SEMANA: ¿Cómo se ha sentido en el Congreso?

Julián Gallo: Estamos adaptándonos. Para nosotros fue un cambio brusco pasar de la vida que llevábamos a ser parlamentarios.

SEMANA: Usted está en la Comisión Primera del Senado, por donde deben pasar las modificaciones que Iván Duque ha anunciado al acuerdo de paz. ¿Cómo ve la agenda del Gobierno en ese tema?

J.G.: Los debates que ha habido en la Comisión Primera demuestran que para el Gobierno no será fácil impulsar una agenda contra el acuerdo. Hace poco la Comisión aprobó las curules especiales para víctimas y la semana pasada votó un proyecto de reforma política que nosotros apoyamos y que no era el del Gobierno. No hay condiciones políticas para hacer ‘trizas’ la paz.

SEMANA: ¿Cómo ha sido la interlocución de la Farc con el Gobierno?

J.G.: Hasta ahora se ha limitado a la mesa técnica que convocó el presidente para construir las propuestas anticorrupción y de reforma a la justicia. Ha sido un ejercicio interesante que para nosotros significa un reconocimiento político que va más allá de la personería.

SEMANA: ¿Y en temas relacionados con el acuerdo, ha habido interlocución?

J.G.: En lo que tiene que ver con el tema de implementación, la realidad de la interlocución es otra. Hasta ahora no ha habido ninguna reunión formal de las instancias bilaterales que se crearon en el acuerdo. Es el caso de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Concejo Nacional de Reincorporación. Eso nos preocupa porque el carácter nuestro de firmantes de los acuerdos obligaría a que, además de los diálogos a los que también se están convocando a otros partidos, podamos participar en la interlocución necesaria para avanzar en la implementación. Con eso quiero decir que hay una doble señal por parte del Gobierno: hay interlocución política con el partido Farc, pero esta no se ha dado en el tema de paz.

SEMANA: ¿Cómo perciben los congresistas de la Farc la actitud del Gobierno frente al acuerdo?

J.G.: Nos inquieta el manejo de los dos discursos que menciono. Por un lado, el presidente Duque sigue manifestando su intención de “hacer ajustes” a los acuerdos, pero por otro expresa su voluntad de materializarlos en lo que –por ejemplo– tiene que ver con la reincorporación. Nuestra preocupación se debe a que, de fondo, no sabemos oficialmente qué es lo que está pensando hacer el Gobierno con la paz que firmamos.

SEMANA: Con Iván Márquez ausente, con Santrich al borde de la extradición y con el Gobierno diciendo que no hay recursos para el posconflicto, ¿puede este considerarse el momento más difícil del acuerdo?

J.G.: A estas alturas la implementación del acuerdo ya debería tener una dinámica propia que permitiera que, quienes lo firmamos, tuvieramos garantías de seguridad física, jurídica y de reincorporación. Pero esas garantías no existen, lo cual genera una zozobra entre muchos excombatientes. Esa incertidumbre ha llevado a algunos pocos a abandonar el proceso y buscar opciones individuales. Si el Estado hubiese tenido mayor voluntad en la implementación, la situación sería otra en los territorios. En pocas palabras, el acuerdo de paz pasa por un momento de incertidumbre. Justo antes de dar esta entrevista nos comunicaron que acababa de ser asesinado otro excombatiente en Putumayo.

SEMANA: ¿Cuáles factores más generan la incertidumbre que usted menciona en los territorios?

J.G.: Primero, la seguridad jurídica. Segundo, la reintegración socioeconómica. Quiero enfatizar en algo que ya debería estar definido: de dónde saldrá la tierra para los proyectos productivos. Pensar proyectos productivos sin tierra es como pensar en una casa en el aire. Esa situación genera mucha inestabilidad y dudas. Y es que el Estado ni siquiera ha sido capaz de comprar los predios para desarrollar esos proyectos. No estamos pidiendo soluciones asistencialistas, sino el cumplimiento de los acuerdos.

SEMANA: Según sus cifras, ¿cuánta gente hay en las zonas de reincorporación y cuántos proyectos productivos están funcionando?

J.G.: En cifras redondas, en esos espacios hay alrededor de 7.100 hombres y mujeres, pero hay otros 4.000 que siguen en el proceso de reincorporación y que tienen nexos con el partido pero que ya no están en esas zonas. Han sido pocos los casos de personas que han cortado todos los vínculos con la organización política y cuyo actuar ya no forma parte de la misma. En cuanto a los proyectos, aprobados por el Gobierno, solo hay 2 y 17 están en estudio. De los dos aprobados, no se ha hecho ningún desembolso. Lo que sí hay en las zonas es algunos proyectos de autosostenimiento que han logrado recursos de cooperación internacional y que son iniciativa de los excombatientes.

SEMANA: ¿Qué tanto control ejerce el partido sobre todos los excombatientes?

J.G.: Es difícil ejercer ese control, pues todos nosotros tenemos permiso de movernos por el territorio nacional. Además, al Estado al que le corresponde tener claridad de lo que esá pasando con los ciudadanos y el día a día de los desmovilizados. Nosotros ya no somos una organización militar jerárquica, sino una organización política compuesta por ciudadanos.

SEMANA: Frente al tema de las disidencias, todo apunta a que algunos como Cabuyo, que la semana antepasada lideró el asesinato de tres geólogos en Antioquia, vienen de estar en los espacios de reincorporación…

J.G.: Hemos dado una pelea para que no se utilice el concepto de disidentes, para cambiarlo por el de ‘desertores’ del proceso de paz. Esos casos no se tratan de disidencias políticas o ideológicas, sino de gente que aisladamente o en pequeños grupos ha decidido desvincularse del acuerdo.

SEMANA: ¿Se han reunido con el consejero para el posconflicto –hoy consejero para la estabilización– Emilio Archila?

J.G.: Tuve la oportunidad de verlo en una reunión de paz en el Senado, pero tengo entendido que, hasta ahora, él no ha tenido reuniones formales con el partido.

SEMANA: Se han hecho evidentes diferencias entre sus posiciones y las de Rodrigo Londoño, con las que tiene el sector que lidera Iván Márquez. ¿En qué consisten?

J.G.: Como en todos los partidos, tenemos diferencias de percepción y enfoques. Algunas de ellas son sobre cómo debe asumir el partido los incumplimientos del Estado. Algunos creemos en que debemos presionar políticamente para que se dé el cumplimiento del acuerdo. Otros son más escépticos.

SEMANA: ¿Qué mensaje les daría a esos sectores más escépticos?

J.G.: En el Pleno de la Farc invitamos a todos los compañeros que de una u otra manera se han marginado del proceso a que regresen y retomen las tareas en el trabajo partidario por el cumplimiento de los acuerdos. Todavía confiamos en que hay espacios de interlocución con el Gobierno y que estos nos permiten generar un balance de fuerzas a favor de la implementacion. ‘Timo’ está realizando una gira por los lugares de donde se han ido otros dirigentes para comunicar que, a pesar de lo oscuro del panorama, aún hay salidas políticas. Que la comunidad internacional esté pendiente del cumplimiento de los acuerdos también nos estimula a dar la batalla.

SEMANA: ¿El trabajo de la Farc en el Congreso se va a concentrar en la paz o van a contemplar otras iniciativas?

J.G.: Con la llamada ‘bancada alternativa por la paz’, donde hay Decentes, miembros del Polo y de la Alianza Verde, entre otros, radicamos 14 proyectos. Algunos relacionados con la paz, otros no. Entre estos últimos presentamos un proyecto de reforma política y otro prohibiendo el fracking. Sin embargo, en una primera etapa debemos concentrarmos en los desarrollos normativos de los acuerdos. Además, somos conscientes de que primero debemos ganarnos nuestro espacio y que la sociedad colombiana debe acostumbrarse a vernos en el Capitolio. Después de eso ya podremos diferenciarnos.

SEMANA: ¿Cómo ve la agenda legislativa del Gobierno?

J.G.: Ahí también vemos contradicciones. Nos impresiona que el Centro Democrático presente proyectos que van en contravía del Gobierno. Así, por ejemplo, con una diferencia de horas, el Gobierno anunció una reforma a la justicia y el partido presentó otra para unificar las altas cortes. En cuanto a nuestra posición, nos oponemos a cualquier intento de limitar la acción de la tutela, a quitar las potestades electorales de las cortes y criticamos que en la reforma a la justicia el Gobierno ni siquiera mencione la descongestión judicial. En materia de reforma política, el Gobierno presentó una iniciativa que se quedó cortica y que no toca las razones estructurales de la corrupción y el clientelismo. Y en cuanto a la reforma tributaria, nos opondremos a cualquier medida que busque empobrecer a las clases medias y populares.

SEMANA: ¿Qué contenido le ve al Pacto Nacional que promete el presidente Duque?

J.G.: En las reuniones que hemos mantenido alrededor de los temas de reforma política, justicia y anticorrupción, vemos que el Gobierno tiene un interés en lograr el pacto. Sin embargo, ese pacto se está tramitando exclusivamente alrededor de su agenda. El mandatario tiene una gran oportunidad de darle contenido al pacto y la reconciliación, incidiendo en la paz completa. Tiene al ELN sentado en una mesa de negociación, ya están definidos los parámetros de la implementación del acuerdo de paz y tiene las herramientas jurídicas para lograr que organizaciones paramilitarses se acojan a la justicia. Es difícil que ese momento vuelva a repetirse y no se puede desperdiciar.

SEMANA: Por último, ¿se están preparando para las elecciones regionales de 2019?

J.G.: Sí claro, queremos tener un buen papel en las elecciones locales, para lo cual tendremos que avanzar en alianzas y convergencias en donde sea posible. La participación ciudadana en la construcción de agendas locales puede ser el mecanismo para que, por fin, la izquierda pueda lograr una verdadera convergencia.