Cuando Eric Sottas, exsecretario General de la Organización Mundial contra la Tortura, Omct, salió de la cárcel de Picaleña el pasado viernes, se le vio molesto y sorprendido porque no lo dejaron entrar a varias secciones del penal. “Como que me vetaron”, dijo, “o tal vez, no querían que me diera cuenta de las situaciones negativas que allí pasan”.

Este hombre nacido en Suiza, fundador del ente internacional, lleva los últimos meses visitando los penales colombianos, dándose cuenta de la cruda realidad que viven miles de internos, que van desde violaciones a sus derechos humanos, torturas físicas y sicológicas, hasta la muerte.

A Sottas, le sorprendió que un penal que es nuevo y moderno en sus instalaciones, no ofrezca las garantías mínimas para que los presos se sientan bien y puedan pagar por los delitos que cometieron.

Para él, no es justo que una persona que llegue a una cárcel a pagar una condena por sus errores, no tenga ni siquiera un espacio para dormir, ni agua permanente para cepillarse los dientes.

“Cuando llegamos a la cárcel de Picaleña me sorprendió que no pudimos entrar a todos los lugares, nosotros teníamos permiso, acceso para ingresar a todas partes para darnos cuenta de cómo viven los presos. Lo que hicieron es que bajaron a donde estábamos nosotros a 25 internos para que habláramos. Cuando se concreta una visita es para hacerla completa, es entrar y ver cómo funciona esta cárcel, analizar sus servicios públicos, sus baños, mirar qué es lo que afecta a estas personas y eso no lo pudimos ver”, dijo Sottas a EL NUEVO DÍA.

Para él, que lleva analizando durante más de 20 años, esos problemas que se presentan en las cárceles de todo el mundo “y en Colombia nos señalaron crisis en Picaleña y otras cárceles del país”.

Sottas dice que los internos de Picaleña se quejaron durante su visita especialmente de la sobrepoblación carcelaria. Hay seis mil dos presos, cuando hay cupo para cerca de dos mil 500, con la falta de agua permanente, y de condiciones sanitarias. “En esta visita me llamó la atención que a los internos les ofrecen servicios médicos, pero no les hacen seguimiento a las enfermedades que padecen.

Los internos nos dicen que no hay un carro acondicionado para el traslado de enfermos y lo peor, no hay quien los acompañe a una cita médica porque no hay guardias que los acompañen y si lo hacen, el penal queda solo”.

Otro aspecto que le preocupó a Sottas es lo que tiene que ver con los procesos judiciales que involucra a los reclusos.

“En Picaleña hay presos que llevan años esperando una audiencia y cuando dan la cita para ella, no hay personal que traslade al interno, esto es inaceptable. A ellos hay que llevarlos a las audiencias que les citan. Acá las cosas funcionan mal en este aspecto”, acotó Sottas.

Manifestó que los internos le afirmaron torturas graves que le han dejado secuelas a algunos internos.

“Algo grave es que a la cárcel llevan presos sin tener investigaciones claras y el Estado debe hacer estas indagaciones antes de privar de la libertad a una persona”, expresó Sottas.

Agregó que la situación de convivencia también afecta a los internos a pesar de que la edificación es moderna y amplia. “Hay muchos pasillos divididos, los presos no tienen casi contacto con los de otras zonas”.

A estudiar y regresar

El funcionario indicó que se lleva un panorama complejo de lo que acontece en Picaleña. “Me preocupa el hacinamiento. Hay que reformar la justicia para que se separen los casos de menos importancia con los de mayor relevancia. Hemos visto que los jueces colombianos resuelven los casos privando a las personas que han cometido algún delito, de la libertad”.

Indicó que se deben buscar penas alternativas como no encarcelar a las personas, pero hacerles monitoreos, es decir, que están fuera de las celdas, pero que tengan un control por medio de la instalación de brazaletes, o que paguen sus condenas haciendo servicios sociales. “No siempre la inseguridad disminuye encerrando a los que cometen los delitos”.

Los caídos al vacío

Sottas indicó que los presos le contaron durante su visita los casos de las personas que cayeron del octavo piso de la cárcel al vacío, al parecer porque se suicidaron o los asesinaron y por la ausencia de una malla de contención.

“Se habla de suicidios, se rumora que los asesinaron. Hay un principio fundamental, y es que cuando alguien es encarcelado el Estado es responsable de asegurar la seguridad del preso, como su vida. Si una de esas personas se suicidó hay que analizar las razones por las cuales tomó esa decisión y por qué lo puede hacer estando en el penal. Si fueron otros los móviles de las caídas, hay que investigar rápidamente, para saber si estos hechos son provocados por otros detenidos y aclarar lo que pasó”.

Recalcó que si una persona llega bien de salud a una cárcel o una estación de Policía, el Estado es responsable de los hechos si sale muerta, herida, torturada o con problemas mentales.

Puntualizó que otro problema en las cárceles es la ley del silencio donde la gente teme denunciar por temor a torturas.

“Hay que luchar para que se acabe la impunidad, si los guardias saben que el que hizo daño fue un colega, no lo deben proteger, o si los presos saben quién le hizo daño a otro, que hable”.

El conflicto armado colombiano

Sottas aseguró que a medida que hay un acercamiento para terminar el conflicto armado y llegar a la paz, el talón de Aquiles será la justicia. “La justicia en Colombia debe ser equitativa. Hay que pensar desde ahora en la necesidad de hacer una investigación más a fondo de lo que se ha hecho hasta la fecha. Los daños que hizo la guerrilla, los paramilitares. Deberá crearse una comisión de indagación independiente para asegurar que se tomen medidas equitativas sobre lo que hicieron los grupos ilegales y que las víctimas sean reconocidas como tal, que las rehabiliten y les devuelvan lo que les quitó la guerra”.

Eric Sottas dice que propuestas como Justicia y Paz no han dado los resultados esperados. “Vemos que todavía hay desconfianza de parte de la población civil por los paramilitares quienes salieron rápidamente de las cárceles y algunos de ellos volvieron a delinquir. Esos riesgos no se pueden correr con otros procesos en el futuro”. Añadió que se debe hacer un llamado a los jueces para que la población tenga confianza en estos procesos de paz, que todo sea equitativo.