Crimen organizado, principal problema de la libertad de expresión

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
Uno de los principales retos que tienen los gobiernos para defender y garantizar la libertad de expresión en América Latina es combatir la violencia, sobre todo la que se encuentra de la mano con el crimen organizado. Esta sería la base de los grandes crímenes contra periodistas.

De acuerdo con los estudios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en cabeza de su relatora, la abogada colombiana Catalina Botero, los reporteros que se ven más vulnerados a sufrir alguna censura son los que se encargan de denunciar graves delitos. Se les puede llamar periodistas rasos, ya que se dan a la tarea de investigar a profundidad los temas que muchas veces afectan la imagen de algunos.

Botero, quien recibió el puesto en 2008, ha tenido a su cargo varios casos de connotación, ha afrontado varias amenazas contra periodistas y ha analizado leyes cada vez más duras contra la prensa en algunos países de la región, dialogó con Colprensa sobre esta problemática.

- En el mundo del periodismo existen factores que generan riesgos para el reportero. ¿Cuál sería el principal problema para la libertad de prensa en América Latina?

Existen varias tendencias que son importantes, pero la que podemos catalogar como la más grave de todas es el crimen organizado. Esta es probablemente la causa de violencia más importante, más grave y más atroz contra cualquier periodista.

Hay que destacar, además, que muchas veces los criminales tienen una agenda comunicativa y por supuesto los periodistas independientes, los periodistas de investigación y los periodistas que cubren ese tipo de fuentes, pues, son una amenaza para esas personas.

- Se han conocido casos de periodistas asesinados por revelar investigaciones sobre corrupción o violaciones a los derechos humanos. ¿En ese tipo de situaciones se podría decir que la política también está involucrada?

El peor mundo de todo es cuando los criminales se asocian con los políticos. Una cosa es el crimen organizado, ahí es cuando el Estado defiende a los periodistas.

Pero otra cosa muy distinta es cuando hay una asociación entre políticos, particularmente políticos locales en algunos lugares, y el crimen organizado. Lo que se debe hacer en este tipo de casos es proteger a los periodistas.

- Frente a dicha situación, y teniendo en cuenta que el pasado 19 de febrero fue asesinado el camarógrafo Jhony Steven Caicedo, en Buenaventura (Valle del Cauca), quien ya habría recibido amenazas, ¿como relatora especial para la Libertad de Expresión qué sugiere?

Hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es prevenir los crímenes contra la prensa: en este caso no debe existir un discurso estigmatizante, sino que deben existir instructivos, cursos y capacitaciones para que en ciertos casos, las autoridades sepan cómo relacionarse con la prensa.

Otro punto importante radica en la protección: aunque existan algunos protocolos en algunas regiones, no hay manera generalizada de una política de protección en todos los Estados (…) de forma general creemos que se debe fortalecer todo lo que existe e implementar políticas donde no las hay.

Y la última medida es que debe existir una lucha contra la impunidad: en la mayoría de los casos de crímenes contra periodistas hay total impunidad.

- Pero la lucha contra la impunidad siempre ha sido el ‘jalón’ de orejas para la justicia. Además, porque es difícil llegar a culpar a los verdaderos responsables de los hechos, ya sea porque las pruebas no son suficientes o porque asesinan a los principales testigos…

Normalmente se condena al gatillero, pero no al autor intelectual. Aunque se han conocido condenas a los reales actores, lo cierto es que existen muy pocos casos en donde eso se ha logrado y eso se debe reformar. Creemos que los Fiscales, en este caso, deben entender que esos crímenes tienen que ser rápidamente investigados.

También hay que resaltar que en la mayoría de los asuntos no existen protocolos adecuados de investigación. Cuando asesinan a un periodista es esencial investigar qué estaba escribiendo ese periodista, es decir, a quién pudo haber afectado o molestado. Aquí en Colombia ya se está empezando a trabajar en el tema.

- Usted dice que ya existen esas políticas de protección para los periodistas. ¿En qué lugares se estarían implementando nuevas medidas al respecto?

Aquí existe la Unidad Nacional de Protección. Pero ya hay otros países que están pensando en mecanismos de protección especializados, como México. Lo importante es que esos deben de tener adecuada coordinación interinstitucional, deben tener una respuesta rápida, pero esta debe estar acorde con la función del periodista, es decir, que nunca unas medidas tienen que sofocarlo y obligarlo a abandonar su profesión.

- Sin embargo, aún quedan países como Venezuela, que hoy sufre una terrible violación a la libertad de expresión. De hecho, la censura en el país vecino se ha visto durante los últimos 15 años, pero hoy los medios de comunicación llegaron al punto de no tener papel para impresión de periódicos y otro ya fueron ‘excluidos’. ¿Cómo ve la situación en ese país?

En Venezuela existe un problema muy serio de libertad de expresión, por un lado el régimen jurídico venezolano no tiene garantías suficientes para que los periodistas puedan expresarse libremente. Los órganos que imponen las sanciones son totalmente dependientes del poder Ejecutivo. Las normas que establecen limitaciones son totalmente ambiguas. Hemos sido reiterativos en llamar la atención por este tipo de hechos, sobre todo luego de presenciar la salida del aire de NTN24.

Se ha tomado unas decisiones muy graves. Tanto así que se inicia un proceso contra CNN y no se hace claridad al debido proceso y al derecho a la defensa, así como no se conoce cuáles son las garantías de imparcialidad del órgano que va a revisar una decisión de semejante magnitud.

Un repaso de vida

Antes de ocupar la relatoría de para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero se desempeñó como Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, cargo que desempeñó desde 2005. Además fue directora Nacional de la Dirección de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia, Directora de la Asesoría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fundación Social. Fue asesora del Despacho del Procurador General de la Nación, y profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Credito
COLPRENSA

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