Eran grandes las expectativas que se tenían en el país con la presentación en 2019 de una reforma pensional por parte del Gobierno. Un proyecto que, pese a ser necesario, en los últimos años siempre ha sido tema de controversia.

Sin embargo, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirmó esta semana que la reforma no será presentada este año para tener una amplia discusión con varios sectores que permitan que la propuesta que salga de ese proceso sea una reforma pensional estructural que solucione los problemas que viene registrando el sistema en el país.

“El tema de la reforma pensional es supremamente delicado y si en verdad la queremos hacer estructural tenemos que tomarnos un tiempo porque en Colombia tenemos la maña de decir que todo es estructural, pero a los tres años tenemos que cambiarlo. Por eso preferimos hacer un proceso a fondo con la participación y socialización de muchos sectores de la sociedad que deben ser tenidos en cuenta” indicó Arango, al confirmar que el proyecto no sería presentado este año.

Han pasado cerca de 26 años desde la última reforma realizada en el país con la ley 100 de 1993, que definió los parámetros con los cuales los colombianos podrían acceder a una jubilación y dio paso a los dos sistemas: el Régimen de Prima Media RPM (público) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS, administrado por los fondos privados de pensiones.

En la actualidad, para poder acceder a una pensión los beneficiarios deberán tener una edad de 57 años, si son mujeres, y 62 años, si son hombres. En cuanto al número de semanas, se requiere 1.300 semanas para el sistema de Colpensiones y de 1.150 semanas en los fondos privados. Sin embargo, en este último al cumplir el monto de ahorro requerido para garantizar una pensión, el trabajador podrá hacerlo a cualquier edad siempre y cuando haya elegido esta opción.

En el país hay actualmente 2,2 millones de personas pensionadas, de las cuales aproximadamente 1,3 millones son de Colpensiones y cerca de 150.000 son de los fondos privados. El número restante de personas jubiladas son de regímenes especiales como el magisterio, las Fuerzas Militares y de Policía, entre otros, que están a cargo del Estado.

Además, las AFP tienen en la actualidad 15,4 millones de afiliados de los cuales solo 6,3 millones se encuentran cotizando, mientras que en Colpensiones hay 6,6 millones de afiliados y cotizan 2,3 millones de colombianos. Esto quiere decir que en Colombia solo 8,6 millones de personas cotizan para una pensión en la actualidad, de las 22,1 millones de colombianos que tienen un empleo formal de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

En este escenario, muchas propuestas han surgido desde varios sectores para solucionar el problema pensional en el país (impulsar a más personas a cotizar y lograr que más obtengan su pensión).

Aumentar la edad de pensión, la tasa de cotización, el número de semanas y hasta acabar con el régimen de prima media de Colpensiones, entre otras, son algunas de las alternativas que se proponen para enfrentar los problemas de cobertura, desigualdad y la sostenibilidad financiera del sistema.

El economista y docente asociado del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, Eduardo Lora, destacó que la reforma pensional debe ser estructural por lo cual aseguró que está de acuerdo con que se tome un tiempo para analizar todos los temas y no hacer un proyecto por salir del paso.

“Lo importante de su pronunciamiento es que responde al mandato del presidente Iván Duque, en el sentido de que debe presentarse al Congreso una propuesta de reforma estructural que resuelva los problemas de fondo, en vez de proponer ajustes para salir del paso. No se trata de mejorar las cuentas fiscales este año o el próximo y en ese sentido no es urgente. Lo que es urgente es hacer una reforma de fondo que despeje el panorama pensional de los próximos 50 años”, explicó Lora.

Por su parte, el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, consideró que la reforma pensional es urgente en la medida en que desde hace muchos años no se hace un proyecto de este tipo. No obstante, aseguró que está de acuerdo con que este tema sea ampliamente discutido con el objetivo de que cada vez más colombianos puedan acceder a una pensión.

“Estoy de acuerdo con la ministra Arango, con el objetivo de socializar y discutir el proyecto. Tenemos que tener en cuenta que las reformas pensionales no se hacen cada uno o dos años como las reformas tributarias porque el tema pensional es de largo plazo y los efectos se verán a los 10, 20 o 30 años, es por eso que la última reforma pensional que se hizo en Colombia es la ley 100 de 1993”, explicó Olivera.

Frente a este tema, el presidente de Colfondos, Alain Foucrier, indicó que la reforma definitivamente es urgente porque el país está en mora desde hace varios años pidiendo un proyecto de este tipo ya que el sistema actual está pensionando a muy poca gente.

“Colombia es un país donde muy poca gente se está pensionando, donde los subsidios se le dan a las personas que menos lo necesitan, donde el 25 % de los impuestos se van a pagar pensiones y por eso necesitamos un cambio urgente y estamos en mora de sacar adelante este proyecto. Además, si bien es urgente hacer la reforma creo que también es importante que se haga bien hecha y en ese sentido más que corramos con un proyecto de este tipo debemos combinar una discusión bastante amplia”, explicó Foucrier.

Con la postura coincidió Eduardo Lora, en el sentido de que solo una de cuatro personas en edad de jubilación está obteniendo una pensión en el país. Además, la destinación de una gran cantidad de recursos de los impuestos hace que el sistema no sea sostenible.

“El problema fundamental es que casi una tercera parte de los impuestos que pagamos todos los colombianos se destinan a pensiones, pero solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación tiene pensión. Nuestro sistema pensional es totalmente regresivo, pues solo protege con pensiones generosamente subsidiadas a quienes no necesitan protección, pues han tenido una vida laboral estable y bien remunerada”, explicó Lora.

Otro de los factores que debe ser revisado en el sistema pensional del país, según Olivera, es la desigualdad, pues, por ejemplo, en el régimen de prima media se están otorgando subsidios a los que tienen una mayor capacidad de ahorro lo cual no es sostenible y genera una gran inequidad porque ese no debería ser la destinación de los recursos.

El expresidente de Colpensiones puso el ejemplo de que si una persona trabajadora cotiza sobre el salario mínimo, con las 1.300 semanas mínimas para la pensión alcanza a retirar como 60 millones de pesos, pero debido a las expectativas de vida en el país esta pensión termina valiendo 180 millones de pesos, lo que quiere decir que el Estado tiene que dar un subsidio de 120 millones de pesos aproximadamente.

“Si es el caso de una mujer, en donde la edad de pensión es menor, y realiza una cotización sobre 25 salarios mínimos, el subsidio terminará siendo de 900 millones de pesos, lo cual evidenciaría que a la persona que tiene una mayor capacidad de ahorro se le está beneficiando con más subsidio frente a la de menos recursos, y este es el gran problema de desigualdad”, explicó Olivera.

Uno de los factores que también está contribuyendo a que los colombianos no se estén pensionando es la informalidad laboral, la cual según el más reciente informe del Dane es del 46,9 % en las 13 principales ciudades del país.

Precisamente, un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, evidenció que la informalidad laboral y las consecuencias económicas de este problema constituyen uno de los problemas estructurales que viene teniendo el país.

“Las relaciones laborales precarias, no apoyadas adecuadamente por un sistema de protección social en sus varias dimensiones, afectan la productividad y deterioran aún más la competitividad relativa de la economía colombiana en un entorno internacional”, reseña el informe.

Sobre este tema, el informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública en donde varios expertos evalúan y hacen unas recomendaciones para ser más eficientes en el uso de los recursos públicos, ha indicado que “dados los altos niveles de informalidad, todavía un porcentaje elevado de personas (13.4 millones), que deberían estar cubiertas por el sistema, no lo están. La alta informalidad, sumada a una elevada rotación entre trabajos formales e informales, lleva a que tanto en el RPM como en el RAIS sean pocos los trabajadores que llegan a cumplir los requisitos para acceder a una pensión contributiva”.

Los analistas también consideraron que un aspecto fundamental es lograr una sostenibilidad del sistema pensional, ya que actualmente se destina cerca de 40 billones de pesos anuales del presupuesto nacional para pensiones, recursos que en primera medida son dirigidos a subsidiar las pensiones.