Restituir predios abandonados o despojados cuando el conflicto armado aún se siente con rigor en aquellas zonas donde se concentran las reclamaciones de tierras es una de las tareas más complejas que afronta hoy el Gobierno nacional.

Al frente de esas labores está Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, una dependencia creada por la Ley 1448 de 2011 con el objetivo de atender las solicitudes de restitución y, tras una exhaustiva investigación y documentación, llevarlas ante los jueces especializados para que decidan si esos predios reclamados son devueltos a sus dueños originales o quedan en poder de quienes hoy los tienen.

Desde el 1 de enero de 2012, cuando entró en vigencia la Ley 1448, un poco más de 60 mil personas han solicitado la restitución de los predios que tuvieron que abandonar o que les fueron despojados en medio del conflicto armado. Hasta el momento, los jueces especializados de restitución han fallado sobre mil 400 casos.

En terreno, las comunidades campesinas, indígenas y afros, pero también los funcionarios que documentan las reclamaciones, se han encontrado con la presencia de actores armados ilegales o de personas que se oponen a la restitución que hacen más difícil la tarea encomendada a la Unidad de Tierras.

Sabogal habló con VerdadAbierta.com sobre estos y otros temas, entre ellos, la situación de algunas regiones donde se adelanta el proceso, las que aún están pendientes y respondió algunos cuestionamientos que desde diversos sectores le hacen sobre la puesta en marcha de esta política.

VERDAD ABIERTA: Si hoy hiciera un balance del trabajo de la Unidad de Restitución, ¿cuáles han sido los principales logros?

RICARDO SABOGAL: Primero, una institucionalidad formada a lo largo y ancho del país: la Unidad de Restitución, los magistrados y jueces; un equipo en la Superintendencia de Notariado y Registro dedicado al tema de tierra; otro equipo en el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), en el Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi); un equipo en la Policía Nacional dedicado a este tema y un programa especial de protección a reclamantes.

Dos, es la primera vez que en Colombia una norma transicional tiene un tránsito efectivo. Basta compararlo con la Ley de Justicia y Paz que en materia de tierras consiguió 22 restituciones, o la Ley de Extinción de Dominio, que si bien no es transicional, sí toca la propiedad de la tierra y a estas alturas se han extinguido un total de 750 predios rurales. Esta Ley, la de Víctimas y Restitución de Tierras, ha logrado recuperar más de mil 200 predios que habían sido arrebatados a los campesinos.

Otro gran logro es que en estos dos años de vigencia de la Ley hemos recibido un poco más de 65 mil reclamaciones de tierras. De esas, 35 por ciento están intervenidas (22 mil), es decir, estamos estudiando los casos y estamos midiendo los predios.

De esas más de 20 mil reclamaciones, 11 mil ya están finalizadas en lo que le compete al gobierno, es decir, ya se presentaron a un juez o se rechazaron según los requisitos que estipula la norma.

VA: ¿Y qué dificultades y obstáculos han tenido en este tiempo?

RS: La mayor dificultad, que se sabía desde un principio, era restituir en medio del conflicto. La seguridad complejiza el tema de la restitución. El otro asunto son las minas antipersona, esos vestigios de la guerra que en muchas zonas del país no dejan que el proceso avance a la velocidad que se quiere. Hasta que no se desmine no es posible devolver la tierra.

Otro punto es el tema de la informalidad en la tenencia de la tierra, definitivamente nuestros campesinos no tenían títulos. Y paralelo a ello, hemos encontrado que los sistemas de información de las entidades que tienen por ley administrar la tierra en el país no son los mejores.

En ese sentido, en algunas zonas el catastro está desactualizado, en otras no existe o la información que se tiene no corresponde con la realidad. Si el catastro está desactualizado eso continúa en el registro público y genera problemas.

VA: En regiones como los Montes de María, Magdalena, Santander, Cesar y Córdoba se han presentado varios casos de opositores al proceso de restitución. ¿Qué patrones comunes han encontrado en esa zona? Por ejemplo, al leer las sentencias uno nota que entre 2006 y 2010, justo después de la desmovilización, hay una transformación de las tierras que los campesinos abandonaron por la violencia…

RS: Qué hemos encontrado en el análisis de las reclamaciones: uno, zonas donde actores armados ilegales se apropiaron totalmente de las tierras y ahora las tienen testaferros. Son casos que hemos documentado y presentado a los jueces. También hemos encontrado zonas donde empresas compraron tierras abandonadas por desplazados. En cierta forma terminaron comprando un ‘pan envenenado’, es decir, tierras con problemas. Son empresas serias que en el país son reputadas por su cumplimiento a la ley pero terminaron adquiriendo ese tipo de predios.

Hay otros casos de empresarios inescrupulosos, o más bien, unos inescrupulosos que se hacen pasar por empresarios y vieron en esto una oportunidad para quedarse con tierras a precios ínfimos.

También hemos encontrado en tierras abandonadas o despojadas a campesinos buenos, trabajadores, que adquirieron esa tierra sin saber que tenían problemas. También campesinos vulnerables que se asentaron en esos predios porque no tenían otra opción de vida. En otros casos, campesinos que fueron movidos por actores armados, gente vulnerable que está ahora en algunos predios.

VA: En estas zonas mencionadas hay grupos de palmicultores, ganaderos e industriales que se han resistido al proceso. ¿Cómo le han hecho frente a esa situación?

RS: Lo que hemos hecho con algunos de estos actores es tener un diálogo muy fluido, explicarles el proceso cómo es, qué derechos tienen, la forma de asistir al proceso y en algunos casos, a partir de la información que ellos nos dan sobre cómo han vivido el proceso, retroalimentar para mejorar lo que estamos implementando.

Hemos sido claros en que no deben temer los que adquirieron los predios de debida manera y que si en dado caso alguno de ellos tiene que devolver tierra, será indemnizado de acuerdo con las pruebas que presente ante el juez. Hemos sido claros en que la restitución no la decide el Gobierno nacional, sino los jueces de la República. Y en ese sentido, hemos expresado que las actuaciones de ellos tienen que estar dirigidas a explicarles a los jueces la forma en cómo adquirieron sus fincas.

VA: Como la Unidad lo ha dicho públicamente hacer restitución en medio del conflicto no es una tarea fácil. En varias zonas del país no solo hay presencia de las Farc sino desde hace varios años de bandas criminales. ¿Cuáles son de momento esas zonas vetadas para trabajar? El Pacífico, el Urabá, el sur de Bolívar…

RS: Recordemos que esta norma se aplicó en medio del conflicto y eso implica que en algunas zonas no podamos adelantar procesos de restitución. Hay zonas muy complejas como el Catatumbo (Norte de Santander), en el Urabá (comprende porciones de Córdoba, Antioquia y Chocó), en el sur del país el Sur del Tolima que es difícil; el sur del Meta que también es complicado o Putumayo, Nariño y Cauca.

VA: ¿Por qué en el Cesar hay tantas quejas de los reclamantes de tierras? En los casos de Santa Fe, El Toco y Copey, que están microfocalizados desde hace dos años, los campesinos señalan que les han prometido mucho, pero que en realidad el proceso ha sido lento…

RS: Es una zona donde los casos que se están adelantando son de una complejidad enorme. El que más recuerdo es caso del predio El Prado que ya lo resolvió la Corte Suprema de Justicia y aún se han tenido dificultades para su cumplimiento. Pues ese no es un caso que se ventiló por la Ley 1448, pero funciona como ejemplo para mostrar la complejidad de los casos. El Toco, que es un caso que tenemos en la Unidad, nos ha llevado tiempo entender qué fue lo que sucedió allá porque cada pequeña parcela tiene una historia.

Entonces lo que hemos hecho es ir desmenuzando los casos y en la medida en que los vamos entendiendo, los vamos enviando al juez. Los jueces también se han tomado su tiempo para entender qué fue lo que pasó. Aunque es una sola parcelación, cada familia vivió diferentes momentos de violencia. Cada caso tiene una complejidad y eso nos ha demorado. También nos ha demorado que tenemos allá muchas zonas con Ley Segunda. Ha habido factores que no han permitido que marchemos como lo hacemos en Córdoba donde definitivamente el proceso se ha realizado sin tanto traumatismo.

VA: Esta última explicación ¿es una respuesta de por qué la restitución en los casos de parcelaciones no ha sido colectiva?

RS: Cuando a uno le hablan de parcelación uno siempre se imagina que las familias originalmente tituladas fueron las afectadas por el conflicto y son a éstas a quienes debemos devolver la tierra. Pero la realidad es mucho más diferente. Hemos encontrado no solo en El Toco sino en Magdalena, como en el caso de Chibolo, que varias de las familias originales decidieron venderle a un campesino y ese campesino fue el que aguantó el rigor de la guerra y fue desplazado. En unos casos ese campesino le vendió a otro, entonces ahora tenemos un tercero que dice que compró de buena fe. Entonces cada parcela es todo un caso y eso hace que uno no pueda generalizar sobre las treinta o cuarenta parcelas de una gran extensión que se le entregó a los campesinos, sino que tenga que mirar uno a uno para no cometer injusticias o abusos contra campesinos que sufrieron la guerra y que no aparecen como los primeros titulados.

VA: En la Guajira también hay varios casos de despojo. ¿Qué trabajo está haciendo la Unidad en esa zona?

RS: Uno lo que ve en el Cesar es una alta concentración de reclamaciones desde el sur del departamento hasta el norte y La Guajira solo tiene unas pequeñas zonas afectadas. Estamos atendiendo primero las zonas donde hay mayor afectación de familias, según lo estipula la misma Ley, para luego adentrarnos en estos casos donde hay una menor densidad de despojo. Volviendo a la zona Cesar-Guajira: estamos atendiendo zonas muy afectadas así como a todas esas víctimas que habían ido a Justicia y Paz a reclamar restitución y que no obtuvieron una respuesta. Son víctimas que llevan muchos años esperando a que atiendas su casos. Por ejemplo, los casos donde se señala como responsable a alias ‘Omega’ (Jefferson Enrique López, ex jefe del Frente Resistencia Motilona) ya los pusimos en conocimiento de los jueces.

VA: ¿Qué opinión le merecen los desalojos que se intentan hacer en algunas regiones como Urabá, donde los campesinos, cansados de esperar una decisión judicial, decidieron ocupar los predios que consideran les pertenecen?

RS: La posición del gobierno es que no patrocinamos ni toleramos ninguna vía de hecho. No compartimos esas actuaciones. Una buena parte de los temas de despojo se llevaron a cabo porque precisamente los actores armados recurrieron a las vía de hecho. Creo que esta Ley está mostrando eficacia, es una institucionalidad nueva que se instaló en el territorio y que está permitiendo a la gente resolver estos conflictos que antes resolvían los comandantes guerrilleros o los comandantes paramilitares; ahora lo hacen los jueces de la república. Lo que pienso es que estas familias lo que tienen es que tener un poco de paciencia y esperar a que el juez determine si hay lugar o no a la restitución.

VA: ¿Qué supo finalmente la Unidad de Restitución sobre el caso del topógrafo Róbinson Álvarez, asesinado el 8 de julio de 2014 en la vereda La Quebradona, en el municipio de San Roque?

RS: Realmente será la Fiscalía quien determine qué fue lo que ocurrió. La información preliminar que tenemos es que un vecino del predio que estaba siendo medido por nuestro topógrafo se agazapó entre la maleza y cuando nuestro topógrafo pasó le disparó en la cara. Esta persona fue capturada por la policía y el ejército, y está en la cárcel.

Fiscalía está investigando. Estamos esperando que se investigue y se aclare la situación de qué fue lo que pasó y si este señor le llegó a disparar a nuestro compañero por el tema del proceso de restitución esperamos la máxima sanción porque no puede ser que volvamos a los tiempos de antes donde la justicia se impartía por mano propia y menos cegando la vida de un trabajador honesto como Róbinson.

VA: Otro trabajo complejo ha sido el de la restitución étnica, de comunidades indígenas y afros. ¿Por qué no ha habido la primera sentencia? ¿Los jueces especializados en restitución desconocen los decretos reglamentarios?

RS: Definitivamente una cosa es conocer el caso de una familia de un predio y otra es la complejidad de conocer miles de familias asentadas en un territorio étnico que están siendo afectadas por una u otra razón. Los tiempos son muy diferentes y definitivamente los jueces tienen que tener todos los elementos para fallar porque en una sola sentencia pueden resolver la vida de muchas familias. No es la demanda de una persona sino de una comunidad entera y es ahí donde estamos hablando de miles de hectáreas. Obviamente hay casos muy difíciles que ya están en las manos de los jueces y ellos están solicitando sus pruebas, revisando y analizando. Pero es un trabajo muy dispendioso y diferente… Yo tengo el mejor concepto de los jueces y espero que se produzcan muy buenas sentencias en estos casos así como ha ocurrido con los fallos con campesinos.