Ninguna reforma tributaria es popular y menos aún si propone ampliar el IVA a la canasta familiar. Por eso, la reacción del país en las últimas dos semanas estaba cantada, y cuando el Gobierno empezó a socializar su Ley de Financiamiento –proceso que debió hacer antes de llevarla al Congreso–, casi todo el mundo la rechazó. La mayoría de los partidos políticos, gremios y la opinión pública se pronunciaron en contra. Incluso, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, le pidió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, buscar alternativas para no gravar más alimentos con el IVA.

Sin embargo, contra viento y marea, el Gobierno y su equipo económico han insistido en defender el proyecto. Y como han planteado que no tienen un plan B para reemplazarla, se han dedicado a explicar lo que perdería el país si el Congreso no aprueba esta ley.

El Gobierno hace las siguientes cuentas: dado que el presupuesto de la Nación para 2019 está desfinanciado en 14 billones de pesos, de no pasar la Ley de Financiamiento habría que comenzar a recortar importantes programas sociales: 3 billones de pesos en salud, 2 billones para la implementación de los acuerdos de paz y el posconflicto, 2 billones para los Planes de Alimentación Escolar y los créditos educativos del Icetex, otros 2 billones para los subsidios de energía eléctrica y gas, 1,2 billones de pesos para Familias en Acción, entre otros importantes beneficios. Todos recursos enfocados en “los hogares más pobres y la clase media”, como ha dicho el Gobierno.

Para reforzar su argumento, Carrasquilla ha reiterado que las exenciones y exclusiones del IVA benefician a la población de mayores ingresos y que, por tanto, la ley que propone garantiza una estructura tributaria más progresiva y equitativa. Algo difícil de entender y que el Gobierno tendrá que comunicar mejor para evitar que le sigan dando palo.

“Nos quieren poner contra la espada y la pared”, han dicho senadores como Richard Aguilar de Cambio Radical. En el Congreso esta idea cunde y muchos critican que el Gobierno los quiere poner entre la disyuntiva de ampliar la cobertura del IVA a la canasta familiar o recortar los subsidios eléctricos. Pero esto no tiene que ser así, pues han afirmado que hay varias alternativas que deberían considerarse antes.

De hecho, entre exministros, congresistas y expertos han comenzado a surgir propuestas de todo tipo. Algunas son sensatas, como modificar la estructura misma del IVA –hasta no reducir la tarifa del 19–, bajarles los beneficios a las empresas –uno de los temas principales de la reforma– e incluso fijar un mayor impuesto a los dividendos para las personas naturales o intensificar la lucha contra la evasión y la corrupción. Otras son controversiales, como fijar una sobretasa a las bebidas azucaradas o gravar las pensiones altas que tienen elevados subsidios estatales. Algunos sectores le han pedido al Gobierno un mayor sacrificio y esfuerzos reales para reducir el gasto, dado el sacrificio que está pidiendo a algunos sectores. Y han comenzado a revivir también las discusiones sobre privatizaciones de empresas estatales.

Pero también empiezan a salir propuestas absurdas y poco ortodoxas, como subir el precio del barril de petróleo en el presupuesto de ingresos sin tener en cuenta el comportamiento del mercado; aumentar la expectativa de recursos provenientes de Ecopetrol, dados los mayores precios de petróleo y los buenos resultados de la estatal petrolera (hoy tiene en caja alrededor de 18 billones de pesos); y hasta las más inconvenientes, como relajar la regla fiscal. ¿Cuáles son las iniciativas sensatas de plan B que podría comenzar a discutirse en el Congreso? SEMANA habló con exministros y expertos, que tienen sus propias recetas para afrontar este escenario.

A rebarajar el IVA

Aunque el Gobierno quiso apostar por la innovación al ampliar el IVA a la canasta y al comprometerse a compensar a las familias de menores ingresos, el tema no ha tenido buen recibo. Para algunos analistas la mejor opción consiste en mantener la tarifa general del IVA en el 19 por ciento y depurar la lista de los nuevos bienes con IVA, para dejar por fuera los más sensibles y polémicos de la canasta básica. Incluso, proponen crear una tasa que puede estar entre el 10 y 12 por ciento para otros bienes que sí puedan subir sin generar mayor impacto sobre los hogares, afirma el economista Mauricio Reina. El experto recuerda que cada punto de reducción del IVA vale alrededor de 2,5 billones de pesos, lo que significa que la reducción de la tasa general del 19 al 17 por ciento abriría un hueco de 5 billones de pesos.

El exministro de Hacienda Guillermo Perry coincide con esta propuesta y asegura que sería mejor tener unas pocas tarifas de IVA y pocas exclusiones; según él, pasar unos bienes exentos a pagar la tarifa general daría un golpe muy fuerte al bolsillo de los colombianos. Por esto, propone pensar en una tarifa intermedia que no afecte la canasta familiar, conservar el mecanismo de compensación y no bajar la tarifa de IVA general del 19 por ciento.

Expertos como Sergio Clavijo, director de la Anif, han advertido que bajar el IVA podría traer serios problemas fiscales a futuro y poner en riesgo el grado de inversión.

Menos beneficios a empresas

Algunos analistas favorecen reducir los beneficios a las empresas. Y aquí una de las propuestas apunta a dejar inalterada la tasa del impuesto de renta corporativa en el 33 por ciento para 2019, fijada en la reforma tributaria de 2016. Sin embargo, bajar impuestos a las empresas es uno de los bastiones de la Ley de Financiamiento y una de las principales promesas de campaña de Duque, que planteó disminuirla al 30 por ciento en 2022. También se ha propuesto reducir las gabelas contempladas en el proyecto como la posibilidad de descontar el IVA de las inversiones de capital o la mitad del 4 × 1.000 y el ICA. Para el exministro Perry, “si no hacen cambios al IVA, no deberían bajar tanto el recaudo a las empresas. Por ejemplo, no permitirles descontar el IVA a la inversión en bienes de capital o el 50 por ciento del ICA y el 4 × 1.000”.

También han salido pronunciamientos contra algunas exenciones planteadas para el impuesto de renta a las empresas del sector agropecuario, la economía naranja y las megainversiones, pues “perforan la base tributaria”. Incluso, dejar enterrados los acuerdos de estabilidad jurídica para nuevas inversiones, que revive la reforma de Carrasquilla. La Anif asegura que estas gabelas repiten los errores del pasado y la supuesta confianza inversionista, “pues ahora introduce el tema de los ‘contratos de estabilidad jurídica’ para los llamados megaproyectos y no desmonta la evasión-elusión en las zonas francas”. Además, proponen revisar la efectividad de estas y de los contratos de estabilidad jurídica en términos de nueva inversión y empleos.

Impuesto a los dividendos

 De no hacer mayores cambios en IVA o renta será muy difícil encontrar otras fuentes grandes de ingreso. Y la única vía sería mediante mayores impuestos de renta a las personas naturales, menores exenciones y mayor impuesto a los dividendos. Por eso, si la reforma tiene entre sus objetivos buscar una mayor equidad y no gravar a las empresas sino a sus dueños, se requiere aumentar más las tasas del impuesto a los dividendos recibidos por personas naturales.

La Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria ya había advertido que la exención de los dividendos del impuesto de renta incide en la baja tributación de las personas naturales de altos ingresos y en la poca progresividad del impuesto de renta en Colombia. Por tanto, propuso incorporarlos como ingresos gravables en la renta ordinaria de las personas naturales y extranjeras.

Ricardo Bonilla, quien participó en la Comisión Tributaria, asegura que el impuesto de renta tiene tantas exenciones y exclusiones que sería mejor pensar en un impuesto a las utilidades empresariales con una tasa definida y, sobre todo, con unos costos relacionados con su objeto social. “Hay muchas empresas que tienen las casas y fincas de sus dueños dentro de sus activos o que tratan los gastos de las vacaciones o servicios a sus ejecutivos como si fueran parte de sus costos, lo cual dificulta que las personas de más altos ingresos realmente tributen de acuerdo con sus posibilidades”, asegura Bonilla, para quien no se debería eliminar la renta presuntiva.

Reducir el tamaño del estado

 Si las personas naturales hacen un esfuerzo fiscal, lo mismo debería hacer el Gobierno. Especialmente, ahorrar y reducir el gasto público. De acuerdo con la Anif, a pesar de haber tildado al gobierno anterior de “derrochón”, el actual realiza un significativo incremento del gasto público en 1 por ciento del PIB frente al de 2018.

Si bien es cierto que el Gobierno ya planteó ahorrar 1,2 billones de pesos el próximo año (6 billones en el cuatrienio) mediante un plan de austeridad que busca generar ahorros en materia de viáticos, comisiones y esquemas de seguridad, el país esperaría un verdadero plan de reestructuración para hacer el Estado más eficiente. Esto implicaría una renovación del empleo público y la carrera administrativa, mejor gestión en las demandas contra el Estado, controlar los excesivos gastos en salud, educación y pensiones, entre otras de las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público.