“Las víctimas esperan ser reparadas y nada”

COLPRENSA – EL NUEVO DÍA
En dos años que lleva la normatividad, contemplada a 10 años, no existen mayores avances.

La Ley de Víctimas, sin duda alguna, ha sido uno de los más importantes avances en materia de restitución de derechos a los millones de colombianos afectados, de una u otra manera, por el conflicto armado interno.

Sin embargo, su ejecución y puesta en marcha tiene sus peros. O que lo diga Odorico Guerra Salgado, secretario del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas, mecanismo de participación creado por esa norma.

Tiene 40 años y se define a sí mismo “negro, afrodescendiente y palenquero”. Nacido en Aracataca, Magdalena, regresó a mediados del año pasado a su municipio luego de pasar algo más de siete años desplazado en Riohacha, capital de La Guajira, por culpa de la violencia paramilitar que se llevó, por asesinato o desaparición, a varios de sus familiares.

Apenas este año, este ingeniero de sistemas, decidió involucrarse con el proceso de la Ley de Víctimas y hace poco logró, luego de muchas vueltas, llegar a la mesa de víctimas de Aracataca, de la que es coordinador; luego llegó a las mesas departamental y Nacional.

Guerra Salgado estuvo en Bogotá en un foro con las autoridades nacionales y responsables de la Ley de Víctimas a quienes, literalmente, les cantó la tabla.

En entrevista con Colprensa, Guerra Salgado formuló críticas a los trámites engorrosos de la Ley y envió una alerta por la continuación de desplazamientos, homicidios selectivos y el proceso de restitución.

- ¿Cuáles son las fallas burocráticas que han afectado la ejecución de la Ley?

Necesitamos más asistencia técnica, porque igual este proceso es nuevo y todos los líderes y liderezas no tenemos el mismo conocimiento sobre la Ley. Necesitamos la tabla de gastos que tiene que sacar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A veces no les gusta que hablemos de eso pero para nosotros si es fundamental, salimos de nuestras casas y prestamos dinero y cuando llegamos no se nos reconoce.

-Y entonces ¿cómo hacen?

Uno a veces saca recursos de su propio bolsillo pero no siempre hay. Por ejemplo, en el caso de Magdalena para ir de Santa Marta a Santa Ana puedo gastar como 200 mil pesos en un solo viaje y si voy a otro lado, es lo mismo. ¿De dónde voy a sacar un millón de pesos para invertirlo si ni siquiera yo me gano un millón de pesos mensual?

La tabla de alguna manera garantizaría que se reconozcan unos recursos para esos días que estamos haciendo participación efectiva en las mesas y que dejamos nuestros rebusques o trabajos abandonados.

- ¿Qué otra dificultad ven en el día a día?

Se supone que el protocolo de participación se hizo para garantizar la participación efectiva de las víctimas pero no todo lo que este dice se ha venido cumpliendo. Además, yo soy de pueblo étnico. No hay protocolos de participación de víctimas de comunidades negras ni indígenas ni pueblos gitanos. Se está en el proceso de socialización para hacerlos y eso nos deja en desventaja.

- Ustedes han venido criticando la falta de planes de acción en las regiones, ¿qué ha pasado?

Solicitamos encarecidamente al Procurador, que ojalá se asuma un papel más efectivo en cuanto a tema de Gobernadores y Alcaldes para la construcción de los Planes de Acción Territorial porque en su mayoría se escribieron en los escritorios sin participación de las víctimas. Y además, tienen unos presupuestos irrisorios.

¿Cómo nos van a decir en el Magdalena que para todo el año tenemos 15 millones de pesos para hacer participación sabiendo que somos 22 miembros de diferentes municipios y solo en pasajes se va el presupuesto en unas dos sesiones?

- ¿Es falta de voluntad?

Es el plan de acción de lo que se va a hacer con las víctimas cada año. No hay verdadera voluntad de gobernadores y alcaldes para su construcción y eso ha dificultado de alguna forma la participación de nosotros como líderes y liderezas de víctimas porque no hay garantías para hacer las incidencias necesarias. Se supone que la Mesa Nacional le baja información a la mesa departamental y esta, a su vez, a las municipales. Pero, ¿cómo haces tu para informarle a las mesas si ni siquiera tienes recursos para un pasaje?

- ¿Cuáles son las principales quejas que reciben en las mesas?

Estamos muy inconformes con respecto a cómo se hace la medición desde la Unidad Nacional de Protección para la caracterización de las víctimas amenazadas. Los líderes y liderezas siguen siendo asesinados. Se habla de un supuesto postconflicto en el que efectivamente nadie cree porque seguimos en conflicto y en los territorios lo vemos reflejado.

- ¿Cómo?

Después de la instalación de la mesa de víctimas mataron a un líder en Sucre y a otro en el Huila. Sigue habiendo desplazamientos, sigue habiendo reclutamiento forzado de menores en todas las regiones, sobre todo en el Caribe. Eso demuestra que el conflicto sigue vivo, de pronto disfrazado, pero sigue allí latente.

- ¿El riesgo proviene de qué sectores?

Todo sigue igual. Todo el mundo sabe que de alguna manera el paramilitarismo cambió de nombre, solo eso. En la semana que estábamos en San Andrés llevando a cabo el plenario de la Mesa Nacional de Víctimas hubo seis asesinatos y eran las bacrim y eso demuestra que el conflicto está vivo.

- ¿Cómo es el acercamiento con las autoridades en estos casos?

Yo sigo pensado que se piden muchas cosas. Es como cuando tú vas a poner una denuncia y a ti te toca demostrar el acervo probatorio, es así como funcionan las URI. Tienes que demostrar que te robaron, no basta el principio de buena fe como establece la norma.

-La Procuraduría ha dicho que ha habido indemnizaciones pero no reparación integral, ¿es así?

Las víctimas esperan ser reparadas y nada. El Gobierno no tiene la plata para indemnizar. El tema de reparación se vuelve algo complejo. ¿Cómo reparas a una familia a la que le hayan matado a su padre, su madre? No hay como. En los casos de los pueblos, que también el territorio se considera víctima, es peor. Si te expulsaron y no hay como retornar, ¿cómo reparas? Una cosa es la indemnización que es reconocer un dinero por ese daño que sufriste, pero han sido muy pocas.

-¿De qué orden estamos hablando?

Comparado con las cinco millones 700 víctimas que hay, haber reparado poco más de mil 200 es nada. Está pasando más el tema de que le dan a la víctima 17 ó 25 millones de pesos y se lo gasta muy rápido porque no sabe cómo manejarlos o invertirlos.

-Es decir que falta acompañamiento laboral...

Acompañamiento socioeconómico, podríamos decir. Para que la víctima sepa qué hacer con esos recursos y no lo vaya a malgastar. Se supone que se iban a crear unos programas entre el Ministerio de Trabajo y la Unidad de Víctimas pero a la larga vimos que fue el Departamento para la Prosperidad Social el que terminó haciéndolo.

- Con estos detalles que no parecen ser muy visibles en las ciudades capitales, ¿cómo valora la Ley de Víctimas?

Es una muy buena herramienta. Independientemente que sea este un proceso nuevo y que vayamos pagando las novatadas de su articulación, han sido muchas las cosas que se han construido. Sin embargo, los colombianos por tanta cosa nos volvimos fríos e indiferentes. Yo siempre he dicho que la indiferencia es nuestro peor mal, nos habituamos tanto a que hay masacres que se volvió común.

La gente que vive en las grandes ciudades lo nota menos, pero tú que vives en un pueblo donde la mayoría de gente se conoce, ya se trata del hijo de tal, el sobrino de fulano y eso te impacta.

-¿Existe mucha indiferencia?

Nosotros en las mesas intentamos llevar este discurso y concientizar a la gente, a las instituciones, para que no nos miren tan indiferentemente, que todo no se quede en discursos. Que ojalá las palabras no sean vacías y que llegue al corazón de alguien. Si pudiera llegar al corazón de al menos una persona que hiciera algo positivamente por las victimas me daría por bien servido.

- ¿A qué se debe tanta traba y tanto problema?

Le comenté al Procurador acerca de la desarticulación de las entidades en el trabajo de víctimas. Cada una se inventa algo desde su ángulo va y lo aplica. Muchas veces nos vemos convocados a 5 ó 7 eventos en las mismas fechas para los mismos temas y nos parece absurdo porque se podría hacer una articulación y maximizar la efectividad de esos procesos.

- ¿Qué hace falta en el proceso de restitución de tierras?

El día que se va a hacer el retorno va todo el mundo. Van todas las instituciones, la Fuerza Pública. Luego la gente retorna y ya nunca mas nadie se acuerda que retorno y muchas veces esas comunidades vuelven a ser revictimizadas y se tiene que desplazar porque no hay garantías.

-¿Faltan garantías y qué más?

Que se acabe la doble moral. Por un lado se dice que hay garantías pero todo el mundo sabe que las personas que están en las dos Unidades (Unidad de Tierras y de Víctimas) llegaron por puestos políticos. Esto afecta el proceso, hay lugares en donde la cosa sí ha tratado de dar pasitos pero en otros en los que definitivamente no.

- Esta ley está contemplada a 10 años y vamos para dos de su ejecución, ¿Vamos a alcanzar?

No. Ese tiempo es demasiado corto. Es absurdo pensar que en 10 años se va a acabar este conflicto.

- El Defensor del Pueblo pidió al Presidente Santos que los deje participar en La Habana, ¿qué opina?

Me parece bien porque sí hay muchas víctimas de las FARC por despojo, territorio, asesinatos. Sería interesante que dijeran la verdad.

- Se viene un proceso de paz y un posible cambio de Gobierno, ¿teme que esto afecte el proceso de la Ley de Víctimas?

Esperemos que no y si lo afecta ojalá sea positivamente porque de todas maneras nosotros los líderes vamos a seguir luchando por nuestro proceso. No es un capricho, es todo lo que sufrimos y de alguna manera uno merece una segunda oportunidad. En esta ley hay muchas esperanzas, esperamos que estas no se mueran.

Credito
COLPRENSA

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