Si las cifras oficiales estuvieran libres de dudas, la instalación de un sistema electrónico de detección e imposición de multas de tránsito en Ibagué –que el Gobierno municipal proyecta entregar en concesión a particulares– podría convertirse en un negocio rentable.

Con una inversión inicial de $5.645 millones, el sistema reportaría en el primer año ingresos por $39.170 millones y superiores a los $155.000 millones en el año número 20, cuando los operadores deberán revertir su concesión.

Los estimativos están contenidos en un estudio de factibilidad que la Alcaldía presentó ante el Concejo y se basan en un cálculo, según el cual cada cámara instalada en 22 puntos clave de intersección vial entregaría evidencia para la imposición de 792 comparendos diarios, 23.760 al mes y 285.120 al año.

Sin confiabilidad

Sin embargo, las cifras no parecen confiables para los expertos. La proyección parte del supuesto de que los recaudos serán constantes y ascendentes y desconoce, por ejemplo, que la instalación de las cámaras tiene un objeto preventivo que, si se logra, produciría un descenso en las infracciones y moderaría progresivamente los recaudos.

El estudio fue hecho por Alejandro Méndez, un ingeniero experto en la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado, que sin embargo contó con la suerte de hacerse a un contrato de consultoría para conceptuar sobre la viabilidad del proyecto de las fotomultas, por el que solo cobró $14 millones.

Las dudas alrededor de sus cálculos crecieron aún más cuando entraron en abierta contradicción con un estudio presentado por la secretaria de Tránsito de la ciudad, Martha Pilonietta, en una de las reuniones de socialización de la iniciativa.

Según ella, los ingresos para el primer año serían de $12.000 millones; es decir, inferiores en cerca de 70 por ciento a los estimados por el consultor contratado por el alcalde de la ciudad, Luis H. Rodríguez.

¿Negocio a la medida?

Aun sin que hubiera claridad sobre la estructura financiera del proyecto, el Concejo Municipal aprobó el 5 de junio el Acuerdo 011, que facultó al Alcalde para contratar, ya fuera por concesión o mediante otra modalidad, toda la operación del sistema de las fotomultas.

Para entonces, el mandatario ibaguereño ya tenía sobre su escritorio propuestas de dos alianzas público-privadas para la ejecución de la iniciativa. Medios locales tan influyentes como el diario EL NUEVO DÍA aseguran que detrás del proyecto están empresarios antioqueños que hacen un esfuerzo por llevar su modelo de concesión a todo el país y por hacerse a una posición dominante.

Una de las alianzas propuestas es encabezada por la firma Intelligent Technology Solutions Inc., representada legalmente por Juan Guillermo Puerta Zuluaga. Esta compañía tiene como aliada a Quipux, empresa producto de una sociedad de los hermanos Álvaro León y Hugo Alberto Zuluaga Giraldo.

Quipux se hizo famosa en 2007, cuando diseñó un sistema para unificar la información de todos los vehículos del país, sus propietarios y sus infracciones.

Para ello desarrolló un software denominado Qx-tránsito. Debido a que la aplicación fue concebida como un “modelo universal”, el Ministerio del Transporte se encargó de que las oficinas de tránsito de todo el país tuvieran que adquirirlo. Según sus consideraciones, no existía otra manera de interactuar en línea con la central de información nacional creada por ley.

Como lo reveló Dinero en su momento, los 236 organismos territoriales de tránsito, 250 centros de diagnóstico automotor, 465 centros de enseñanza, 286 centros de reconocimiento de conductores, siete aseguradoras, importadores y ensambladores de vehículos lo adoptaron.

El tándem conformado por Intelligent Technology Solutions y Quipux se ha encargado de ofrecer el software a varias alcaldías del país. Con la esperanza de hacerse a concesiones que lo habilitarían como operador único, presentó ofertas en varias latitudes y estaría encontrando en Ibagué el campo abonado para el florecimiento de su negocio.

La pregunta que ronda en los círculos sociales y empresariales de la ciudad es si el proyecto de las fotomultas está hecho a la medida de ese tándem, aparentemente empeñado en establecer una posición dominante.

Eso explica por qué el proceso previo a la concesión desata por estos días una tempestad en la capital tolimense.

El alcalde Rodríguez está a la defensiva y no parece ir dispuesto a otorgar la razón a quienes, tal como el Zar Anticorrupción de la Presidencia de la República y el Gobernador del Tolima, creen que su proyecto de instalar en la ciudad cámaras para detectar las infracciones de tránsito puede llevarse de calle la ley y la moralidad administrativa.

La mayoría de 11 a cuatro que Rodríguez consiguió en el Concejo, cuando este aprobó el Acuerdo de Facultades, se convirtió en otro motivo de suspicacias que se sumaban a las que ya rondaban el proceso.

Por lo menos tres de los concejales, Diana Haidy Castro, Jorge Bolívar y William Rosas, que horas antes advertían sobre la posibilidad de un “negociado” en ciernes, dieron una voltereta de último momento y terminaron votando a favor.

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, prestó atención a las voces de los críticos, entre ellos el presidente de Fenalco, Guillermo Botero; el abogado y exfuncionario de la Alcaldía, Eduardo Bejarano -actual servidor del Ministerio del Trabajo-, e influyentes periodistas que le han hecho un riguroso seguimiento al caso.

Merchán no desestimó argumentos y el 24 de julio envió una carta al alcalde Rodríguez para pedirle que se abstuviera de sancionar el Acuerdo (vea en Dinero.com el video con declaraciones de los críticos).

El zar anticorrupción previno a Rodríguez sobre la imposibilidad legal de entregar en concesión a particulares el recaudo, administración, liquidación y distribución de multas. También, sobre una dualidad que se encuentra en el acuerdo sobre la escogencia del concesionario, ya fuera mediante un proceso de licitación pública o por cualquier otra modalidad, cuando el Estatuto de Contratación Pública obliga a que se haga exclusivamente mediante licitación.

Con todo, Rodríguez sancionó el Acuerdo. El sábado 16 de agosto, un día después de que el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, lo objetara ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, recibió en su casa a los enviados de Dinero.

Versión del Alcalde

 En compañía de sus secretarias de Tránsito, Martha Pilonietta, y Jurídica, Sandra Gómez, defendió sus actuaciones y se declaró víctima de ataques infundados y malquerencias que, según él, han creado enormes sesgos en la opinión.

El Alcalde aseguró que el Zar Anticorrupción y el Gobernador están equivocados en la interpretación de la norma en la que se sustenta una iniciativa que, a su juicio, permitirá a Ibagué librarse del sambenito de ser la cuarta ciudad del país con mayor índice de mortalidad en tránsito.

Sin embargo, dijo que el Acuerdo no es, ni mucho menos, la piedra angular de una gestión con la que pretende dejar montado un sistema de tránsito seguro y moderno.

“El Concejo -explicó- nos dio una simple autorización. Pero nosotros tenemos otras alternativas, al punto de que ya se han estructurado dos posibles alianzas público-privadas”.

El debate no ha terminado y, como suele ocurrir en el país en el campo de la contratación administrativa, será zanjado en un estrado judicial.