El asesinato en Colombia de civiles presentados como guerrilleros o paramilitares muertos en combate ha llevado a la Fiscalía a vincular a procesos judiciales a un total de 2.219 miembros de la Fuerza Pública, de esos 805 han sido condenados. Los hechos a los que se hace referencia de este caso se registraron entre 1985 a 2013.

El último caso de la Fiscalía llevó a que esta semana se compulsara copias para que sean investigados 11 militares por los mal llamados ‘falsos positivos’.

Esta información se desprende de un informe de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía y al cual tuvo acceso Colprensa.

Cifras del horror por regiones

De acuerdo con la entidad, por estos casos los fiscales adelantan más de 2.219 investigaciones en las que el delito que está siendo investigado es el de homicidio, todos son atribuibles a integrantes de la Fuerza Pública y hasta el momento dejan un saldo de 4.048 víctimas, de los cuales 223 han sido menores de edad.

“Los delitos más investigados en estos casos corresponden al homicidio en persona protegida y homicidio agravado”, señala el documento.

De acuerdo con la Fiscalía, del total de investigados 1.573 corresponden a miembros del Ejército Nacional, de los cuales 501 son oficiales, entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes. Otros son suboficiales y soldados.

En relación con la Armada, las investigaciones de la Fiscalía afecta a un total de 89 uniformados, entre los que aparecen en los registros un coronel, un teniente de fragata, dos tenientes, varios suboficiales y soldados.

Además, se registran 56 casos de la Policía nacional. Familiares de las víctimas aseguraron que sus muertes se produjeron uno o dos días después de ser reclutados para ir a trabajar a otras zonas del país.

Pero, ¿dónde se registraron todos estos hechos?. Según el informe, Antioquia aparece como el departamento con más víctimas (793), seguido de Casanare con (215), Meta (114), Huila (110), Norte de Santander (90), Santander (86), Caquetá (71), Guajira (65), Putumayo (63), Valle del Cauca (13), Cauca (22) y Nariño (15).

El 63 por ciento de los casos se presentó entre el 2004 y el 2008. El 2007 fue el año más crítico, con 388 casos.

“En Antioquia se han presentado la mayoría de casos, primero por ser el departamento más grande del país, por lo que concentra un gran número de bases militares y la mayoría de casos están asociados con resultados que tenían que presentar todas esas unidades”, dice un funcionario de la Fiscalía.

Agrega, además que aunque muchos de los uniformados condenados por estas ejecuciones extrajudiciales no han aceptado cargos, los pocos que sí lo han hecho confirmaron que han cometido estos delitos por órdenes de los altos mandos.

“Al momento de aceptar los cargos reconocieron que las víctimas principales han sido personas señaladas por la comunidad de pertenecer a grupos delincuenciales y habitantes de la calle.

Sin embargo, los delitos más investigados en estos casos corresponden al de homicidio en persona protegida y homicidio agravado, de acuerdo con las circunstancias en la que se demuestra que ocurrió el deceso de la víctima y que no corresponde al desarrollo de una legítima acción militar”, indicó a Colprensa un funcionario de la Fiscalía.

Y agregó: “son vidas humanas las que se han perdido por el afán de presentar un resultado o ‘positivo’ como le llaman en el argot militar y por eso estamos investigando y no vamos a descansar hasta que no tengan una respuesta cada uno de los familiares de las víctimas”, finalizó el funcionario judicial.

Más de 800 militares condenados

Según el informe, los agentes del Estado que han sido condenados son 805 por homicidios y tenían los siguientes rangos:

Del Ejército han sido condenados 785 uniformados, de ellos: 4 coroneles, 3 tenientes coroneles, 10 mayores, 22 capitanes, 68 tenientes, 48 sargentos, 67 cabos, 2 dragoneantes, 562 soldados, en la lista existen tres uniformados más de quienes aún no se ha establecido el rango.

De la Armada fueron condenados 9, con los siguientes rangos: Teniente, 3; Sargento, 1; Cabo, 1 e Infante de Marina, 4.

Y en la Policía nacional son 11 los condenados: siendo de ellos 2 agentes, 5 intendentes, 2 tenientes y 2 mayores.

También registra el documento que de los 2.219 casos que se están investigando, unos 775 están en etapa de investigación, 1.316 en preliminares, 52 en acusación, 602 en juicio y 16 casos en los que se está tramitando un conflicto de competencias.

“Estamos seguros de que la cifra puede ser más elevada, pero muchas de las denuncias o hechos quedan en la justicia penal militar y ahí no avanzan.

“Todavía existe un conflicto de competencias, pero los hechos que están a nuestro cargo están avanzando”, dijo el funcionario.

Últimos llamados a responder

Este informe se logra conocer justo en la semana en que fue radicada una compulsa de copias para que sean investigados 11 militares por delitos relacionados con ‘falsos positivos’.

Esto, tras las declaraciones que rindió en interrogatorio, ante delegados de la Corte Suprema el coronel (r ) Róbinson González del Río, donde con sus testimonios y el material probatorio la Fiscalía encontró elementos para investigar a los uniformados.

En la lista que fue enviada a la unidad de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, figuran:

El actual comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez; el excomandante del Ejército, general (r ) Mario Montoya. Además del general Hernando Pérez Molina, el general Leonardo Gómez Vergara, el general Justo Eliseo Peña, el general Jairo Erazo Manzola y el general Fabricio Cabrera.

Trascendió que a la fecha no se ha realizado un pronunciamiento oficial de la Fiscalía de este tema, debido a que la compulsa de copias fue presentada sin una consulta o aviso previo al Fiscal General, Eduardo Montealegre, quien se encuentra en vacaciones.

Y aunque las primeras pesquisas han corroborado de forma preliminar que varias de las revelaciones del coronel González del Río tienen soporte en fechas, órdenes operacionales y memorandos no sería material suficiente para llamar a los antes citados a indagatoria.

Considerando que la denuncia se basa en testimonio del general (r) Róbinson González del Río, quien está condenado por tráfico de armas y, además, es procesado por falsos positivos y celebración indebida de contratos, se cree que hasta el momento la valoración que se podría emitir es que se requiere más material probatorio para confirmar las denuncias.

La decisión al respecto la dará a conocer en los próximos días la Fiscalía.