El Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) socializó ese día el documento ante gremios, universidades públicas y privadas, asociaciones de universidades, profesores y estudiantes. Allí se recogen los planteamientos de una política pública para ser incorporada al Plan Nacional de Desarrollo para mejorar la calidad de la educación superior en las próximas dos décadas.

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana y vocero en el Cesu de las Universidades Privadas, explicó que se trata “del más ambicioso proyecto de consenso de orden nacional, con participación de expertos internacionales”.

Velásquez señaló que “fueron dos años de reuniones con mil 200 horas invertidas de trabajo, en el que participaron más de 30 mil personas, 400 libros y documentos de investigación consultados, para presentar una propuesta de política pública en educación para las próximas dos décadas”.

La mencionada propuesta contiene tres puntos clave: primero, la creación de una Superintendencia de Educación, con función de inspección y vigilancia, que debe armonizarse con la autonomía universitaria establecida por Constitución; segundo, la creación de la Agencia Nacional de Calidad; y la creación de la Agencia de Internacionalización de la Educación Superior.

Además, se busca armonizar las funciones que ejecutan diversos organismos como sucede con Colciencias, el Icetex y el Ministerio de Educación, entre otros.

“La financiación de esta política pública, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo -quien preside el Cesu- demandará recursos por 34 billones de pesos en las próximas dos décadas. Para el período 2014 - 2018 se incorporarán seis billones de pesos y así hasta 2034”, dijo la funcionaria.

Un gran avance

A pesar de la complejidad del documento, el resultado final dejó satisfechos a unos, y a otros con muchas dudas. Por ejemplo, Obdulio Velásquez destacó que algunas de las propuestas (ver recuadro) ya se están implementando.

“Hay propuestas de ejecución inmediata, otras requieren de recursos, otras requieren de más estudios, pero su aplicación es cuestión de voluntad política. Lo que estamos presentando es una línea de trabajo para los próximos cinco gobiernos. Ahora lo que viene es la socialización del documento y que el Gobierno la incluya en el Plan Nacional de Desarrollo”, destacó el vocero de las universidades privadas.

A su turno, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria, coincide con Velásquez en el avance que significa el presupuesto destinando al sector educación en el presupuesto nacional.

“Por primera vez el presupuesto para educación supera al de Defensa, lo que muestra el compromiso del Gobierno”, dice el catedrático, y agrega que el documento del Cesu da pasos importantes para una verdadera reforma a la educación. “Si Colombia toma en serio esta propuesta, podríamos alcanzar niveles altos de educación como Brasil y otros países del continente”.

No obstante, Sanabria considera que el documento se queda corto en algunos aspectos. Se refiere, por ejemplo, a la ‘profesionalización’ de los docentes. “Aquí se está apuntando a la investigación y la creación, para que los profesores no se especialicen en echar el mismo cuento durante 30 años”.

En ese sentido, dice que “es necesario” crear la categoría del ‘profesor itinerante’, que, en su opinión, no debe estar circunscrito a un aula, a facultad o a una universidad.

“Deben ser profesores con Doctorado, capaces de enseñar en cualquier curso o cualquier semestre y en cualquier región del país con la misma calidad que se enseña en Bogotá o las grandes ciudades”.

La mane se marginó

Quienes no quedaron satisfechos con el estudio son los estudiantes representados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), quienes afirman que no fueron invitados, aunque según el rector de La Sabana “ellos se marginaron voluntariamente”.

Entre tanto, Juan Sebastián López, vocero de la Mane, afirma que “vemos con profunda indignación que se diga que participamos, cuando no nos invitaron”.

Pero más que eso, el líder estudiantil explica que el ‘Acuerdo por lo Superior 2034’ “no dice una sola palabra” de dos temas que para su organización son determinantes: el Icetex y la deuda con las universidades públicas.

“Me parece gravísimo que no se diga una sola palabra sobe la deuda actualizada que suma 12,5 billones, que el Estado les adeuda a las 32 universidades públicas, y en el sector de las universidades privadas, donde está la mitad de los estudiantes del país. Tampoco se dice nada de la burbuja de créditos en el Icetex. Entonces el documento hay que medirlo por lo que dice y por lo que no dice”, afirma López.

El vocero de la Mane dice que el año pasado los estudiantes presentaron al Gobierno su propio borrador de propuesta, que se basa en duplicar durante cinco años el presupuesto para las universidades públicas.

De cualquier manera, Obdulio Velásquez concluye que el documento del Cesu se logró por lo ocurrido en 2011.

“El Gobierno retiró su proyecto de reforma a la Educación gracias a la presión estudiantil desde la Mane. Fruto de esa protesta hoy tenemos un documento que recoge una propuesta de política pública que se dio en una discusión nacional”.

La propuesta del ‘Acuerdo por lo Superior 2034’ se basa en 10 puntos principales:

1. Aumentar la cobertura de la educación superior y la inclusión de poblaciones vulnerables

2. Mejorar radicalmente la calidad de las instituciones

3. Acercar la ciencia, la tecnología y la investigación a las realidades del país, para que aporten más al desarrollo local.

4. Promover una educación superior pertinente para las regiones

5. Articular mejor la educación media con la superior y la formación para el trabajo

6. Mejorar las condiciones de bienestar de profesores y estudiantes

7. Apropiarnos decididamente de todas las posibilidades que ofrece la educación virtual

8. Avanzar en la internacionalización de nuestro sistema de educación y ser más competitivos

9. Diseñar un nuevo modelo de inspección y vigilancia que permita más calidad y transparencia

10. Asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior