Este medio de comunicación conoció en exclusiva el texto de 14 artículos que será presentado por el Gobierno ante el Congreso y que es la respuesta a las inquietudes de los inversionistas de la agroindustria que congelaron su crecimiento por cuenta de un escenario de inseguridad jurídica.

En primer lugar plantea que para la adjudicación de baldíos que son propiedad del Estado el interesado debe demostrar ante el Incoder que ha ocupado la tierra que tiene mínimo por tres años, cuando la Ley 160 de 1994 (vigente a la fecha) exige que se haga por un periodo de cinco.

También reduce el área de explotación de dos tercios a uno y reduce el patrimonio del solicitante de 1.000 salarios mínimos a 200. El gerente de Agrofuturo, Juan Sebastián Correa, encuentra que con esta disminución del tope económico se garantiza que el beneficio sea para las personas que más necesitan.

Además se acopla a la realidad del campo y es que en regiones como la Altillanura las áreas adjudicadas son de extensiones promedio de 1.000 hectáreas y requieren de una gran inversión, por lo que “es complicado que un campesino explote tales áreas cuando no tiene el capital necesario”, indica el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde.

Además, la ley obligaría al Incoder a acompañar la adjudicación con un proyecto productivo acorde con la vocación del suelo que implica también una financiación de 20 salarios mínimos ($12,3 millones) mensuales por dos años para brindar asistencia técnica y capacitación.

El propietario, por su parte, se comprometería a someterse por dos años a las siguientes condiciones: acatar la reglamentación sobre uso del suelo, realizar el trabajo con miembros de su familia o terceros, solo si así se requiere, y no transferir el derecho de dominio.

Pero también se reservarán una serie de baldíos con el propósito de conformar un Fondo Nacional Agrario que dotará de tierra a personas de origen rural en condición de pobreza y marginalidad una vez se defina la Reforma Agraria discutida en La Habana.

En defensa del capital privado y sus posibilidades

Permitir el capital privado sea nacional o extranjero siempre ha estado atado a la discusión del desarrollo agropecuario. El exministro Rubén Darío Lizarralde defiende que hay zonas del país que tienen que ser explotadas en grande, “por eso se plantea que las empresas acompañen los proyectos de los campesinos”. Pero esta condición ha puesto en duda en manos de quién debe estar la propiedad dado que además de garantizar los derechos de la población rural se debe asegurar que los inversionistas un amparo de sus recursos. “Si no permitimos a grandes ser propietarios quién va a estimular el desarrollo de esas obras y el impulso de los pequeños para acabar con la pobreza extrema”, concluyó el experto.

Seguridad jurídica

Con el concepto de Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zides), el Gobierno privilegiará las alianzas entre campesinos, empresarios y el sector financiero, independientemente de si los titulares son personas naturales, asociaciones o sociedades que se dediquen a actividades agropecuarias. “La creación de las Zides brinda seguridad jurídica y le apunta a los Llanos, que a pesar de que son la frontera agrícola por ampliar no se han desarrollado”, asegura Correa, para quien el apoyo en los privados es fundamental por su capacidad.

Por su parte, el economista experto en desarrollo agrícola José Leibovich resaltó la iniciativa: “el país requiere reglas de juego claras e ir dando pasos para aclarar los derechos de propiedad”.

Estas áreas (identificadas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y aprobadas por un Conpes) se caracterizan por tener elevados costos de adaptación productiva, baja densidad poblacional, altos índices de pobreza, poca infraestructura para el transporte y la comercialización y que están alejadas de los mercados más significativos; por ende, requieren de esquemas especiales de intervención.

En el caso de las empresas, podrán hacer uso y aprovechamiento de los baldíos allí ubicados pero no como propietarios sino mediante contratos de arrendamiento o concesión y bajo los términos de plazo, condiciones y cobros a los que lleguen las partes. Tampoco aplicará sobre ellos la acumulación de UAF de manera que se puedan desarrollar proyectos de gran escala previamente aprobados por el Ministerio de Agricultura según su viabilidad.

“Esta figura debería replicarse con la titulación a campesinos, que no se titule sino que se les concesione la tierra y en la medida en que progresen se revise su condición”, propone Leibovich. Además, la aprobación de estas propuestas estará a cargo del Consejo Directivo del Incoder basado en criterios de generación de inversión, empleo y transferencia de tecnología. En cualquier caso se tomará como base una serie de cláusulas que garanticen la función social de la actividad e incluyan a la población de la región.

Los recursos recaudados por medio de los mencionados contratos irán a una cuenta especial destinada al apoyo de los programas de desarrollo rural. De esta forma concluye un proyecto que desde el primer gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, ha pasado, aunque con propuestas distintas, tres veces por el Congreso .