La Procuraduría General de la Nación, parte activa de todo el proceso, hace un llamado al debate, para hacer una reforma concertada, no en el Congreso, sino con las partes que participan en el mismo, como la Unidad de Restitución y los jueces y magistrados, y sobre los inconvenientes que han sido ya detectados.

En entrevista con Colprensa, el Procurador delegado para la Restitución de Tierras, Germán Robles, explica en detalle las dificultades que han encontrado en el proceso, señala que la micro focalización, es decir, el visto bueno en materia de seguridad para arrancar el proceso, es necesario a fin de no producir una revictimización y afirma que el asesinato del líder de restitución Jesús Adán Quinto, es un mensaje muy doloroso de los grupos ilegales.

- Tras dos años del proceso de restitución de tierras, ¿qué balance puede hacer la Procuraduría?

Hay disposición de todas las entidades, muy especialmente de los jueces y magistrados para sacar adelante los procesos, sin embargo se han encontrado algunos inconvenientes que ya se están trabajando entre la Rama Judicial y las entidades del Ejecutivo, con acompañamiento de la Procuraduría. Hay un gran número de sentencias, son más de 350 en dos años.

- Ustedes han identificado ‘cuellos de botella’ en varias fases del proceso, ¿en qué consisten?

En la etapa administrativa hay una queja muy frecuente sobre la baja micro focalización de los predios, requisito necesario para proceder a inscribirlos en el Registro de Predios. Este es un proceso en el que se comprometió el Estado colombiano en medio del conflicto armado y por eso se establece esta etapa previa. Si la micro focalización no se surte estaríamos en riesgo de ordenar restituciones en zonas inseguras y pondríamos a las víctimas en un riesgo mayor al que originó el despojo.

- Las quejas dicen cosas como que el proceso del Ministerio de Defensa qué les puede decir a las víctimas...

La posición de la Procuraduría ha sido que en las instancias que se discuten los temas de la micro focalización, se atienda el concepto de seguridad que brinda la Fuerza Pública. Ir en contra de este, sería poner en riesgo a las víctimas. El día que proceda una restitución y la Fuerza Pública haya dicho que no había seguridad, el daño antijurídico que se va a presentar para el Estado con consecuencias incluso que les puede costar la vida a las personas.

- ¿Cuáles son los inconvenientes en el ‘posfallo’?

El juez ordena la restitución y ordena unas medidas complementarias que llevan a la reparación, medidas que han sido muy demoradas para cumplir. Por ejemplo, brindar electrificación al predio que se restituye, salud y educación a los hijos de las víctimas. Las instituciones no estaban preparadas.

- ¿Hay inconvenientes para la entrega efectiva del terreno luego de la orden del juez?

En la adjudicación, el Incoder ha hecho reparos desde el punto de visto técnico. Igualmente, el Instituto Agustín Codazzi, cuando se le adjudica el predio a la persona, encuentra que este no corresponde con la información que tienen en Catastro Y, por último, a la Superintendencia de Notariado le queda complicado registrar las medidas que ordena el juez. Todo esto sucede porque estas entidades no acudieron a la etapa del proceso y por eso estamos trabajando con esas entidades para articularlas y que cuando el juez emita el fallo tengamos la plena certeza de que se va a cumplir.

- ¿En qué regiones preocupa el avance del proceso de restitución?

En la zona de la Costa Atlántica, donde hay muchas solicitudes de restitución, se ha avanzado bastante. Los primeros casos fueron en Mampuján (Bolívar) y salieron muy rápido al igual que en Tolima. Pero cuando vamos a otras zonas del Magdalena, en el Cesar, el sur del Cesar, en Santander, ya nos hemos encontrado con mucha presencia de opositores. Inclusive norte de Santander.

- ¿Quién es el opositor? ¿Es una persona que legítimamente piensa que esa tierra es suya, o estamos hablando de testaferros?

Es muy bajo el número de opositores que correspondan a características de grupos armados, hay excepciones muy contadas de casos de narcotráfico y paramilitarismo. En términos generales, los opositores son campesinos de la zona, o que llegaron desplazados y se quedaron en tierras abandonadas o las compraron a bajo precio a otra víctima. Estamos ante dos víctimas y por eso el llamado que hemos hecho a las entidades, a los jueces y a los magistrados, es que hay que buscar una solución equitativa.

- Hay un informe de la fundación Forjando Futuros que dice que de 54 mil solicitudes, se han fallado 964, ¿por qué?

A través del Observatorio de Restitución de Tierras detectamos eso en el mes de diciembre. Hay un bajo número de sentencias frente a la expectativa que se tenía pero es indudable que más de 350, es un logro si lo comparamos con otros proyectos de justicia transicional en el país como Justicia y Paz. Es preferible que tengamos plena seguridad que en los procesos estamos reconociendo los derechos a quienes son y no tener una cantidad de sentencias que sean cuestionadas, que pierda legitimidad el proceso por haberse cometido una injusticia.

- ¿Pero sí hay que meterle el acelerador?

Hay un ‘cuello de botella’ en la etapa administrativa, en el proceso de visitar un predio, identificarlo, hacer el levantamiento topográfico, etc. Muchas quejas dicen que la Unidad va a los territorios y no se identifica plenamente, no le comunican a la persona qué diligencia se está adelantando. La Unidad tiene el personal para agilizar ese proceso. Lo que está micro focalizado hay que sacarlo ya. En enero nos informaron en una visita que se hizo a la dirección territorial de Valledupar que de 4 mil solicitudes, solo 1.800 estaban en zonas micro focalizadas y esas están en estudio.

- Se anunció que hay un proyecto de reforma al proceso de restitución que busca que cuando no haya opositores, el bien se restituya por vía administrativa. ¿Están de acuerdo?

Tenemos la información de prensa simplemente. No conocemos un proyecto en concreto, pero sí nos causa preocupación que se discutan aspectos del funcionamiento de la Ley con las instancias que no han tenido el conocimiento profundo de cómo se ha ejecutado la Ley. Sería muy importante que cualquier modificación de la Ley tenga en cuenta estas observaciones que se han hecho por las partes del proceso, como la de jueces y magistrados. Nuestro llamado es que para una modificación se tenga en cuenta las garantías establecidas en la Ley para las víctimas, pues hay logros muy importantes que no se pueden ir al traste con cualquier modificación. Que la modificación se concentre en los cuellos de botella detectados para brindar una herramienta legal que agilice el proceso.

- ¿Mejor una modificación en la parte administrativa?

Sí. Hay factores en cada una de las etapas que con alguna modificación se pueden acelerar. Sin embargo, hablar en principio de restitución por vía administrativa en los casos en que no haya opositor, sí nos parece muy arriesgado. Los procesos que no han tenido opositor han sido muy complejos y nuestra posición es que esto debe mantenerse tal y como está y que sea un juez el que decrete la restitución, aún sin opositor.

- Es decir, ¿la Procuraduría no está de acuerdo con la reforma propuesta?

Pues no tenemos el proyecto de Ley por eso no nos podemos oponer tampoco, no conocemos. Hacemos un llamado para que las propuestas sean estudiadas muy detalladamente.

- Que sea una reforma concertada y no a la ligera...

Exactamente. La Procuraduría llama al debate. En Colombia en este momento no hay personas más capacitadas que los jueces y magistrados de restitución de tierras para hablar de las debilidades del proceso, así como los Procuradores Judiciales y la Unidad de Restitución.

- ¿Han pensado hablar con el Ejecutivo?

Sí claro. Nosotros siempre hemos brindado nuestro apoyo. Lo que sí podemos decir tajantemente es que el criterio de la oposición, no es el que puede determinar si la restitución va por vía administrativa o no.

- ¿No lo agiliza?

Hay casos en que podría proceder, pero no es necesariamente por el opositor. Entre otras porque muchos procesos han tenido opositores pero no han sido reconocidos porque llegaron por fuera del plazo y el juez ya no lo pudo aceptar. Es más, estamos hablando que muchos campesinos, sin saber leer y escribir, han tenido que llegar a defender su predio y ni siquiera sabían en qué etapa tenían que participar. Esto, porque entre otras no han tenido una asistencia jurídica por parte del Estado. Ya la Defensoría del Pueblo llegó al proceso y estamos trabajando en cómo darles asistencia

- El día de las víctimas fue asesinado Jesús Adrián Quinto, líder de restitución. ¿Qué significa esto para el proceso?

Es supremamente grave. Aparte de la magnitud de la tragedia que es asesinar a una persona, hacerlo en el día de las víctimas, deja un mensaje muy claro de un actor armado ilegal que quiere desestabilizar el proceso. Él era un líder en la zona de Curvaradó y Jiguamiandó. A esta delegada de Restitución de Tierras le ha dolido mucho porque tuvimos la oportunidad de compartir con él. Por la memoria de él toca seguir el proceso y ojalá se logre a buen término.

- ¿Qué quejas han tenido en materia de seguridad?

Queda un tema por resolverse en debida forma y es la seguridad de Jueces y Magistrados en zonas como en Carmen de Bolívar, Apartadó, Barrancabermeja que están en un alto riesgo por ser quien define el proceso de restitución de tierras. La seguridad para todas las partes es muy importante porque, de no existir plenas condiciones, el proceso se iría al traste.