El escándalo de las denominadas chuzadas a magistrados, políticos y periodistas, que supuestamente, se realizaron desde el Ejército Nacional, escaló a instancias internacionales luego de que los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron este viernes ante la CIDH acciones legales con las que pretenden medidas cautelares frente a esta práctica ilegal que se ha extendido por más de 10 años en el país.

Cepeda consideró importante exponer los argumentos, que a su juicio, están promoviendo la interceptación. “Hay tres objetivos que se han perseguido. De una parte actuar en contra de quienes defendemos el proceso de paz, en segundo lugar obstruir o incidir sobre el caso Uribe, y en tercer lugar debilitar la oposición y la movilización que hay en curso”.

Por esto Cepeda señaló que solicitarán medidas cautelares al órgano internacional, que incluye protección física y medidas de seguridad, pero también celeridad y garantías en las investigaciones que se adelantan en Colombia, por lo que también solicitaron que “observen” las actuaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía que se llevan a cabo una vez salió a la luz el nuevo escándalo. “Le vamos a pedir que haga una visita a Colombia para que verifique la situación”.

En razón a los dispositivos electrónicos que están manejando las entidades para interceptar comunicaciones, el senador solicitó que la Cidh vigile la manera como los están utilizando, esto, además de que el informe del mismo sea expuesto a la luz pública, en el legislativo. El senador concluyó que con las acciones denunciadas “se está repitiendo lo que sucedió hace una década con relación al Das”.

Precisamente la Cidh, por medio de un comunicado recordó el episodio de ‘chuzadas’ que padeció el país mientras estuvo en funcionamiento el Departamento Administrativo de Seguridad. Del mismo modo, sacó a colación la operación Andrómeda llevada a cabo en 2018, y con las que pretendieron interceptar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas Farc. En relación a esto dijo que las investigaciones de las primeras se dieron con lentitud y en cuanto a las del acuerdo no se han registrado resultados hasta la fecha.

Por esto, el órgano internacional expresó su preocupación ante tal situación, por lo que instó al Gobierno Nacional a adelantar investigaciones “exhaustivas e independientes” para hallar a los responsables. La Cidh, en su pronunciamiento dejó claro que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de forma clara en la ley, y debe ser usada en casos “excepcionales” en el que se requiera para alguna investigación judicial.

“La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”, dijo la OEA rechazando de manera enfática la supuesta persecución a políticos y jueces.

Lo que se ha conocido

El último reporte sobre este suceso, además de la intervención internacional, es la nueva inspección y recolección de información que realizó la Procuraduría, el pasado miércoles al Batallón de Ciberinteligencia, ubicado en Facatativá (Cundinamarca), donde ya se había realizado un procedimiento en diciembre ordenado por la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana.

El Ministerio Público avanza con las investigaciones y no descarta que estos procedimientos se sigan registrando por cuenta de la indagación que abrieron una vez se conoció del nuevo escándalo. En relación a la primera inspección, la Procuraduría ha dicho que no tiene conocimiento del informe, dado que el proceso está en manos de Lombana en un caso que es reservado.

Lombana, quien resultó en el ojo del huracán debido a que la denuncia menciona que el propósito era interceptar sus comunicaciones, no se ha referido al tema. Sin embargo, ha trascendido una serie de nombres que posiblemente podrían generar un hilo que conduzca al motivo por el cual intentaron vulnerar sus comunicaciones.

Al parecer, luego de los allanamientos adelantados durante el 18 de diciembre pasado, la jurista habría llamado a declarar a cuatro tenientes, tres capitanes, un mayor y cuatro sargentos, entre los que están el teniente Yamid González, el coronel Miltón Rozo, actual comandante del Batallón de Inteligencia, y quienes estuvieron durante el procedimiento adelantado ese día.

Del mismo modo, llamaron ante el alto tribunal a los tenientes Luis Carlos Trujillo y Aura Pérez Mendoza, así como a los capitanes Luis Moreno y Heisen Trujillo. Según ha trascendido, ellos deberán testificar en el proceso que se adelanta contra Uribe y el proceso que se suscitó con el denominado Hacker Andrés Sepúlveda, hoy condenado a 10 años por las denominadas chuzadas.

En todo este entramado también se ha conocido que el abogado Hernando Cucunubá fue la persona que estuvo en la diligencia que adelantó Lombana en el Batallón de Ciberinteligencia.

Cucunubá, al parecer, es la persona clave cuando algún funcionario tiene líos judiciales por interceptación ilícita de comunicaciones. Fue el defensor de Luis Carlos Gómez Góngora, excoordinador de la Sala Diamante, la unidad de interceptaciones de la Fiscalía, actualmente en prisión purgando una pena de 100 meses por delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público.

En el portafolio del bufete del que hace parte, Cucunubá se presenta como un abogado “con amplia experiencia profesional en la defensa de militares involucrados en casos relacionados con muertes cuestionadas en combate, ante Unidad Nacional de Derechos Humanos, jueces penales del circuito, jueces penales circuito especializado, jurisdicción penal militar y ante la Procuraduría Delegada de derechos Humanos, en investigaciones penales y disciplinarias”.

De hecho, es graduado de la Universidad Militar Nueva Granada. Su carrera en este claustro, al parecer, le sirvió para hacer contactos con quienes hoy ostentan altos cargos no solo en el Ejército sino en otras fuerzas.

Tal fue esa aproximación que en la actualidad se proclama como un litigante que posee “conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento de las fuerzas militares y de los diferentes procedimientos que deben adelantar los integrantes de las diferentes Fuerzas, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Armada Nacional”.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el penalista estuvo durante la diligencia ordenada por Lombana.

Cabe mencionar además que la jurista es exmiembro de la Fuerza Pública y conocía el expediente del senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, pero por una serie de recusaciones y decisión unánime de la Sala de la cual hace parte, el proceso le fue retirado de su despacho y pasó al magistrado César Reyes, de quien también se ha dicho tenía micrófonos en su oficina.

Los antecedentes

En este caso, si bien Reyes tampoco se ha pronunciado sobre el tema, meses atrás había denunciado que desconocidos pretendían ingresar a su lugar de residencia en dos ocasiones. Del mismo modo, en diciembre, previo a entrar en la vacancia judicial, dieron aviso a la Fiscalía sobre un cableado en su oficina, que resultó ser un micrófono tipo análogo que está en manos del ente acusador.

Una vez culminó la vacancia judicial, miembros del CTI de la Fiscalía hicieron presencia en todas las oficinas de la Sala de Instrucción, en la sede ubicada en el norte de Bogotá. En la inspección hallaron un segundo cableado como el encontrado en la oficina de Reyes, pero este se encontraba en la oficina de un magistrado auxiliar que hace parte del despacho de este último.

Si bien Compensar se adjudicó el haber puesto los micrófonos en las oficinas que antes eran de su despacho, la Fiscalía adelanta labores de inspección, incluso en la oficina del presidente de la Sala Héctor Alarcón quien señaló estar preocupado por la situación pero confiado de que el ente acusador pueda entregar detalles de lo allí encontrado.

El fiscal (e) Fabio Espitia, por su parte, señaló que será necesario usar una cámara de termografía que permite detectar huellas al interior de paredes y cielo rasos, así como también habrá un analizador de comunicaciones que permite verificar si hay dispositivos activos. Del mismo modo, podrán conocer si los micrófonos hallados en las oficinas estaban funcionando previo o durante los ocho meses en los que lleva funcionando la Sala.

Igualmente, Espitia anunció que se revisarán los computadores personales, las casas, carros y celulares de cada uno de los magistrados para descartar cualquier anomalía.

Se espera que en las próximas semanas se tomen decisiones de fondo tanto en lo penal como en lo disciplinario. Las investigaciones internas, como la auditoría que, según Carlos Holmes Trujillo, se ordenó en diciembre pasado, aún es una incertidumbre.