Este consorcio está integrado por la firma brasileña Odebrecht y por la colombiana Valorcon, quienes antes de terminar el 2016 deberán entregar indicadores definitivos que permitan la navegación las 24 horas desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, con un impacto en 57 municipios.

Además, deberá garantizar obras de encauzamiento, dragado y mantenimiento en 908 kilómetros, asegurar una profundidad de siete pies para que se movilicen convoyes entre seis mil y siete mil toneladas en los próximos 13.5 años.

“Este es sin duda el comienzo del renacer del río y el punto de partida para el resurgir de muchos municipios intermedios que con este proyecto tendrán finalmente oportunidades para alcanzar un desarrollo más homogéneo”, dijo Augusto García director de Cormagdalena.

Dijo además que es importante recordar que Cormagdalena solo le pagará al contratista una vez haya ejecutado las obras y estén funcionando en las condiciones necesarias para que puedan movilizarse convoyes de cerca de siete mil toneladas.

“Este es el proyecto más ambicioso del Gobierno, no solamente en infraestructura sino en generación de desarrollo. Producirá un crecimiento más equitativo y mejorará la competitividad a una vasta zona del territorio nacional que ha estado abandonada. Servirá también, para poner al país a la par de naciones desarrolladas, con ríos activos y navegables, que desde hace muchos años entendieron las múltiples ventajas que ofrece el transporte fluvial”, destacó.

Entre los beneficios que ofrece el proyecto está la reducción del precio del movimiento de la carga hasta en un 30 por ciento y generar más puntos de comercio e intercambio a lo largo de la red fluvial y así mejorar las economías locales.

Este proceso de contratación pública, que inició desde 2013, fue acompañado por la Procuraduría y una comisión de expertos designada por el presidente Santos, ya que aunque se presentaron tres firmas en el proceso de precalificación, solo un consorcio —Navelena— presentó una propuesta final.