“Hay que revisar muchas cosas del Inpec, porque ya tocó fondo y nos toca como Gobierno enfrentar eso”, estas fueron las palabras de la Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, luego de conocer la fuga de la excongresista Aida Merlano, ocurrida el pasado martes en el norte de Bogotá.

La Ministra no descarta una posible liquidación de la entidad que recoge todos los centros penitenciarios y carcelarios del país, pues no es la primera vez que ha estado en el ojo del huracán por escándalos.

El Inpec, que hasta el pasado martes estuvo en cabeza del general William Ruiz, ocupó titulares de prensa en los últimos años porque se conocieron las denominadas ‘parrandas’ al interior de los centros carcelarios, se sabe de los famosos presos VIP, que siempre han tenido privilegios tales como, acceso a un baño privado, celdas con televisores e incluso neveras, como ha trascendido, fue el caso de Merlano mientras estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor.

Además, la fuga de Merlano no es la única que ha tenido que enfrentar el Inpec. Más de cinco escapes de peligrosos delincuentes se han registrado, además se ha enfrentado a la reincidencia de los señalados cuando están bajo detención domiciliaria; la corrupción y malos tratos en las cárceles que llevó a la Fiscalía a reabrir un proceso esta semana para determinar la responsabilidad de funcionarios de la entidad en la muerte de varios reclusos, todo esto sumado al hacinamiento que hoy ya superó el 50% en el territorio nacional.

Camilo Iván Pizza, magíster en derecho penal y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, señaló que todos los escenarios hacen parte de una crisis en la política criminal del país debido a que no se tiene claridad del asunto.

“En Colombia confundimos la política criminal con política penal, y carcelaria”, señaló Pizza y añadió que por política criminal se refiere a que se lleven a cabo tipo de acciones por parte del Gobierno central para que se disminuyan las actuaciones delictivas en el país.

Para el catedrático, las políticas de educación, salud y buscar una economía más amplia para los ciudadanos, podrían derivar en una solución de fondo eficaz para evitar la delincuencia dado que se cubran las necesidades.

En relación a la falla carcelaria, el docente señaló que los centros no cumplen funciones de rehabilitación “desde el hacinamiento, hasta las fallas que hay cuando las personas que salen de las cárceles vuelven a reincidir. Con esto nos damos cuenta que no se cumplió el objetivo de reinserción de manera eficaz a la sociedad”.

“La liquidación”

El exfiscal Mario Iguarán, aunque se muestra de acuerdo con los argumentos del docente, aseguró que pese a todos los problemas no ve pertinente la liquidación de la institución.

“El Estado debe manejar el sistema de administración de justicia y la ejecución de las penas” y añadió que el Inpec es un reflejo de la “ineptitud” e incapacidad del Estado para cumplir con sus deberes institucionales.

Iguarán no descarta la posibilidad de que la entidad pase a manos de privados por medio de concesiones. “Se podría simular a situaciones como ocurren con las obras públicas. Pero lo que está claro es que el Estado no tiene la capacidad para seguir con el funcionamiento. Está demostrado que la naturaleza de la Policía (que ha liderado durante varios años la institución) no es para eso”.

El exfiscal también descartó que el Ministerio de Justicia ceda el funcionamiento del Inpec al Ministerio de Defensa, como en algún momento lo han planteado varios sectores de la sociedad.

“La Policía que es la que ha dirigido el Inpec, durante los últimos años es del Ministerio de Defensa más que del Ministerio de Justicia. Ahora, debemos tener en cuenta un detalle, si se revisan las funciones del Ministerio de Justicia lo único que le corresponde es el tema del Inpec”, señaló.

El exfiscal afirmó que si “no ha podido el Ministerio de Justicia que solo tiene esa función, qué va a poder el Ministerio de Defensa que tiene muchas otras dependencias por las cuales responder”.

Al interior del Inpec

La institución que ha estado permeada, a juicio de las autoridades, por corrupción entre otros delitos, también cuenta con una serie de sindicatos que alegan falta de garantías en el marco de su ejercicio laboral.

Alejandro Álvarez, quien hace parte de uno de los sindicatos de la institución, en diálogo con Colprensa señaló que han estado en constantes conversaciones con la Ministra de Justicia para determinar lo que hace falta al interior de la entidad. 

Señaló que están dispuestos a realizar una “reestructuración con tal de que todo mejore. Somos conscientes que existe la corrupción pero no somos todos. Hay problemas, algunos estructurales, otros coyunturales, pero lo que sí necesitamos es un fortalecimiento de la institución como se ha planteado con la Ministra”.

Aseguró también que han hecho propuestas para acabar con la corrupción, planes que terminan siendo, “sanciones penales y disciplinarias para quienes enloden el nombre de la institución”.

“Hemos expuesto todos nuestros requerimientos y esperamos que eso surta algún efecto”, argumentó y añadió que de registrarse una liquidación de la entidad se haría una “masacre laboral” porque son más de 1400 personas que hacen parte de la institución.

El sindicalista afirmó que de realizarse la liquidación a la institución demandaría “una inversión gigante que no creo que el Estado esté dispuesto a dar”.