En Achí, municipio del suroccidente de Bolívar, atravesado por el río Cauca y vecino del departamento de Sucre, nadie quiere hablar. El miedo lo impusieron las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’, y sus controles afectan a por los menos tres mil personas.

La situación ocurre desde hace varias semanas, cuando integrantes de esta organización criminal que hacen presencia en la región les prohibieron a los habitantes de varias veredas el acceso a alimentos, obligaron a los dueños de las tiendas de víveres a cerrar, restringieron la circulación por las calles después de las 6 de la tarde y les impusieron ‘cuotas’, extorsiones que deben pagar en dinero, con alimentos o con lo que tengan en sus casas.

Las víctimas de esta zona de Bolívar son campesinos que viven en el centro de La Mojana, región irrigada por los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, que forman ciénagas y caños, y que está conectada con Antioquia, Cesar, Córdoba, Santander y Sucre.

Este atractivo geográfico ha sido utilizado desde hace cuatro décadas por la guerrilla y de forma reciente por ‘Los Urabeños’, que buscan el control de la producción de cocaína en la región.

Las autoridades y las organizaciones de víctimas que conocen el Magdalena Medio advierten que los corregimientos más críticos son Río Nuevo y Tacuyalta, que están sobre una subregión conocida como El Corcovado, donde la banda criminal tiene confinada, es decir aislada, a la población. La amenaza es tal que por lo menos tres mil personas están en riesgo de desplazarse de forma masiva por miedo.

Aunque nadie se atreve a señalar a los responsables, los pobladores de Achí están atemorizados no solo por las prohibiciones que impuso la banda criminal sino por los asesinatos que han ocurrido en lo que va de 2014. Los medios de comunicación local registraron en enero el asesinato de un mototaxista y en julio, los de otro conductor y un comerciante. A principios de agosto, en las aguas del río Cauca, los habitantes encontraron un cuerpo decapitado.

Sin embargo, las autoridades tienen conocimiento del ‘camino de la muerte’, una trocha entre Achí y el vecino municipio de Tiquisio, donde ‘Los Urabeños’ torturan y luego asesinan a sus víctimas, la mayoría de ellas provenientes de los municipios de Guaranda, en Sucre, o de Tiquisio y Montecristo, en Bolívar.

En la región, cuentan algunos pobladores, ‘Los Urabeños’ visten de civil y cobran en las veredas ‘vacunas’ a los mineros que explotan oro y a los cultivadores de coca.

“Las bandas criminales se instalaron en la zona porque quieren controlar el negocio del narcotráfico. Para eso han hecho alianzas con la guerrilla”, indica un conocedor de la región cuya identidad se reserva por razones de seguridad.

Una estrategia de ‘Los Urabeños’ para aumentar no sólo el número de integrantes en sus filas sino para ‘controlar’ la región ha sido el reclutamiento. Con promesas de un pago en dinero o de regalos, los niños son utilizados como ‘delatores’, recolectores de hoja de coca conocidos como ‘raspachines’ o vigilantes de las retroexcavadoras que rasgan la tierra para extraer oro.

Autoridades locales advierten, además, que algunas niñas han sido abusadas sexualmente, pero nadie se ha atrevido a denunciar la tragedia por temor a represalias.

Los pactos rotos

 La violencia que hoy sufren los habitantes de Achí es el resultado de la mutación de los actores armados y de alianzas rotas entre ellos. Después de la desmovilización, en la zona aparecieron hombres rearmados que llegaron amenazando con el rótulo de ‘Águilas Negras’. Más tarde mutaron y se incorporaron a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Viendo que tenían una nueva competencia en terreno, las guerrillas de la zona decidieron hacer un pacto en 2009. El ELN y las Farc acordaron que retomarían el control de la producción y rutas del narcotráfico, y que sostendrían el ‘modelo’ de financiación de su aparato de guerra con el cobro de extorsiones a la producción de cocaína y a la extracción de oro.

Después de Nariño, Putumayo, Guaviare, Cauca y Meta, Bolívar fue entre 2007 y 2009 uno de los municipios del país con más hectáreas de coca sembradas al año, cinco mil hectáreas, según el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y El Delito. De acuerdo con registros de las autoridades, el pacto entre las guerrillas se quebró en 2011 cuando el Frente 37 de las Farc se alió con ‘Los Urabeños’. El nuevo acuerdo consistió en hacer una llave para sacar del ‘negocio’ al ELN. En agosto de 2011, la prensa local registró una masacre en la vereda Casa de Zinc, municipio de Montecristo. Según los testigos, integrantes de la banda criminal llegaron a un asentamiento y asesinaron a tres personas acusándolas de ser “colaboradores del ELN”.

‘Los Urabeños’ instalaron, desde 2011, varios retenes en los caminos veredales, reteniendo a jóvenes, varios de ellos mototaxistas, para extraerles información; también comenzaron a reclutar menores. Para ese año, las autoridades advirtieron que a los niños que utilizaban como ‘raspachines’ les pagaban 800 mil pesos al mes, mientras a quienes les encargaban el cuidado de las retroexcavadoras para la explotación del oro les daban 200 mil pesos.

Según datos del Dane, los municipios del sur de Bolívar presentan altos índices de pobreza. En Tiquisio, por lo menos 12 mil de 60 mil habitantes viven en la miseria, lo que hace a los niños y jóvenes más susceptibles de ser reclutados.

En la actualidad, la alianza Farc-Urabeños continúa. Los primeros se encargaban del cultivo y la producción, mientras los segundos compran, distribuyen y exportan. Las autoridades han identificado que una gran parte de los integrantes de la banda criminal son exparamilitares de diferentes grupos, la mayoría del Bloque Central Bolívar y del Frente Mojana que conocen las rutas del narcotráfico.

Con amenazas y crímenes, la banda criminal ha logrado atemorizar a toda la población. El más reciente caso fue el del concejal de Tiquisio, Yair Guillermo Hernández, quien presuntamente fue asesinado por no haber pagado unas extorsiones que pedía el grupo armado ilegal.

En Achí, ‘Los Urabeños’ se creen los dueños de todo, al punto que hasta prohibieron el tránsito de animales incluso antes de caer la tarde, controlan la duración de las llamadas telefónicas que hacen los habitantes y ahora, el acceso a alimentos.

Las autoridades locales hacen un llamado urgente al Gobierno nacional para que ponga los ojos sobre esta región y todos los municipios del sur de Bolívar, pues sus habitantes no se atreven a contar lo que sucede por miedo a que ‘Los Urabeños’, como han hecho otros casos, cumplan con las amenazas. 

El lastre que carga el sur de Bolívar

Las tierras de Achí son fértiles y de ello sabían los colonos provenientes de la Costa Caribe, los Santanderes, Boyacá y del Oriente antioqueño, que pronto lograron convertirlas en sembradíos de pancoger y arroz. Sin embargo, el complejo cenagoso también fue un atractivo para los narcotraficantes, quienes, en los años ochenta, vieron allí una ‘mina’ para el negocio del tráfico de estupefacientes.

En la zona podían sembrar hoja de coca, procesarla, extraer la cocaína y distribuirla por un circuito que va del sur de Bolívar, cruza los departamentos de Córdoba y Sucre, hasta llegar al Golfo de Morrosquillo, desde donde se embarca a los mercados internacionales.

El drama de Achí es una réplica de lo que sucede en el sur de Bolívar y en otros municipios como Tiquisio, Norosí y Arenal. El narcotráfico ha sido el combustible de la violencia que han generado guerrilleros, paramilitares y de forma más reciente, las bandas criminales. Según varios informes de organizaciones de derechos humanos, los primeros en quitarles la tranquilidad a los pobladores fueron los subversivos del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las Compañías Simón Bolívar y Guillermo Ariza, del ELN, así como el Frente 37 de las Farc.

En complicidad con los narcotraficantes que estaban en la zona, que ya habían incluso instalado pistas para el aterrizaje de avionetas para el transporte de la droga, la guerrilla se hizo más fuerte atemorizando a la población.

Los insurgentes se encargaban de controlar el cultivo y les cobraban a los traficantes la coima o gramaje por la cantidad de hoja que luego sería procesada. Estos cobros también se los exigían a los mineros. En Norosí, por ejemplo, un pueblo donde hay explotación aurífera, la guerrilla extorsionaba a todo aquel que sacara una pepita de oro.

Según lo documentó la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (anteriormente conocida como de Justicia y Paz) a finales de los años noventa, el negocio comenzó a ser disputado por facciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). A finales de 1995, los hermanos Castaño tenían un brazo del paramilitarismo en la región. Comenzó a ser conocido como el Frente Mojana, liderado por Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, sembrando el terror en varios municipios de Sucre y Antioquia, así como en Montecristo, San Jacinto y Achí, en Bolívar.

A partir de 2000, en el sur de Bolívar también hizo presencia otro grupo paramilitar, un tentáculo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se trató del Bloque Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Rodrigo Pérez Alzate. Este grupo operó en San Blas, Morales, Tiquisio, Río Viejo, Arenal, Simití, Santa Rosa del Sur, Paraíso, Vallesí, El Piñal, San Luis, Pozo Azul, San Pablo, Cantagallo, Barranca de Loba, Altos de Rosario, el Peñón y Castilla.

Guerrilleros y paramilitares entraron en guerra por el dominio del negocio, situación que ocasionó masivos desplazamientos de población civil entre 1997 y 2006 de los 16 municipios que integran el sur de Bolívar, según el registro de la Unidad Nacional de Víctimas. El período de presencia paramilitar también generó una ola de violencia que expulsó a mucha gente del campo y que terminó viviendo en asentamientos construidos irregularmente en poblaciones de los departamentos limítrofes.

El Bloque Sur de Bolívar se desmovilizó en enero de 2005 y un mes después lo hizo el Frente Mojana, bajo los acuerdos de las AUC con el Gobierno nacional. Por decisión del entonces presidente de la República, el máximo jefe de ese grupo armado, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, y ‘Ramón Mojana’ fueron extraditados en mayo de 2008 a Estados Unidos para que respondieran por cargos asociados al tráfico de drogas. Por su parte, alias ‘Julián Bolívar’, espera que la Corte Suprema de Justicia decida una solicitud de extradición.

En la región los pobladores pensaron que con el abandono de las armas de las distintas facciones de las AUC se iba a reducir la violencia, pero la guerrilla siguió en la región y el conflicto recrudeció con la aparición de las bandas criminales, surgidas a mediados de 2006, una vez concluyeron las desmovilizaciones colectivas de las AUC.