A punta de tutelas, demandas, marchas, lobby, muchas horas de espera y tesón, la comunidad Lgbti en Colombia ha logrado en los Tribunales el reconocimiento de sus derechos.

Como dice la senadora Claudia López, “a la comunidad Lgbti le ha tocado venir a las escalinatas del Congreso y de la Corte a ganarse derecho por derecho, uno por uno”. Y en efecto, lo ha tenido que hacer para reconocer derechos patrimoniales, económicos, la unión libre y el matrimonio, entre otros.

La semana que pasa, la comunidad gay celebra un avance significativo para adquirir otro de los derechos que consideran reducidos y es la posibilidad de adoptar. No obstante, aunque tiene que pasar por el mismo proceso que una pareja heterosexual, ya se abrió camino para que la pareja del mismo sexo pueda adoptar a los hijos biológicos de uno de sus integrantes, pues ya no será posible negar la adopción por el único hecho de ser homosexual.

Lo explicó muy bien el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, al indicar que el hecho de que el Icbf dijera que ‘No’ a una pareja que cumple todos los requisitos de ley para adoptar, solo por ser homosexuales, es discriminación. Ahora, la traba ya no existe más y es un paso significativo a favor de la comunidad Lgbti.

Pero, ¿qué avances se han logrado a favor de la comunidad gay y qué problemas de implementación tienen esos avances?

Según explico el director Ejecutivo de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, “hace 15 años las parejas del mismo sexo no tenían ningún derecho”. Hoy el panorama es distinto.

Están los derechos, pero no se cumplen

No obstante, estas protecciones conseguidas a punta de demandas, el déficit de protección todavía es palpable. De hecho, la senadora López consideró que “no puede ser que en siglo XII haya ciudadanos de primera y de segunda. Ciudadanos con unos derechos y ciudadanos sin esos derechos”. 

El mismo magistrado Vargas indicó, en rueda de prensa al explicar el fallo sobre la adopción, que ya se le ha dado al “legislador en varias ocasiones la oportunidad para que legisle de manera integral sobre este tema y lamentablemente no lo ha hecho. Yo creo que aquí volveríamos a estar pendientes de que el Congreso asuma este tema para efectos de una regulación integral”. 

A pesar de la existencia de avances significativos, los voceros de la comunidad estimaron que todavía hay deficiencias porque ha habido problemas en la implementación de esos derechos, porque cuando se toman las decisiones, en la práctica hay trabas para materializar los beneficios, por falta de conocimiento o discriminación. 

De acuerdo con Albarracín, “hay barreras discriminatorias por parte de funcionarios” que, a su juicio, son una traba por parte de la Procuraduría que en vez de ayudar a esa implementación, lo que hace es atacar los beneficios. 

“La Procuraduría es una enemiga de los derechos Lgbti. Si la persona que te tiene que cuidar es la que te persigue, hay un problema”, apuntó. 

En los casos concretos, señaló Albarracín, hay una falta de seguridad jurídica para los temas del matrimonio igualitario porque como la instrucción de la Corte no fue clara sobre qué institución se debía celebrar, hay jueces que hacen matrimonio y otros que no. “Hay que eliminar la confusión que hay frente a la garantía de los derechos”, apuntó. 

En ese sentido, en la Corte además están en curso varias tutelas que fueron presentadas por la Procuraduría en contra de las decisiones de los jueces de conceder matrimonios. Este debate, se espera, pondrá fin a las dudas sobre cómo pueden las parejas del mismo sexo formalizar su unión. 

Por su parte, el abogado Germán Perfetti, señaló que están pendiente por resolver el tema de las adopciones para parejas del mismo sexo, cuando no hay hijos biológicos, que ya está en manos de la Corte por cuenta de una demanda en contra del Código de Infancia y de Adolescencia y contra el Código Civil que busca que se eliminen los apartes que dicen que solo lo pueden hacer un hombre y una mujer. 

En esta crucial discusión, ya el propio Gobierno nacional, en cabeza del ministerio de Salud, aseguró que el desarrollo de los menores no se ve afectado por la orientación sexual de sus padres, avalando así la adopción gay. En ese mismo sentido se pronunció el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. 

Por otro lado, en el derecho de pensión, los integrantes de la comunidad Lgbti han indicado que en la práctica los fondos de pensiones a veces la niegan a pesar de que sea expreso y esto es, en su criterio, una falta de protección por parte del Estado, del Gobierno nacional, del Consejo Superior de la Judicatura, para que se den a conocer los avances significativos alcanzados y que no haya necesidad de acudir a una tutela. 

“Los funcionarios están vinculados con la jurisprudencia de la Corte. Es una maña de los burócratas que en últimas niega los derechos a la gente. Es lo mismo que pasa con las tutelas en salud, que la mayoría son por servicios que están en el POS y no se conceden. En este país está el derecho, pero también toca pelear para que este derecho sea real y efectivo”, apuntó Albarracín. 

Ya en un punto en el que se considera que hay una evidente falta de protección, tiene que ver con las personas transexuales. “Faltan muchas cosas, las decisiones de la Corte son poquitas y lo que se necesita es un conjunto de protecciones de la identidad de género que van desde el registro, la salud, la educación, la violencia en su contra”, precisó Albarracín. 

Perfetti, dijo sobre este punto, “que hace falta muchísimo para los transexuales, intersexuales, travestis, sobre los cuales el mundo sigue siendo muy difícil socialmente, jurídicamente y laboralmente”.