La normatividad ha sido considerada por la Conferencia Episcopal un ‘Decreto para la prevención de abuso contra menores’ y de un texto base, las jurisdicciones (Diócesis y Arquidiócesis) están haciendo sus manuales.

En Cali, por ejemplo, el arzobispo Darío de Jesús Monsalve confirmó que el documento está listo y que se dará a conocer este mes.

“El Decreto 406 del 10 de marzo de 2014 ya fue firmado y estamos en proceso de editarlo en diversas formas pedagógicas y socializarlo; así como empezar a aplicarlo, con todas las implicaciones, para atender este tema tan sensible”.

El documento, que es de obligatoria adopción, invita a no callar los casos, a denunciarlos y a que cada persona se haga responsable de sus actos.

Según la Conferencia Episcopal, un 60 por ciento de las jurisdicciones ya lo han ido adoptando.

Su objetivo es “proteger a los niños de una situación de la que nos han señalado a los sacerdotes como si fuéramos los únicos del problema, pero se está haciendo con empleados de las parroquias y todos los que tienen que ver con la Iglesia porque necesitamos curarnos en salud”, expresó Guillermo Orozco, obispo de Girardota, Antioquia, donde se firmó el Decreto en octubre de 2013.

Para la abogada Claudia Patricia Ceballos Borrero, con estos decretos “claramente se puede ver la necesidad de la Iglesia por reconciliarse con la sociedad con respecto a estas conductas.

“Ahora, le están dando la importancia a la responsabilidad de estos individuos y dando el reconocimiento oficialmente de la atención que se debe dar a este tipo de denuncias”.

Juan Álvaro Zapata, director del Departamento de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Colombiana, dijo a esta redacción que desde hace dos años el episcopado está trabajando con gran interés en el tema.

Explica qué se puede considerar como un delito sexual “una invitación, una incitación verbal, tocar al menor o que haya un acto sexual específico genital.

“Y hablaremos de pedofilia en caso de menores de 13 años y su abusador es mayor de cinco años. Y efebofilia, para quienes están entre los 14 y 18 años, y su abusador es mayor de cinco años”, anota.

Además, quien hace una denuncia por una situación de abuso puede presentarla a nivel canónico y con la justicia civil; y el acusado, así sea miembro de la Iglesia, “debe asumir los gastos y las indemnizaciones que ese proceso lleve.

“La Iglesia ofrece ayuda espiritual, psicológica y social para que la persona se restablezca en su dignidad, en su condición humana, pero la defensa corresponde a la persona”, aclara Zapata.

Anota que es necesario, al denunciar, “dar la cara porque también llegan denuncias anónimas y esas no valen”.

El Decreto también permitirá que se juzguen todos los casos que se presenten “no importa el tiempo en que hayan sucedido los hechos.

“No hay términos de vigencia, de hacer un procedimiento legal y canónico. No hay unos años máximo para decir que no se le hace ningún procedimiento, cualquier denuncia es investigada”, señaló Zapata.

Y se contempla que las víctimas reciban apoyo por parte de la Iglesia. En Cali, la Arquidiócesis de Cali creará la Fundación Nacer (Niños Abusados Compromiso de Educación y Rehabilitación) para ayudar en el proceso de acompañamiento y “para mirar la vida de otra manera y superar esta situación que les afectó”, indicó Monsalve.

EN OTRAS CIUDADES

En Girardota, Antioquia, las disposiciones del manual ya se aplican en las actividades, por ejemplo, en “las catequesis y en las convivencias con niños se exigen que vayan padres de familia para que ellos estén vigilantes y sean testigos de que las cosas marchan bien”, cuenta el obispo Orozco.

En Barranquilla ya están el Decreto y el respectivo manual en el que se dan pautas de comportamiento (ver listado). Fue publicado en febrero pasado y su socialización ya está en marcha.

En jurisdicciones como Girardot, Ibagué, Tunja, Bogotá, El Espinal, Riohacha, Sonsón- Rionegro, entre otros, estos decretos ya están operando.

Pedro Ortiz, catequista en Cali desde hace 25 años y quien deberá acogerse a lo que dispone el decreto, explica que este reafirmará su labor porque “los catequistas, por formación, estamos en la obligación de denunciar estos casos de forma inmediata”. Y asegura que lo ideal también sería tener una información básica en temas legales para orientar a las familias sobre qué hacer.

Por su parte, la defensora de familia Silvana Uribe López, considera que esta es la manera más sana en que la Iglesia puede aportar en la prevención de casos y crear conciencia en la necesidad de denunciar y no callar el abuso