemó libros en una plaza pública en Bucaramanga, que pertenece a una corriente religiosa radical, que se opone a los derechos de las mujeres, que no cree en el Estado laico y que ha desconocido los mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La misiva iba con copia a Luis Almagro, secretario general de la OEA.

El debate, de origen ciudadano, tuvo el respaldo de reconocidos constitucionalistas como Catalina Botero y Rodrigo Uprimny. Columnistas y académicos también se sumaron a la causa ciudadana y se manifestaron contra Ordóñez.

Hay varias razones por las cuales sectores de la opinión ven el nombramiento de Ordóñez como una contradicción con el discurso del gobierno y con el perfil del cargo. Algunas tienen que ver con la manera como salió de la Procuraduría en 2016. A Ordóñez lo destituyó el Consejo de Estado después de demostrar la irregularidad de su reelección. Varios magistrados de la Corte Suprema estaban impedidos para postularlo como candidato, pues tenían familiares que habían sido contratados por Ordóñez. Aunque él siempre ha negado haber participado de ese ejercicio clientelista, muchos consideran inconsistente que un gobierno con un discurso anticorrupción premie a un funcionario destituido con una de las embajadas más relevantes.

El nombramiento de Ordóñez en la diplomacia era predecible. Además de haber hecho parte de la campaña del No en el plebiscito, aceptó competir con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en la consulta de la derecha para elegir candidato presidencial. Si en esa medición Ordóñez hubiera obtenido el segundo lugar, hoy sería el vicepresidente. Sin embargo, nadie pensó que lo nombraran en la OEA. No en vano, en varias ocasiones el nuevo embajador se ha referido despectivamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del mismo sistema interamericano, diciendo que “sus miembros son parte de la izquierda internacional en busca de recursos para financiarse”, y que “el sistema busca convertir a Colombia en otra Venezuela”.

Sus críticas a la comisión se debieron a que, el año pasado, ese ente pidió al Estado colombiano echar para atrás la inhabilidad de 15 años para hacer política que le impuso Ordóñez a Gustavo Petro cuando este gobernó Bogotá. Además, le ordenó al Ejecutivo revisar las facultades de la Procuraduría para decretarles muerte política a funcionarios y personas elegidas. En esa instrucción, la Comisión establece que si el Estado colombiano no cumple esa decisión en un plazo de dos años, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque es poco probable que como embajador Ordóñez tenga relación con los miembros de esta corte, de alguna manera el proceso de Petro le genera impedimentos para representar a Colombia ante la OEA.

Finalmente, el nombramiento de Ordóñez contradice los planteamientos de política exterior que ha hecho el presidente Duque frente al caso venezolano. El mandatario ha afirmado que Colombia debe presionar por una solución respaldada por las instituciones del sistema interamericano, las cuales ha criticado Ordóñez.

Dato

Más de 200.000 ciudadanos se han manifestado contra el nombramiento de Alejandro Ordóñez en la embajada ante la OEA. Su nuevo puesto podría tambalear.