La violencia no respeta la cuarentena: alerta de la Defensoría a Mininterior

El defensor del Pueblo Carlos Negret .
Crédito: COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
En un informe de 20 páginas el defensor del Pueblo Carlos Negret reporta 72 acciones violentas desde que empezó el aislamiento obligatorio y le pide tomar medidas para evitar que la población de varias regiones del país esté en riesgo.
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En un informe de 20 páginas dirigido a la ministra del interior, Alicia Arango Olmos, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, expuso los riesgos a los que están expuestos los colombianos en varias regiones del país, a causa de la violencia, que continúa a pesar de la cuarentena decretada para enfrentar la expansión del Covid-19.

El documento, conocido por Colprensa, fue entregado a la funcionaria el pasado 30 de abril y allí explicó que las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Pelusos y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han cometido alrededor de 72 actos que atentan contra la vida de los colombianos.

El registro que tiene el órgano defensor data del 23 de marzo hasta el 27 de abril, es decir, en la época en la que el Gobierno Nacional decretó el aislamiento preventivo por cuenta de la pandemia generada por el Covid-19 que ya deja más de 10.000 personas infectadas.

Lo que advierte la entidad defensora de derechos humanos es que pese al aislamiento la guerra no da tregua.

“Los impactos han sido especialmente gravosos para aquellas comunidades donde existen brechas de presencia institucional y que cuentan con importantes niveles de vulnerabilidad y desprotección social, reflejados, entre otros, en sistemas de salud con infraestructura y dotación deficientes, o inexistentes, para la atención de posibles casos de infección”.

De acuerdo con el informe, de las 72 acciones, 41 serían desencadenantes de expresiones de violencia, justificadas en la emergencia ambiental y sanitaria, concentrándose el 57.5% de en áreas rurales del país, a pesar de que la propagación del virus ha tenido una mayor incidencia en contextos urbanos.

Lo que informó el documento es que al menos 14 acciones se les han atribuido a los disidentes de las Farc, 11 al ELN, seis a grupos desmovilizados de las AUC o sucesores del paramilitarismo, dos a los miembros del EPL o los denominados Pelusos, y uno corresponde a fuego cruzado entre el ELN y el EPL, en donde había presencia de población civil. El resto de acciones son, al parecer, autoría de los grupos armados de delincuencia organizada.

“Durante el período de implementación de las medidas de prevención de la propagación del Covid-19, el repertorio de violencia de los actores armados ilegales se ha concentrado en la emisión de amenazas contra la población civil, particularmente en contextos donde su control es hegemónico o bien hay coexistencia”, expresó el defensor en su documento.

Por ello, el informe da cuenta de que departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, este material abunda e impone regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio.

La Defensoría reseñó que los documentos difundidos por disidentes de las Farc y el ELN es común un mensaje imperativo a los gobiernos locales para la atención de la población vulnerable, aduciendo que su presencia permitirá hacer frente a los vacíos del Estado, ubicándose como protectores de la población civil.

 

Los líderes sociales

De este escenario no escapan los líderes sociales, la Defensoría en su reporte reseñó que se han registrado estrategias de instrumentalización de defensores en cuanto a la difusión de normas de conducta, así como la puesta en marcha de retenes ilegales, instrumentalizando también a miembros de la comunidad para tal efecto, especialmente en el sur occidente del país.

De acuerdo con el informe, las afectaciones a los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos por cuenta de la violencia en la actual coyuntura, han afectado el desarrollo de sus actividades de liderazgo, aspecto que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades que representan ante el accionar de los actores armados ilegales.

Esto llama la atención del órgano defensor por cuanto en más de una ocasión, en las alertas tempranas emitidas, ha dejado claro que la inversión social y la presencia estatal en zonas vulnerables disminuye el riesgo de que las estructuras al margen de la ley tomen el poder y ocupen los escenarios que deben ser del Estado como lo estipula el reglamento.

Expresó el órgano defensor que con estas acciones los grupos al margen de la ley pretenden “adquirir o fortalecer una suerte de legitimidad social mostrándose como protectores de la población civil, especialmente en áreas rurales con poca presencia institucional, donde ostentan cierto grado de control territorial, por medio de la imposición de normas de conducta y la sanción de quienes las transgredan, además del desconocimiento de medidas oficiales del orden nacional y regional”.

Además de esto, buscan fortalecer el control y expansión territorial a partir de la imposición de restricciones a la movilidad y regulaciones sobre la comercialización de víveres para el abastecimiento.

“Esta situación puede presentarse, también, en contextos urbanos de orden periférico, donde es probable la participación de grupos de delincuencia organizada, quienes estarían interesados en fortalecer su incidencia territorial para fines de economías ilegales, motivación a vecinos para robo a mercados locales y amotinamiento”, argumenta el documento.

Del mismo modo, reseña la Defensoría que los grupos armados usarían la emergencia sanitaria para emprender acciones que les permita tener ventaja militar en el marco de sus propósitos de dominio, expansión o consolidación territorial.

Además de lo mencionado, en el documento también quedó consignado que si bien, el Ejército de Liberación Nacional anunció cese al fuego durante época de pandemia, la Defensoría constató que este grupo al margen de la ley sostuvo combates contra diferentes grupos armados en donde estaba presente la población civil.

Estos hechos ocurrieron, en el departamento del Chocó, particularmente en el municipio de Bojayá, el sur del departamento del Cauca, el Sur de Bolívar y Norte de Santander.

 

Lo que recomendó la Defensoría

Por ello, la Defensoría en su comunicación le pidió al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Ciprat adoptar las medidas para que las administraciones locales emprendan acciones dirigidas a reconocer el escenario de riesgo que se encuentra identificado en los territorios enunciadas por las alertas del órgano.

Solicitaron, además focalizar medidas de prevención del contagio y atención en salud a la población y en los territorios identificados, así como también fomentar medidas de atención a la población particularmente para el suministro de alimentos, medicamentos y demás bienes.

A la Fiscalía General pidieron definir un plan que permita investigar de forma célere las amenazas proferidas por actores armados ilegales en contra de la población civil.

En cuanto al Ministerio de Defensa le solicitaron que a través del comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía Nacional, identifique al interior de los territorios la presencia de sus unidades para implementar acciones, particularmente, en corredores y otros sectores estratégicos con el fin de ejercer control en el territorio y evitar la presencia de las estructuras armadas.

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El Cauca

En diálogo con Colprensa el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló que las rentas ilegales que convergen en dicho departamento son las que propician factores de violencia.

La época de cuarentena por cuenta del Covid-19 parece no darle tregua a los líderes sociales en el Cauca. ¿Cuál es la situación que padece esta parte del país?

En el Cauca enfrentamos una situación que tiene dos caras. Una de carácter estructural, consistente en las condiciones históricas e identitarias del departamento como lo es su geografía quebrada, con accesos recónditos al océano Pacífico a través de los ríos Naya y Micai, la dificultad de intercomunicar a los poblados más alejados, la ausencia de condiciones para construir cadenas de suministro a los territorios con mayor vocación agraria por los altos costos logísticos.

Además el abandono histórico del Estado determinado por lo anterior, y el uso de las vías de hecho para hacer frente a las carencias de la población. Todo lo anterior ha sido capitalizado por los actores armados no estatales, en un primer momento para la confirmación de estructuras guerrilleras de vocación agraria, y en los últimos años por estructuras que pretenden explotar las rentas ilícitas del narcotráfico.

La segunda cara es de carácter coyuntural y se trata de la consolidación de un frente de coordinación de occidente entre las facciones disidentes de las extintas Farc EP, que se autodenominan Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

La Defensoría en más de una ocasión ha alertado al Gobierno Nacional y autoridades para mitigar el riesgo de la población vulnerable en esta zona ¿El Estado ha hecho caso omiso a las alertas emitidas?

De ninguna manera. Periódicamente estamos registrando la respuesta a nuestras alertas tempranas. Ahora bien, nosotros creemos que se puede mejorar en tres sentidos: en primer lugar con una metodología más explícita para la adopción de decisiones que tengan la característica de respuesta rápida, en segundo lugar en la focalización de acciones en los territorios advertidos que en la gran mayoría de ocasiones son al nivel de veredas, corregimientos, comunas o UPZ.

¿Cuáles son los grupos armados que se disputan el control del territorio?

La Defensoría monitorea la presencia y accionar de actores armados no estatales parte del conflicto armado como el ELN, AGC y facciones disidentes de las extintas Farc-Ep cómo lo son los autodenominados frentes Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

 

Un panorama nacional

¿La falta de oportunidades laborales y de educación hacen de este territorio un lugar vulnerable que es aprovechado por las mafias?

Estas carencias son vulnerabilidades que potencian el riesgo de violaciones a los derechos humanos en territorios donde hay presencia accionar de actores armados no estatales parte del conflicto y grupos armados de delincuencia organizada. Es decir, es más factible que donde hay esas carencias se puedan materializar atentados contra la vida, libertad y seguridad.

La Defensoría ha pedido reinversión social, ¿esto se ha registrado por parte de las autoridades locales y nacionales?

Estamos en el proceso de construcción de los planes de desarrollo. El Estado cuenta con numerosos recursos, no infinitos, para ello. Si se ejecutan con rigor y sin corrupción se debería poder mitigar esas vulnerabilidades.

¿El pie de fuerza es el adecuado para la zona?

Es adecuado y debe completarse con mayor capacidad del Estado civil para atender las demandas sociales de las comunidades.

¿Cuál es el registro de líderes sociales muertos que tiene la Defensoría en todo el territorio nacional?

En lo corrido del año son 56 líderes asesinados, 14 de ellos en el departamento del Cauca.

¿Qué otras partes del país pueden estar enfrentando una situación similar?

Para nosotros la situación es crítica y evoluciona a la par en subregiones como el Bajo Atrato, Bajo Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, costa pacífica y cordillera Nariñense, entre otros.

La Defensoría ha emitido alertas no solo en cuestión de seguridad sino también en salud ¿le preocupa al ente de control un contagio masivo de Covid-19?

Por supuesto, particularmente en los territorios más vulnerables donde no hay capacidad en urgencias y unidades de cuidado intensivo para atender un contagio masivo.

COLPRENSA

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