“Lo primero que haría sería levantar la mirada al cielo y decirle a mi ‘Ceci’ que la misión de ella está cumplida”. ‘Ceci’ es Ana Cecilia Niño y la misión de la que habla su esposo Daniel Pineda es la de lograr que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que prohíbe el uso del asbesto en Colombia.

Y es que Cecilia es el caso más representativo de los efectos del asbesto en la salud. Ella falleció en 2017 por un cáncer de pulmón provocado por un químico que se encuentra en el asbesto. Antes de morir, la mujer lideró ante el Congreso la lucha para que se deje de usar este material en el sector de la construcción.

Hoy, el proyecto entra a una semana clave porque se definirá su futuro en un cuarto, y último, debate en la Cámara de Representantes, con dos ponencias a bordo y después de 12 años de la primera propuesta de prohibición que hizo Ana Cecilia al Legislativo. La suma de iniciativas en contra del asbesto asciende a siete.

Los proyectos presentados tienen características poco distintas entre sí, pero solo el último que se presentó, encabezado por Daniel, el esposo de Ana Cecilia y el representante a la Cámara Mauricio Toro, llegó hasta último debate.

La falta de cifras sobre la contaminación del asbesto, pocos testimonios y dudas sobre los efectos que produce ante su exposición han sido los argumentos que en cada legislatura hundieron los seis proyectos anteriores, pese a que a hoy, 68 de los 194 países del mundo han aprobado la prohibición del asbesto, incluyendo a Argentina, Chile, Uruguay y Honduras por Latinoamérica.

A su vez, Colombia también intenta legislar y unirse al listado de países que lo prohíben, pero desde hace más de cinco meses se encuentra en un ‘tire y afloje’, con cuestionamientos y señalamientos que han derivado en un posible ‘lobby’ por parte de la industria que lo produce y que, según los promotores de la ley, ha puesto freno a su aprobación.

“Hacemos un llamado vehemente al Gobierno y a los congresistas para que dejen de ponerle trabas a la prohibición del asbesto que busca salvar vidas. Salvar a aquellos que han sido expuestos durante muchos años al asbesto y que ahora padecen cáncer, que contempla la muerte desde el inicio como fue el caso de Ana Cecilia. Se debe proteger la vida de sus ciudadanos y que a la par se construyan políticas públicas de prevención al asbesto que ya fue producido”, expresó Pineda.

Explotado desde el siglo XIX, el asbesto, una fibra compuesta por seis minerales micro particulados, pronto se convirtió en un recurso natural importante para muchos países. En el siglo XX entra a hacer parte de la fabricación de miles de productos: aislantes de edificios, vestidos, pinturas, navíos y automóviles y, ahora en pleno siglo XXI, sigue siendo clave económicamente para estas industrias que se sustentan de asbesto. En Colombia los únicos registros de uso de la fibra eran los que se relacionaban con la construcción, hasta que se conoció el caso de la comunicadora social Ana Cecilia Niño, quien por más de 20 años estuvo expuesta al asbesto lo que derivó en un cáncer agresivo denominado mesotelioma pleural, que atacó su sistema respiratorio.

“Ana fue una luchadora en todo el sentido de la palabra. Ella vivió mucho tiempo en Sibaté y allí es la casa de la empresa Eternit, famosa por utilizar el asbesto en varios de sus productos. En 2014 los problemas de salud empezaron para ella, el diagnóstico se tardó nueve meses y el resultado final fue que un cáncer había invadido su cuerpo como consecuencia de la exposición a ese químico. Desde allí, ‘Ceci’ emprendió la lucha de visibilizar los efectos nocivos del agente contaminante pese a los frenos de las empresas que buscaban callarla. Pasamos largas horas en el Congreso buscando algo de atención para que el caso se visibilizara, todo hasta el día de su muerte y ahora la lucha la continúo yo”, relató el esposo de Ana Cecilia Niño.

Pese al avance de la discusión, y el ejemplo que han dado nueve municipios de prohibir el uso del químico siendo el primero Boyacá, un ‘palo en la rueda’ se atravesó al proyecto original: se dividió en dos ponencias donde cada una se debate por cuestión de términos, que a simple vista parecería una discusión por la palabra correcta, pero que, en cuanto a implicaciones y futuros efectos de la aprobación, los impactos van más allá de gramática.

Prohibir Vs. eliminar

En esta ocasión, el ‘balón’ sobre el asbesto tiene dos equipos. Por un lado, está el del proyecto original que establece la prohibición de la fibra natural y que ha sido encabezado por el representante a la Cámara por el Partido Verde, Mauricio Toro. Él ha asegurado que el Congreso ha sido “negligente” con el proyecto convirtiendo esto en una “operación tortuga” que, a hoy, se encuentra en una contrarreloj porque las plenarias cierran el 20 de junio y a esa fecha ya debe haber decisión.

“El tránsito ha sido lento, algo que es muy sospechoso”, indicó Toro.

El otro equipo que también tiene ponencia es liderado por los representantes Jairo Cristo (Cambio Radical) y Henry Correal (Liberal). La diferencia entre los proyectos es que el del esposo de Ana Cecilia y Mauricio Toro dice que el asbesto se debe prohibir, mientras el otro sustenta que se debe eliminar.

Para el representante Toro, el hecho de crear una ponencia adicional es muestra de que se reconocen los efectos cancerígenos del asbesto. Y resaltó que, pese a esto, esas razones aún no se aceptan del todo, por lo que él llama “intereses particulares”.

“La primera ponencia mantiene el texto tal cual con la palabra prohibir para garantizar que ese material cancerígeno venenoso y que mata cientos de colombianos y personas en el mundo no se pueda ni explotar, ni comercializar, ni producir ni almacenar, y no tenga uso. Es muy importante que la palabra sea prohibición, este proyecto también reduce el tiempo de entrada en vigencia de la ley de 5 años a 2 años que es cuando termina uno de los títulos mineros que tienen operación en Colombia”, destacó Toro.

La otra ponencia de Jairo Cristo y Henry Correal argumenta que en vez de declararse la prohibición el término a usar es el de eliminación del asbesto, algo que para Toro deja abierta la puerta a la exportación del químico que ya no sería instalado en los productos colombianos sino producido y sacado del país, afectando de igual manera a la población.

“El reemplazar la palabra “prohibición” por la palabra “eliminación” no soluciona los efectos nocivos de la exposición del asbesto. Pero sí permite que las actividades de explotación y exportación del asbesto se sigan efectuando por el tiempo que duren los títulos mineros vigentes, lo cual abre la posibilidad para seguir explotando y exportando este material cancerígeno hasta el año 2036 según datos del Ministerio de Minas”, destacó Toro.

Esta postura, a su vez, coincide con los argumentos del director del Observatorio de Redes de Acción Colectiva de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Guerrero, quien sostuvo que el darse un debate con dos ponencias lleva a la confusión y distracción del problema central del asbesto.

Guerrero sostuvo que, de pasar la ponencia de eliminación en plenaria, implicaría incumplimientos con tratados internacionales del país con respecto a las garantías laborales de los trabajadores.

“Nunca este proyecto había estado tan cerca de ser realidad. Se ha hundido siete veces. Sin embargo, la otra ponencia es una falsa ilusión para los miles de víctimas. No podemos permitir que los mineros, sus familias, sus vecinos y todas las personas relacionadas con la cadena de producción y exportación sigan condenadas al cáncer hasta el año 2036 por defender los intereses de una sola empresa que ha sido cuestionada”, señaló Guerrero.

La explotación para exportación, según describió el académico, requiere de una mano de obra que va tener que relacionarse con el material, derivando, a futuro, en enfermedades cancerígenas consecuencia de la exposición. “Quienes embalan y transportan el material son los que a futuro resultarán víctimas de esto. Además, no se puede desconocer que se exporta a más de 20 países, en donde también Colombia estaría contaminando”, agregó.

Para Guerrero lo más grave de que pase la ponencia que usa el término “eliminar” es que Colombia se adhirió al convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1982, siendo incorporado al bloque de constitucionalidad, en donde se prohíbe el uso del asbesto.