Cárceles tienen un 51% de hacinamiento

Cárceles tienen un 51% de hacinamiento
En una cárcel diseñada para 100 presos, viven casi 500; en otra con capacidad para 300, viven casi 1.200. Esa es la realidad de las cárceles del país que tiene que manejar el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, mayor general William Ruiz.
COLPRENSA – EL NUEVO DÍA
Mayor general William Ruiz, director del Inpec.
Foto: COLPRENSA – EL NUEVO DÍA
16 Jun 2019 - 3:01am

Con 100 días en el cargo, el oficial habló sobre el panorama de los reclusos en el país. Además del hacinamiento, prestar atención de salud, brindar alimentación y hacer estrategias efectivas de resocialización para los reclusos, en medio de esas condiciones, son los principales retos que debe enfrentar la entidad.

- Han pasado 100 días desde que llegó a la dirección, ¿qué fue lo que encontró?

Tomada posesión el 5 de febrero recibo la dirección del Inpec con 2.502 funcionarios y 12.270 miembros del cuerpo de custodia que son los que garantizan que el privado de la libertad en los establecimientos carcelarios cumpla su pena.

En el tema de privados de la libertad recibí un instituto con una capacidad para 80.230 cupos en las 132 cárceles que hay en el país. En ese momento tenía con sobrecupo de hacinamiento de 119.000 privados de la libertad lo que reflejaba un porcentaje de 49.8%. A hoy, 100 días después, estamos en un 51.0% de hacinamiento.

Esto ascendió debido al trabajo que hace la Fiscalía contra el crimen organizado que deja más capturas y más condenados, entonces estamos con una sobrepoblación de 121.200 privados de la libertad. En detención domiciliaria tenemos 60.200 personas y tenemos otra cifra que corresponde a 4.900 privados de libertad con brazalete electrónico.

- Usted habla de aumento en el hacinamiento, ¿cuáles son las cárceles que más sufren este flagelo en Colombia?

En este momento tenemos la cárcel Riohacha en La Guajira con un hacinamiento de 376 personas. Este centro penitenciario tiene capacidad para 100 internos, pero hay 474 hombres y dos mujeres. Es decir, existe un 376% de índice de hacinamiento.

En segundo lugar, tenemos la cárcel Andes en Antioquia, con capacidad para 168 reclusos de los cuales hay 705 hombres y 47 mujeres para un total de 752 personas. Acá hay sobrepoblación en 584 personas. 347%

La cárcel de Santa Marta, por ejemplo, tiene capacidad para 312 personas, pero hay recluidos 1.278 hombres y 55 mujeres para un total 1.333 con hacinamiento en 1.021, es decir, en un 327%.

En cuarto lugar está la cárcel de Valledupar que tiene una capacidad de 256, pero hay 873 hombres y 91 mujeres para un total de 964, es decir, hay hacinamiento en 708 personas y en porcentaje de 276%.

En Antioquia, en la cárcel La Paz tenemos capacidad para 328 reclusos, pero hay 1.173 hombres internos, eso da cuenta de 845 personas en condición de hacinamiento para un porcentaje del 257%. En la cárcel de Apartadó hay un cupo para 296 personas pero tenemos 974 hombres recluidos en ese centro para un hacinamiento de 678, lo que da un total de 229%.

- De los 121.000 reclusos que existen en el país, ¿cuántos miembros de la Fuerza Pública se encuentran internos?

Del Ejército Nacional hay 81 uniformados investigados por cometer alguna acción contraria a la ley y como personas condenadas tenemos 206 miembros de esa fuerza. De la Armada hay sindicados ocho personas y siete están condenados.

La Fuerza Aérea Colombiana tiene dos uniformados señalados de cometer faltas en contra de la ley y tenemos seis condenados. También tenemos 297 miembros de la Policía procesados y hasta 409 condenados. De la institución (Inpec) hay 29 señalados y 18 condenados y del DAS existe un señalado y 17 condenados.

- Los funcionarios públicos en algún momento resultan ser protagonistas de actos que los llevan tras las rejas. La corrupción ha sido el detonante de ello, ¿qué decir de esto? ¿Cómo atacarlo?

Es uno de los flagelos que debilita al instituto. La falta de transparencia y la falta de integridad de los guardianes. Desde hace cinco años la corrupción ha sido rampante pero con una labor que se está realizando con la fiscalía estamos saliendo al paso a lo que hoy tiene un nivel de no credibilidad. La lucha es frontal.

Desde 2012 hasta la fecha se han recibido 360 denuncias por conductas que relacionan la apropiación de dineros públicos, introducir o permitir el ingreso de elementos prohibidos tales como celulares, droga o bebidas embriagantes. En 2018 fue el año donde más denuncias tuvimos, fueron 100 funcionarios lo que estuvieron en esos reportes. Por las 360 denuncias 151 funcionarios fueron sancionados.

- Precisamente para evitar actos que llevan a que se caiga la credibilidad de la institución se trabaja de la mano con el Ministerio de Justicia, a propósito de la llegada de la nueva ministra ¿cuáles son sus expectativas?

El ministerio es el que direcciona al Inpec. Esperamos un fortalecimiento de la política criminal para que esta sobrepoblación de hacinamiento tenga un trabajo más acertado. Que la participación de los jueces nos aporte para ejecutar penas cumplidas, tres quintas partes, el 50% de la pena y eso ayude para que hoy ese hacinamiento se vaya reduciendo.

- Desde Minjusticia siempre se ha hablado de proceso de resocialización, ¿cómo está trabajando Inpec en ese aspecto?

Ese es unos los pilares. Tenemos una dirección de atención y tratamiento que tiene programas dirigidos exclusivamente al condenado, los señalados no entran en ese proceso precisamente porque están en etapa de judicialización, ellos desde el mismo ingreso se le hace una caracterización y trabajo de perfil.

Se les ubica por el delito cometido, además de la condición en la que llega al centro, es decir, si tiene situaciones mentales o es consumidor. Después de ese proceso se empieza a calificar su accionar en alta, mediana y baja seguridad. Una vez se identifique estos en los pabellones se ubican en los programas educativos o programas de industrialización donde aprenden a realizar actividades que vayan de la mano con la redención de penas.

Precisamente tenemos una marca que se llama Lidera y ellos entran a hacer parte de una capacitación con el Sena e inicia su proceso como tal.

- Minjusticia direcciona el Inpec, pero la Uspec es la que se encarga de mantener la infraestructura además de brindar salud y alimentación a los reclusos, ¿el Inpec considera que la entidad está cumpliendo con buenos servicios en cuanto a eso refiere?

La salud en el sistema penitenciario en este momento se cataloga como una de las mejores. Tenemos los recursos para que el privado de la libertad acceda a lo básico. Una atención médica primaria frente a una cita médica, eso se está realizando con toda la obligación de ley, por dolencia o por enfermedad.

Pero cuando se presentan cosas extraordinarias como riñas o intentos de suicidio, el tema de salud se activa y es atendido fuera del establecimiento pero siempre se está garantizando el servicio. Hay debilidades ya que son 120 mil personas las que están recibiendo el servicio.

Este servicio tiene algunos desaciertos que se está mejorando con la Uspec pero en lo primario se está cumpliendo. La fiduprevisora es la que está generando el servicio a los reclusos.

- ¿Qué decir de la alimentación?

Alimentar 120 mil seres humanos a nivel de regiones que tiene una cultura de comida autóctona es lo que se trata de cumplir. Hay problemas con la contratista en donde hemos tenido que con la USPEC llevar casos a debidos procesos por la calidad de la comida, pero tenemos controles con la USPEC donde se hace supervisión y veedurías porque no solamente es en la calidad de la comida sino en donde y cuando lo preparan

 

La solución para el hacinamiento 

Hay un proyecto que relaciona a las cárceles modulares. De los 122 mil reclusos 40 mil privados de la libertad son señalados y 80 mil son condenados. Los entes territoriales son responsables por ley de ese sindicado mientras la justicia lo lleva a la condena, el proyecto está para que los sindicados sean llevados transitoriamente mientras hay resolución. Una vez haya sentencia pasa a la cárcel. 

 

El top 10 de las cárceles

donde se registró extorsión 

La cárcel es sinónimo de extorsión. Nosotros atacamos este flagelo cuando tenemos información primaria de quien está siendo extorsionado o de quien hace parte de una organización. Tenemos 10 establecimientos carcelarios controlados que nos habían generado en el pasado extorsiones al interior y fuera de los penales.

Nuestro top 10 empieza con la cárcel Picaleña en Tolima, seguida de Dorada en Caldas, Modelo en Bogotá, Palo Gordo en Santander, Cómbita en Boyacá, Modelo en Bucaramanga, Judicial en Valledupar, Acacias en Meta, Picota en Bogotá y San Sebastián en Cartagena.

Publicada por
BOGOTÁ, COLPRENSA