El fin de semana la delegación negociadora de la guerrilla de las Farc presentó sus propuestas al segundo subpunto del tema que habla sobre el reconocimiento a las víctimas. Allí, expresaron sus puntos de vista de quién debería ser considerado víctima del conflicto armado y quién no.

Este subpunto estuvo compuesto por 10 propuestas, entre las que incluyen la posibilidad, entre otras, del reconocimiento de las víctimas de la violencia desde el año 1930, el tratamiento a combatientes víctimas según los acuerdos internacionales, el reconocimiento a prisioneros políticos por parte del Estado colombiano, así como el reconocimiento a las víctimas del modelo económico colombiano.

Dado que algunas propuestas resultan polémicas, pues pueden parecer bastante difíciles de implementar, Colprensa consultó a algunos especialistas sobre el tema para conocer sus opiniones sobre la factibilidad de cada una de las 10 propuestas.

Reconocimiento a las víctimas desde 1930

Sobre el reconocimiento a las víctimas de la violencia armada desde 1930, el exconsejero presidencial de paz y profesor de la Universidad del Rosario, Carlos Eduardo Jaramillo, explicó que lo que quieren decir las Farc es que la violencia actual está encadenada a toda la violencia que ha habido en el siglo XX. Según él, “cuando se pone a revisar toda la historiografía se da cuenta de que esto tiene sentido”.

Jaramillo afirma que “luego de las guerras del siglo XIX, particularmente después de la Guerra de los Mil Días, en 1886 comenzó un periodo de relativa paz en Colombia que duró casi 44 años”. Según él, “fue en 1930, cuando terminó la hegemonía conservadora en el poder colombiano, que la violencia comenzó a afectar a los campesinos que recibían sus tierras gracias a la reforma agraria que implementó el presidente liberal Alfonso López Pumarejo”.

Luego de esto, “el conservatismo volvió al poder y se dio el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que disparó toda la violencia partidista. Esto terminó con la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y la formación del Frente Nacional”.

De acuerdo con Carlos Jaramillo, “ambos regímenes prohibieron la participación de cualquier otra forma de representación política que no fuera la de los partidos tradicionales Liberal y Conservador y ahí comenzó la violencia de las guerrillas de las Farc y el Eln (...) Todo está entrelazado de algún modo y, si se quiere, se podría ir incluso más atrás en el pasado”.

A pesar de reconocer todo esto, el profesor Jaramillo dice que “igual es prácticamente absurdo pretender reparar a las víctimas de los años 30, porque muchas de ellas ya ni existen, ya deben haber fallecido”. Lo que sí se debe y se puede hacer, según él, “es un reconocimiento simbólico a toda la violencia que ha tenido este país durante muchos años y en la cual han participado todo tipo de actores armados, legales e ilegales”.

Militares y policía, víctimas según DIH

Otro planteamiento polémico es el de la posibilidad de reconocer a los integrantes de la Fuerza Pública que ha combatido a las Farc durante 50 años como víctimas del conflicto. La propuesta asegura que la guerrilla lo hará en los casos donde a los combatientes se les hayan violado sus derechos de acuerdo con las Convenciones I, II y III de Ginebra y el Protocolo Adicional II, por lo que para las Farc, “a los militares no se les debe poner al mismo nivel de las víctimas no combatientes”.

En este sentido habló el coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, excomandante del Bloque de Búsqueda del Ejército Nacional y actual profesor de la Universidad de la Sabana, quien afirmó que “el hecho de que el actual Gobierno reconozca la existencia de un conflicto armado interno” y que además “existen grupos dentro de la Policía y el Ejército exclusivamente dedicados a la lucha contrainsurgente, es posible que muchos integrantes de la Fuerza Pública no sean reconocidos como víctimas”.

Sin embargo, Velásquez aseguró que “es muy posible que se tengan en cuenta casos especiales como los militares o policías afectados por minas antipersonal, debido a que éstas son armas de uso no regular, lo cual viola el Derecho Internacional Humanitario”.

El Coronel en retiro también afirmó que “el secuestro y, sobre todo, la retención prolongada durante años, de integrantes de la Fuerza Pública puede ser considerado una violación al DIH, pero es algo que se debe decidir en otra instancia, y mirar a ver, desde y hasta qué punto, un integrante de la Fuerza pública es víctima o no”.

Reconocimiento a presos políticos como víctimas del conflicto

La ley define como prisionero político a quien haya cometido algún delito con fines de obtener un beneficio o lograr un objetivo político. En este sentido, las Farc consideran prisioneros políticos a todos los integrantes de sus filas que han sido capturados por el Estado. Esto representa un problema, debido a que la mayoría de estas personas están encarceladas por delitos relacionados con el narcotráfico, que no es reconocido por ninguna ley como delito político.

Sobre este tema, el profesor Carlos Eduardo Jaramillo aseguró que “el tema de los prisioneros políticos es un debate grueso que está muy ligado también a si los secuestrados de las Fuerzas Armadas que tiene la guerrilla son prisioneros de guerra o no, es más o menos una discusión similar”.

En este sentido, “si usted reconoce que hay una guerra, pues los prisioneros de los bandos son prisioneros de guerra. Si usted acepta que las Farc están en armas porque políticamente piensan diferente del Gobierno y actúan en consecuencia haciendo uso de las armas, se puede pensar que sí hay prisioneros políticos”.

En el caso particular colombiano, “el hecho de que el transcurrir de la guerra haya tenido desarrollos delincuenciales, que difícilmente se pueden justificar con la política, hace que este sea un punto duro de negociar”.

Las víctimas del modelo económico

Las Farc plantean que el modelo económico capitalista, en la forma en que Colombia lo implementa, “ha sido un factor histórico en la persistencia de la desigualdad socioeconómica, el hambre, la miseria y la pobreza, así como en la vulneración de los Derechos Humanos”.

El profesor Carlos Jaramillo aseguró que “esto es un debate que lleva más de cien años entre el capitalismo y el comunismo, es algo de nunca acabar”.

Por eso citó como ejemplo de ello el hecho de que “hay varios países que en la historia han implementado el comunismo y su gente vive en una pobreza apabullante”.

Para él, “no se puede culpar al modelo económico de la pobreza y la desigualdad, hay muchos factores que influyen ahí y ese es un debate que no se puede tener como condición para firmar la paz”.

Todo es una distracción 

Sobre los planteamiento hechos por las Farc durante el fin de semana, el excomisionado de paz Camilo Gómez, aseguró que “todo lo que dicen las Farc en La Habana es una distracción para evadir su responsabilidad en la reparación a las víctimas que han dejado”.

Para él, “lo único que las Farc tienen que decirle a las víctimas del conflicto armado es qué van a hacer ellos para repararlas, porque ellos son los victimarios más grandes que hay en Colombia”.

El excomisionado de paz consideró que “no se puede considerar preso político a un secuestrador ni a un narcotraficante”, por lo que “todo lo que puedan decir las Farc en La Habana no es más que una forma de distraer a la opinión pública sobre sus deberes para con las víctimas de esto 40 años en los que, lo único que producen es muerte y daños a la infraestructura”.

Para Gómez, “las Farc son los principales asesinos, secuestradores y narcotraficantes del país, por lo que no se necesita de ellos para que Colombia crezca, este país puede crecer y lo ha hecho sin la participación de ellos”.