“Soy abogada y como abogada busco precisión”, dice la magistrada Patricia Linares, antes de recordar que exactamente el próximo 4 de noviembre se cumplen tres años de haberse posesionado como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con la misma precisión de abogada, a la magistrada Linares le ha tocado hacer frente en este tiempo a todo tipo de interpretaciones erradas, fake news y hasta teorías de la conspiración que se han tejido sobre una jurisdicción, creada por el acuerdo de paz, que si bien es vista con mucha  expectativa por las víctimas y la comunidad internacional, no es comprendida del todo por muchos colombianos.

Aun así, la magistrada Linares hace un balance muy positivo de la gestión de la JEP y recuerda que esta se ha dado en medio de unas circunstancias complejas: se trata de un modelo de justicia sin antecedentes en el mundo, que debió empezar a operar sin infraestructura e incluso sin una ley de procedimiento y que además ha tenido que enfrentar presiones políticas de quienes se oponen al proceso.

“La paz en Colombia supera esos debates políticos de coyuntura”

¿Cuál es su balance de estos tres años como presidenta de la JEP?

El balance es muy positivo. En estos tres años los resultados son más que satisfactorios teniendo en cuenta que partimos de cero, sin infraestructura de ninguna clase, sin ley de procedimiento, sin ley estatutaria, que son esenciales para el cumplimiento de la función de cualquier juez en el mundo. Eso lo reconoce la comunidad internacional, académicos expertos y quien haga un análisis objetivo y sereno de lo que ha pasado: en medio de continuos y sistemáticos ataques, campañas de deslegitimación, cuestionamientos incluso personales a quienes hacemos parte de la jurisdicción, hemos logrado tener a la fecha más de 12.600 personas sometidas a la jurisdicción, 9.764 de las Farc, 2.730 miembros de la fuerza pública, además de servidores públicos no miembros de la fuerza pública, valga decir congresistas, alcaldes, gobernadores.

Tenemos 7 macro casos abiertos, con todo lo que eso supone, en los que tenemos acreditadas más o menos 308 mil víctimas. Hemos recibido alrededor de 309 informes, que es la base para construir y diseñar esos casos, además de consultar cientos, miles de expedientes que provienen de la jurisdicción ordinaria, de la Fiscalía y de los despachos judiciales.

¿Cree que a estas alturas la JEP no tiene marcha atrás? Porque sigue escuchando uno acerca de proyectos para acabarla.

La JEP ha venido trabajando, no obstante esa permanente insistencia de ciertos sectores políticos. A eso hemos respondido señalando lo siguiente: los debates políticos son de los políticos; no nos corresponde incursionar en ese tipo de debates. Ahora bien, las cabezas del sistema, el padre Francisco de Roux, la doctora Luz Marina de Monzón, hemos insistido en los últimos meses en la necesidad de que por lealtad con el país, con los más de 10 millones de víctimas, el debate político excluya del mismo el proceso de paz, el sistema y su proceso de implementación. La paz en Colombia no puede estar sujeta a las aspiraciones de determinado sector político, que utiliza la estrategia de siempre, poner en entredicho el proceso de paz, el sistema y obviamente a la jurisdicción.

¿Más allá de la política, cree que los colombianos han entendido qué hace la JEP, cómo opera y por qué  es tan importante?

El diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz es un diseño complejo, un diseño denso, que no tiene antecedentes, no tiene una jurisprudencia que haya sido producida para orientar el proceso de implementación, se ha venido produciendo después. Y en la medida en que además por esas características es de fondo muy diferente al modelo de justicia retributiva que ha imperado en Colombia a lo largo de su historia, no es fácil comprender y siempre requerirá de estrategias pedagógicas que nosotros, con los pocos recursos de los que disponemos, con ayuda de la comunidad internacional, de las universidades, de los tanques de pensamiento, hemos intentado hacer y seguiremos haciendo.

La impaciencia que hay sobre la labor de la JEP puede ser porque la gente quiere ver condenas, que es lo que la gente identifica con la justicia. ¿Cree que hubo algún error en la forma como se concibió la JEP que hace que los procesos sean lentos?

Toda obra humana es imperfecta, y le repito no estamos frente a la jurisdicción ordinaria, donde por ejemplo el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la misma Corte Constitucional, siendo muy joven, tienen una trayectoria establecida muy orientada y ya superadas ciertas etapas. Tenemos una base normativa que como le digo demoró en consolidarse por el tema de las objeciones y otros temas casi un año y eso para un juez es supremamente difícil. Yo no le puedo decir si se demoró más o menos, se ha hecho dentro de ese marco estricto de la Constitución y la ley.

Seguramente en la medida en que la operación de la JEP se vaya ajustando y consolidando los procesos van a ser mucho más rápidos en la medida de lo posible, pero yo le preguntaría a usted: ¿la justicia ordinaria ha mostrado resultados céleres, cuando la impunidad en este tipo de delitos supera el noventa y pico por ciento? Por eso, quienes diseñaron este proceso optaron por darle a la JEP un mandato orientado a máximos responsables que además se soporta en criterios de selección y priorización. No se va a atender la totalidad de los casos y los delitos cometidos durante medio siglo. No es viable. El modelo se orienta a máximos responsables, se seleccionan los casos con criterios establecidos en la ley estatutaria.

La base de estos procesos es el reconocimiento por parte de los investigados, pero ve uno casos en los que las personas se presentan y se someten a la jurisdicción sin reconocer hechos, ¿cree que ha faltado verdad en algunos de esos procesos?

Yo no puedo aceptar como válida la interpretación que usted da. Todos los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz tienen obligación de aportar a la verdad, so pena de perder los beneficios transicionales y de no poder acceder a la sanción propia, que es la que implica restricción de derechos, pero no necesariamente privación de la libertad en los términos a los que estamos acostumbrados. Algunos comparecientes y así lo contempla el modelo, pueden decir lo siguiente: “vengo a cumplir con mi obligación de decir toda la verdad y esa verdad es la que va a servir para demostrar mi inocencia”. Por eso el juez ha tenido una etapa de preparación, de alistamiento, de análisis y contraste de una información muy copiosa. El juez va a tener todo en las manos para decirle usted no está diciendo toda la verdad o usted está mintiendo.

¿Cree que la JEP está ayudando a que se consolide el acuerdo de paz, que todavía se siente a veces un poco frágil?

La paz en cualquier parte del mundo, pero más en un país como Colombia, que ha afrontado una guerra tan cruenta de más de medio siglo, que ha cobrado más de 10 millones de víctimas, no se puede construir a partir del olvido, a partir de la omisión, de los silencios cómplices. La paz se construye a partir de la verdad y de la verdad plena. Esa verdad que empieza a emerger, que empieza a conocerse, es dolorosa, nos va a confrontar como sociedad con muchas historias, muchas de ellas sorpresivas, otras no, muchas van a confirmar lo que muchos pensaron. Va a ser un proceso difícil, doloroso, confrontativo, pero absolutamente necesario. En la medida en que la jurisdicción cumpla con ese propósito central de arribar a una verdad plena que es la única que sana a las víctimas y que garantiza condiciones de no repetición, la jurisdicción y el sistema estarán contribuyendo a la paz en Colombia.

Colprensa - EL NUEVO DÍA. Patricia Linares,  presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP (izquierda) y el magistrado Eduardo Cifuentes, quien fue elegido esta semana para sucederle en el cargo.