Más allá de las posturas tomadas frente a la polémica de que hoy es objeto Empresas Públicas de Medellín, Ruta N y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expertos de diferentes áreas coinciden en que los efectos económicos y políticos no serán pequeños y que la estabilidad de la compañía quedará en grave riesgo luego de la turbulencia que se desató el pasado martes, con la renuncia de ocho miembros de la Junta Directiva de EPM.

En materia económica, hay ya algunos campanazos que acrecientan la preocupación frente a la salud de la compañía. La calificadora Fitch Ratings modificó la nota de BBB a -BBB, sustentando en que las acciones de la empresa sobre la demanda contra contratistas de hidroituango, por 9,9 billones de pesos, sin consultar a la Junta Directiva, muestra flaquezas considerables en materia de Gobierno Corporativo.

Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, señala que al ser EPM uno de los grandes emisores de títulos valores en Colombia, hay un alto riesgo de que la confianza del mercado internacional sobre la empresa se quiebre, generando una reducción en inversiones.

“Al tomarse decisiones de manera poco estratégica, la empresa se afecta económicamente de manera estructural. Pero el golpe inicial lo reciben quienes tienen títulos. Solo el tiempo de aquí a diciembre demostrará si la estrategia jurídica de la empresa en la reclamación es la adecuada, para poder pasar este difícil momento sin dañar la estructura financiera a mediano plazo”, dijo.

El excandidato a la Alcaldía de Medellín, Juan David Valderrama, señala que la caja de la empresa puede terminar más afectada si la calificación de riesgos sigue bajando, teniendo en cuenta que la deuda tendría que pagarse de forma adelantada.

“Hemos visto que algunos bancos como Itaú o Bancolombia están cerrando los créditos hasta no tener claridad con el gobierno corporativo. EPM tiene por mandato el 30 % de las utilidades que deben ir para el municipio. Cada año, en marzo, se transfieren 1,3 billones de pesos para inversión social. Un mal manejo de la empresa puede afectar el presupuesto de la ciudad en cualquiera de sus rubros”, dijo.

Otro golpe, esta vez relacionado con el proyecto Ruta N, tiene que ver con que Postobón decidió retirar el patrocinio para el acuerdo de donación de recursos para el diseño, desarrollo y producción de ventiladores al servicio de pacientes afectados con el Covid-19 en Antioquia. El monto ascendía a los 9000 millones de pesos.

“Lo que está en juego es el modelo de gobierno de Medellín. Es importante recordar que, a partir de la crisis de los 80, la ciudad construyó un modelo de gobernanza urbana, fundamentada en el diálogo y la concertación; empresarios, líderes sociales y actores políticos lograron construir una agenda de ciudad y una capacidad para concertar y conversar sobre políticas públicas. Fue así como se construyeron políticas que diferenciaron la ciudad, tales como ‘Buen Comienzo’, ‘Ruta N’, además de una reducción en el conflicto urbano”, explicó el docente de la Universidad Eafit, Santiago Leyva.

El académico añade que, cuando Quintero en un principio conformó su gabinete, tenía una mezcla de actores políticos, técnicos, y gente de varios partidos. Ahora, con la crisis, da la sensación que el alineamiento político del alcalde va adquiriendo un perfil más tradicional, tal como se ha visto en algunas secretarías. Cada vez parece menos un líder independiente y se ve más tradicional, aunque no hay claridad total al respecto. Creo que todavía hay oportunidades para abrir diálogos con el alcalde, reconociendo la importancia del modelo empresarial”.

La incertidumbre y preocupación ante la turbulencia que enfrenta hoy una de las empresas más icónicas de Colombia se extendió hasta las instituciones de seguimiento que, entre otras cosas, exigen el mantenimiento de un gobierno corporativo idóneo que no afecte los intereses de los ciudadanos del municipio.

“En un momento trascendental para EPM, Medellín Cómo Vamos quiere hacer un llamado al respeto a la institucionalidad y el buen gobierno de la entidad. El gobierno corporativo construido desde hace más de diez años, que incluye un convenio marco de actuación entre Empresas Públicas de Medellín y la Alcaldía de Medellín, establece claramente que el alcalde debe enmarcar su actuación exclusivamente a través de la Junta Directiva en función del presidente de la misma y obrando como representante de los dueños que somos todos los ciudadanos de Medellín”, señaló Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos.

La directiva añadió que la importancia de EPM se enmarca en que la prestación de servicios públicos domiciliarios ha sido un pilar para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad. Sumado a lo anterior, aporta una tercera parte de los recursos propios generados por el municipio, que equivalen a una quinta parte del total de su inversión social.

En materia política, el panorama no parece pintar muy bien para Daniel Quintero, pues representantes de varias bancadas han criticado su gestión al frente de la EPM y advierten sobre posibles riesgos.

“Lo que están haciendo es romper toda una cadena de tradición, de disciplina, de cuidado, conocimiento y experiencia. Todo eso se está cambiando sin saber qué se va a obtener a cambio. Eso creó un choque de grandes repercusiones (...) No puede ser posible que un alcalde le genere una crisis tan grande a una de las empresas más grandes del país”, señaló el senador del Partido Verde, Iván Marulanda.

Hidroituango puede llegar a ser un Reficar

Como un caso de peso mayor fue considerado en el Senado de la República, el anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero y la gerencia de EPM de denunciar por 9.9 billones de pesos a implicados en la demora en el proyecto de Hidroituango, lo cual llevó que incluso la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín a renunciar.

El tema es de tal interés que en el Senado de la República ya se empezó a debatir sobre el mismo, al punto que fue comparado como un proceso judicial mayor al que se tuvo por los multimillonarios sobrecostos que se dieron con la Refinería de Cartagena, Reficar.

Una voz en tal sentido la dio el senador conservador, Juan Diego Gómez, quien sostiene que “sobre la demanda que EPM ha planteado frente a los contratistas, diseñadores y aseguradores del proyecto Hidroituango, tenemos que decir que se trata del cuidado de los recursos públicos y es un asunto complejo a nivel nacional porque es una demanda de más de 9 billones de pesos, una situación superior a los que fue Reficar”.

El congresista además considera que “en el marco de ese acuerdo prejudicial que ha planteado el gerente de Empresas Públicas de Medellín, conociendo su trayectoria, su transparencia y su pulcritud, tenemos que decir probablemente algunos de los miembros de la junta podrán estar incursos en un conflicto de intereses y ese es un asunto que se debe analizar de fondo”.

Para Gómez “en virtud de esto, creemos que los intereses de EPM están por encima de cualquier otro interés político, de gobierno, de oposición, de empresarios, de la misma junta directiva y esta es la razón por la cual hemos salido a respaldar la decisión del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, que es un hombre pulcro y transparente”.

Finalmente planteó que “pedimos al procurador Fernando Carrillo, al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y al contralor general, Felipe Córdoba, que le hagan acompañamiento a este proceso, que nos ayuden a establecer las responsabilidades que allí existan y que dejemos de lado las conjeturas y las suposiciones y pasemos a las responsabilidades”.