En las puertas del club de transparencia minera

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Esto significará un gran cambio para el sector puesto que hoy hay varias “versiones” sobre lo que pagan o dejan de pagar en impuestos, regalías y cánon superficiario las multinacionales.

Colombia acaba de dar un paso más hacia el club de transparencia del sector minero y energético.

Tras un proceso de más de un año, el país fue finalmente aceptado como candidato a los estándares EITI, un programa que obliga a las empresas y al Gobierno a hacer claras sus cuentas y a ponerlas a disposición de la sociedad civil.

Ahora, con la candidatura en firme de Colombia, comienza a correr el reloj. Su primer informe tendrá que estar listo en exactamente 18 meses y luego, dentro de dos años y medio, el país podrá ser admitido plenamente.

Dentro de las reglas EITI, las empresas mineras y de hidrocarburos deben hacer públicos sus pagos de impuestos y regalías, y el Gobierno lo que recibe. Esas cuentas son luego examinadas por un auditor independiente y todo el proceso es monitoreado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que suele incluir a ONGs, think tanks y universidades.

Esto significará un gran cambio para el sector puesto que hoy hay varias “versiones” sobre lo que pagan o dejan de pagar en impuestos, regalías y cánon superficiario las multinacionales extractivas y tampoco hay un lugar donde la gente común pueda hacer las consultas. De hecho, a La Silla le tomó más de tres meses recopilar esta información tras consultar a todas las empresas y a cuatro entidades del Gobierno para hacer su base de datos sobre títulos mineros y sobre lo que pagan aquí las empresas en contraste con otros países, que publicamos en La Silla Minera.

La premisa es que a todos los que están cumpliendo las reglas les sirve implementar ese estándar, como lo ha demostrado la experiencia de países como Perú, Mongolia o Azerbaiyán. A la ciudadanía le permite poner la lupa a la manera como se está invirtiendo lo que le entra al país y si se pierde plata en el camino. A los gobiernos nacional y locales los obliga a ejecutar esos recursos de cara al país.

Y a las empresas que sí cumplen las reglas les ayuda a reducir los conflictos que tienen cuando las comunidades locales sienten que no hay una inversión en mejorar sus condiciones de vida y a evitar la impresión de que las regalías mal invertidas son culpa suya.

Credito
LA SILLA VACÍA

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