Hace poco menos de un mes los tres principales órganos de control del país, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, advirtieron de un hecho que es repetitivo después de cada campaña política, el origen de la financiación y el presunto favorecimiento a quienes fueron los aportantes de la misma, es correspondido cuando los elegidos ya están en el gobierno.

Fue así como la Procuraduría aseguró que al menos 117 financiadores de los entonces candidatos y hoy mandatarios de las pasadas elecciones regionales de octubre se han visto favorecidos con la contratación estatal que se ha hecho para atender la emergencia de la pandemia del Coronavirus.

El jefe del ministerio Público, Fernando Carrillo, aseguró en ese momento que se vigilan de manera preventiva los contratos adjudicados entre marzo 16 y mayo 25 a 117 financiadores de campañas, que superan los $12.500 millones en los gobiernos de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle y la Alcaldía de Bogotá. Esos financiadores, hoy contratistas, contribuyeron con más de $4.700 millones a las campañas de los hoy mandatarios.

Y si la preocupación fue a nivel regional, el mal también está enquistado en las campañas presidenciales. Esta semana la Fiscalía General procedió a iniciar la investigación a las finanzas del partido Centro Democrático, la colectividad del presidente Iván Duque por la presunta financiación irregular que habría llegado del fallecido empresario y ganadero José Guillermo Hernández, caso que ya se hizo célebre y se le identifica como la ‘Ñeñepolítica’.

Pero esta situación no sólo se ha evidenciado en la campaña regional del 2019 o las elecciones presidenciales de 2018, sino que viene de tiempo atrás y en el país son muchos los casos que se recuerdan, comenzando por la financiación que hicieron en 1994 los capos del narcotráfico hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes aportaron al menos dos millones de dólares a la campaña del expresidente Ernesto Samper Pizano.

Otro sonado caso fue en el 2014 cuando la multinacional brasileña Odebrecht habría permeado las campañas del reelecto presidente Juan Manuel Santos y del excandidato Óscar Iván Zuluaga, en procedimiento ilegal con el fin de seguir beneficiándose con la contratación estatal que ya tenían.

Para el analista político John Mario González, hay al menos tres razones por las que en Colombia se viene presentando éste problema con la transparencia de la financiación de las campañas políticas en todo su orden no sólo para los mandatarios sino también para los miembros de los cuerpos colegiados como Congreso, concejos y asambleas.

“La primer razón es una especie de subdesarrollo cultural en el que el voto se convierte en una moneda de cambio sin que el ciudadano que incurre en esa práctica piense que, al final, es él el afectado”, indicó González.

Lo dicho por el analista evidencia el delito de la compra de votos, práctica ilegal de los dirigentes políticos de décadas atrás, pero que en 2018 quedó al descubierto luego de que se conociera la manera como la hoy prófuga Aida Merlano, compró los votos con los cuales ganó la curul en el Senado de la República.

La práctica de Merlano no sólo la comprometió a ella de forma directa, sino que también a otros dirigentes políticos que están siendo investigados como la tradicional familia Gerlein de Barranquilla, a la vez que al actual senador Arturo Char, quien se perfila como el más seguro nuevo presidente del Congreso desde el próximo 20 de julio, pero previamente, la otra semana deberá atender una citación ante la Corte Suprema para una versión libre sobre las denuncias que hizo Merlano en su contra de haber sido uno de los financiadores para que ella comprara los votos.

La segunda razón en opinión del analista es que los políticos se aprovechan de la pobreza y desempleo de miles de ciudadanos que se prestan a la venta de su voto. “Cuando eso sucede es imposible luchar contra el clientelismo, la corrupción y la financiación ilegal de las campañas, toda vez que el sector público es muy atractivo en comparación con las pocas oportunidades que ofrece el sector privado. En otras palabras, hay demasiada gente esperando encontrar una oportunidad de ingresos en el sector público”.

La otra razón que valora González es que “nuestro sistema político es demasiado atomizado, entonces las rentabilidades de campañas son excesivas, lo que hace muy difícil la inspección por parte de los organismos de control hacia aquellos que financian campañas para obtener a cambio contratos y otras dádivas”.

Concluye además considerando que por esas razones fracasan todas las iniciativas anticorrupción, porque no atacan los problemas de fondo, “sólo las superficiales y se mitifica o se sobreestima lo que podría hacer la ley y por eso fracasan”.

El analista Andrés Fandiño, manifiesta que “el sistema político actual se ha convertido en unas empresas políticas para dar beneficios a los intereses de un grupo pequeño que usufructúa el estado y que tiene a sus representantes en los diferentes órganos de elección popular y también en los cargos de libre nombramiento y remoción”.

Resalta además que en Colombia es imperioso que todas las campañas sean financiadas por el Estado, para de esa forma hacerlas más transparentes. Precisamente en el 2016 esa fue una de las principales recomendaciones que hizo una misión especial que integró el gobierno de Juan Manuel Santos con expertos y politólogos para lograr una gran reforma política y electoral. El compendio de las mismas quedó recogido en un gran documento y no avanzó en su discusión en el Congreso porque coincidió la llegada de la época electoral y el cambio de gobierno.

Fandiño resalta además que se hace necesario que los procesos electorales no sean tan largos. “Las campañas en Colombia duran muchísimo tiempo, una campaña al Senado dura entre seis a ocho meses en promedio, la campaña a corporaciones regionales dura entre siete y ocho meses, la presidencial es casi que igual porque los precandidatos toman tiempo. Las campañas deben durar de uno a dos meses, como pasa en España, por ejemplo”.

Unas consideraciones más que en concepto de Fandiño se debería dar para cerrar ese paso a la financiación ilegal, es que acabar el voto preferente, volver a las listas cerradas, “así haya muchos que critiquen y digan que puede salir más caro el remedio que la enfermedad”.

Es claro que por ahora el mal de las cuestionadas financiaciones a las campañas seguirá por algunos años más, por razones fundamentales como la falta de presupuesto en las finanzas estatales, la reforma al sistema electoral y la renovación de la cultura política.

Dato:

El  nuevo escándalo involucra las cuentas de la campaña presidencial de Iván Duque y los salpicados son la directora del partido de Gobierno Centro Democrático, Nubia Stella Martínez; la exasesora del expresidente y senador Álvaro Uribe, María Claudia ‘Cayita’ Daza, y un poderoso empresario venezolano.