Toda esta dinámica se enmarca en la premisa de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lineamiento que el Gobierno nacional ha promulgado durante todo el tiempo de desarrollo de los diálogos.

“Una vez tengamos ese documento final, y ojalá que así ocurra, será sometido a la ratificación de los ciudadanos, por medio de un mecanismo de refrendación popular.

“Serán los colombianos en última instancia quienes digan si quieren o no este acuerdo. Esta es la más democrática garantía de que, como la ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, este es un proceso de cara al país, transparente, ordenado y serio”, ha expresado en varias ocasiones el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle.

Hasta las mismas Farc, en entrevista con El Colombiano, explicaron que “no se ha negociado nada con el Gobierno. Dialogamos poniendo de presente los problemas fundamentales de órdenes económico, político y social que tienen las mayorías en Colombia y que, en concreto, tienen que ver con la desigualdad, la miseria y la carencia de democracia”.

El Colombiano conversó con 13 expertos sobre esos retos que no se han superado en el marco de las conversaciones de paz. Cada uno de ellos mostró sus apreciaciones sobre lo que se discute en la mesa. Algunos son retos que debería asumir el país, otros, visiones de una mejor perspectiva para el proceso en La Habana.

Como lo afirmaron los expertos, es una visión académica sobre los temas en discusión, no una norma a seguir y que al final, con la firma del acuerdo completo, se buscará terminar con un conflicto armado de más de 50 años que ha dejado más de seis millones de víctimas, según cifras oficiales.

RETOS DEL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA: PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Adolfo Eslava Gómez
Esp. en políticas públicas

Ampliar el panorama de elecciones populares a cargos como el del Procurador, el Fiscal General o el Contralor es un tema que se ha mencionado en la mesa de negociaciones, pero que no ha tenido un eco en las delegaciones. Para Eslava, el reto en el país, antes de someter estos cargos al voto popular, sería el de superar el escepticismo que ha tomado auge en Colombia. “Hay que mirar en qué medida se puede hacer efectivos los mecanismos ya existentes. Nosotros contamos con un aparato normativo muy complejo de participación que no se logra materializar. En ese sentido el primer reto es cómo lograr traducir lo que ya está escrito en prácticas reales que le abran espacio a la comunidad, a las fuerzas vivas”.

Miguel Silva Moyano
Politólogo

En el planteamiento de participación, las delegaciones buscan un consenso sobre la inclusión de comunidades excluidas como indígenas o afrodescendientes. Para Silva, estos procesos no deberían depender de lo que se hable en La Habana. “En Colombia hay que hacer una reforma política de fondo, que permita una mayor participación de diferentes movimientos políticos, una política más incluyente. No sé si como resultado del proceso, porque finalmente lo que terminan negociando será la participación de las Farc, entonces hay que mirar es que realmente si incluir a las Farc responde a una necesidad de democratización en Colombia, o si se va a hacer un ejercicio muy limitado solo para que ellos participen en estos escenarios”.

Heidy Gómez
Esp. D. Humanos y DIH UdeA

¿Debería participar la ciudadanía en la construcción de políticas nacionales como asuntos de defensa nacional o la justicia misma? Ese es el punto en discusión que abordan, por ahora, ambas subcomisiones. Para la especialista, la discusión de este tema no es tan descabellada, si se tiene en cuenta que la gente ya no cree en modelos de justicia tradicional. “Se debería escuchar propuestas porque el tema de imposición de penas es insuficiente, porque no hay equidad en la justicia, porque solo se concibe la cárcel como sanción y está comprobado que las probabilidades de resocialización son mínimas en el país. En las políticas de seguridad están enfocadas en la defensa del territorio y en una mínima expresión de las personas”.

RETOS DEL PUNTO: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Jairo Delgado
Especialista en ciencia política

La suspensión de las aspersiones aéreas se ha convertido en una piedra en el zapato para el avance en el tercer punto de la agenda. ¿Qué tan conveniente es suspenderlas? Delgado indica que no es tiempo de terminar con las fumigaciones, “porque la guerrilla todavía conserva capacidad armada y ejerce cierto control territorial en zonas donde aumentaron los cultivos de uso ilícito. Se debe exigir o constatar que realmente, en este momento, se den procesos de dejación de estos cultivos y parece que no es así, porque aún hay cultivos que pertenecen a la guerrilla en esos sitios. Eso contribuiría a que no se avance en la meta de la reducción del cultivo de la hoja de coca y que no avancemos en la reducción. No es aconsejable”.

Juan Carlos Ortega
Analista del conflicto armado

En la mesa de negociación se ha escuchado una constante: la intensificación del Gobierno para la persecución y detención de los que se lucran del negocio de las drogas ilícitas. Este punto, dice el analista Juan Carlos Ortega, no debería considerarse un reto, pues el Gobierno nacional siempre ha estado a la vanguardia en la persecución de los carteles del narcotráfico que han operado en el país. “Desde hace mucho tiempo se han implementado en Colombia mecanismos con los que se busca golpear a las estructuras dedicadas al negocio de la cocaína. Hay ejemplos concretos de personajes capturados y de estructuras desvertebradas o aminoradas. El reto es consolidar nuevas estrategias ante grupos y negocios cambiantes”.

Juan Fernando Vargas
Finanzas de Grupos Ilegales

Que las Farc reconozcan su papel en el narcotráfico ha sido uno de los subpuntos de desacuerdo entre las delegaciones. Sin embargo, para Vargas, experto en Finanzas de los Grupos Ilegales, sería un avance ese reconocimiento, pero no sería lo más importante. “Sería un avance en esta coyuntura en la que el proceso está un poco en la cuerda floja y ha perdido credibilidad, entonces cualquier anuncio de las Farc sería importante. Ya se hicieron unos acuerdos y son muy importantes. El reto es la implementación de estos acuerdos. Nada va a cambiar que las Farc reconozcan que se benefician de los cultivos ilícitos. El hecho de que hablen cómo se van a erradicar es un reconocimiento implícito de que han estado involucradas”.

Viviana Manrique
Observatorio Drogas Ilícitas

El reconocimiento de las alianzas entre las Farc y otros grupos que se benefician del narcotráfico es uno de los temas álgidos que ahora toman vigencia. La Directora del Observatorio de Drogas Ilícitas de la U. del Rosario explica que en este punto debe aclararse que las Farc han sido respaldadas por los carteles de la droga en la lucha contra el Estado colombiano. “Ellas permiten a los carteles el paso de la droga por los territorios controlados por sus frentes. A cambio de esto se les cobra el llamado ‘impuesto de guerra’, que le genera ingresos millonarios. Si la guerrilla de las Farc se ha alimentado del narcotráfico para subsistir y adelantar las acciones del conflicto, no tiene sentido que hoy lo condenen como si fuera ajeno a ellos”.

Monseñor Gustavo Girón H.
Obispo de Tumaco

En discusión en la mesa se da un punto sobre las afectaciones a los campesinos por las fumigaciones. Para monseñor Girón, la destrucción de los cultivos de pancoger ha sido completa. “La rica región de la costa de Nariño, que puede ser un emporio de riqueza agrícola, está convertida en un campo de maleza y pobreza. No es posible introducir nuevos cultivos lícitos porque son devastados de nuevo con las fumigaciones. Los cultivadores pueden elevar las quejas a las autoridades, pero en la práctica no se da, ya que reclamar una indemnización requiere de título de propiedad y otras medidas que tardan meses para recibirla. Se debe generar cultivos lícitos que permitan al campesino obtener medios oportunos para su desarrollo”.

RETOS DEL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Rafael Mejía López
Presidente de la SAC

El tema de los latifundios es uno de los puntos de más discusión en Cuba. El Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia dice que la solución sería: “Los latifundios improductivos los hemos atacado. En este país hay grandes extensiones de tierras sin explotar y muchas veces no es solo la falta de distribución sino, además, la falta de Estado. Estas zonas rurales tienen infraestructura de transporte e infraestructura en general improductiva, que no sirven al productor. Tierra hay, falta intención de explotarla adecuadamente, con proyectos productivos que deben tener seguridad jurídica y la injerencia de ministerios como transporte, salud y biocombustibles, para que se pueda explotar la propiedad adecuadamente desde la demanda”.

Juan Camilo Restrepo
Exministro de Agricultura

En la creación del fondo de tierras, la discusión ha girado en la cantidad de hectáreas para los labriegos. Una solución, dice el exministro, es que desde el inicio de diálogos “se acordó que se crearía un fondo de tierras, la cuantificación exacta aún no está acordada. Se ha estimado que son alrededor de tres millones de hectáreas de tierra para dar a unos 250 mil campesinos que no las tienen. La fuente de financiación es la movilización, la puesta en valor en tierras que están bajo la jurisdicción del Estado pero que no se han movilizado para cumplir su función social. La recuperación de baldíos, de tierras que están en la oficina de estupefacientes y fueron decomisadas a narcotraficantes en décadas pasadas es uno de los retos”.

Juan Manuel Ospina
Exdirector del Incoder

Entre las propuestas por discutir está la creación de una entidad que regule el uso del suelo y otras funciones. El exdirector del Incoder ve necesaria la creación de esa institución “capaz de asumir la determinación del uso y la ocupación del territorio. Este es el ingrediente fundacional de una verdadera política de planeación del desarrollo del país. Un desarrollo que consulte esa base natural de las regiones. Una entidad fundamental en torno a la política de ordenamiento del uso del territorio, no solo del que se explota sino, además, de las aguas superficiales y subterráneas, el subsuelo que hoy se vuelve crítico por el auge minero. Esta debe ser la carta de navegación para el desarrollo del territorio que lo hemos estado usando irracionalmente”.

César Jerez
Asociación Reserva Campesina

En un nudo gordiano se ha convertido en la mesa el subpunto sobre las reglas para evitar que extensiones de tierra se queden en manos de empresas transnacionales. Jerez, de la Asociación Nacional de Reserva Campesina, ve el tema muy complejo. “Hay que ampliar los derechos a la territorialidad indígena, afro, y a los campesinos, o por lo menos el cumplimiento en materia de baldíos y zonas de reserva campesina y de unidad agrícola familiar. El Gobierno está preparando un paquete legislativo para reformar el acceso a los baldíos, y se prepara una afectación a los derechos adquiridos mediante consultas previas para estas comunidades, es decir, el Gobierno busca asegurar condiciones para la locomotora minera”.

Luis Alejandro Jiménez C.
Presidente de Anuc

La regulación del territorio para la siembra de biocombustibles es un reto. Jiménez, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, asevera que “el país no puede pasar por encima de la función básica de la tierra, que es producir los alimentos para la seguridad alimentaria. La obligación del Estado es garantizar el suministro de alimentos y eso implica regular el uso del suelo y determinar que áreas pueden, o mejor, deben limitarse para la producción de alimentos. Las plantaciones extensivas de biocombustibles se han convertido en depredadores de la producción de alimentos y ese es un reto a superar por Gobierno y Farc. Aquí tiene que pesar mucho el querer nacional que lo que consideren en la mesa”.

Momentos claves en la negociación

1 El 18 de octubre de 2012 se instala la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc.
2 Un mes después, en Cuba, se inicia con la mesa de diálogos la discusión del primer punto.
3 En mayo de 2013 se produce el primer acuerdo parcial en el tema desarrollo agrario integral.
4 En noviembre de 2013 se acordó parcialmente el punto de participación política.
5 En mayo de 2014 se cierra el tercer punto en discusión: Solución al problema de drogas ilícitas.