Desde una esquina del salón que sirvió como juzgado, un mensaje gritaba en letras azules a los más de dos mil indígenas asistentes al juicio: que los que se fueron no están muertos.

Que a Daniel Coicué y Manuel Tumiñá los callaron las balas, pero su espíritu estará presente. “Siempre estarán en nuestros corazones por haber protegido a la comunidad y el territorio”, decía.

Bajo la cartulina con letras dispares, siete guerrilleros agachaban la cabeza como a la espera de una redención.

La poca luz filtrada por las ventanas atestadas de comuneros les iluminaba más la palidez del susto a la sentencia que en minutos llegaría. -Parecen ángeles- alcanzó a decir una mujer indígena, pero recibió el repudio de la población que le recordó que esas siete personas, apenas unos días atrás, asesinaron dos integrantes de la guardia indígena por descolgar unas vallas alusivas a las Farc.

Entre los guerrilleros que esperaban la pena estaba Carlos Iván Silva Yatacué, alias ‘Fercho’. Cuando llegó el momento de hablar, antes de su sentencia, solo atinó a decir que él se acogía no a las normas de los indígenas, sino a la organización a la que le servía: las Farc.

Los otros seis, entre ellos dos menores de 14 y 17 años, se excusaron y descargaron su responsabilidad en el jefe.

“Las cosas se hicieron porque yo tenía autorización de los altos mandos. Nunca se pensó en hacer eso por el respeto que nos infunden a las comunidades (…). Prefiero responder a mi organización, a la que pertenezco y no responder a otra autoridad”, dijo ‘Fercho’, quien siguió erguido y desde su declaración no volvió a asentir su cabeza.

Los testimonios de los implicados fueron escuchados uno a uno por la comunidad indígena que comenzó a llegar temprano a la vereda San Francisco, lugar del juicio.

Llegaron en camiones, buses y carros escaleras a reclamar justicia, y una vez más, respeto por su vida y por la autonomía en los territorios.

En medio del tumulto, un hombre con sombrero grande sobresalía entre la variedad con sombreros y pañoletas verdes y rojas de la guardia indígena.

Era Rodrigo Yatacué, asesor jurídico del resguardo indígena de Toribío.

“Será la misma comunidad la que decida y juzgue sobre los acontecimientos que han venido pasando en nuestro resguardo. A pesar de que son comuneros se dejaron llevar por otras ideologías y salieron del camino”, dijo.

Y así como precisó el asesor, la comunidad se pronunció. La sentencia fue concertada al mediodía. Todos votaron por la cárcel para los asesinos de los dos indígenas sepultados el sábado en los cementerios de la vereda San Francisco y de Toribío.

Cien años de cárcel

Una voz gangosa preguntó a la multitud indígena qué pena querían para alias ‘Fercho’, luego de señalarlo como el responsable de la muerte de los dos indígenas. “Cárcel”, gritó la muchedumbre. Minutos después, más de dos mil manos votaron por 60 años de cárcel para el guerrillero.

El procedimiento fue igual para los otros cuatro subversivos sindicados por la asamblea de instigar y permitir el asesinato de los nativos.

Arsenio Vitonás, Robert Pequi, Emilio Ilyo y Freiman Dagua escucharon la sentencia en silencio mientras sus familiares asistentes gritaban que no debería ser así.

“Queda concertado, 40 años de cárcel para estos autores por los delitos contra la guardia y porque dispararon de manera indiscriminada”.

El veredicto para los dos jóvenes subversivos fue más benévolo: 20 “fuetazos” (latigazos) y la reclusión en un centro de rehabilitación hasta que cumplan la mayoría de edad, momento en el que se les hará una nueva asamblea para determinar la pena que se les impondrá.

“Los indígenas mayores irán a patio prestado, es decir, irán a un centro penitenciario del Estado, pero serán custodiados por la guardia indígena”, precisó Rodrigo Yatacué.

Tras ser condenados, la guardia indígena trasladó a los culpables a otro sitio de reclusión para evitar el rescate de los guerrilleros; rescate que al parecer harían el pasado sábado en la noche.

Por eso fueron trasladados al sitio del juicio en la madrugada de ayer tras comprobarse que siete hombres, en cinco motos, buscaban sacar de las prisiones a los subversivos capturados, expresó a este diario un integrante de la guardia indígena.

La justicia de los Nasa

El homicidio y otros delitos cometidos en los territorios indígenas son actos que serán condenados por la justicia propia, basados en la autonomía que les brinda la Constitución. El juzgamiento y la condena a 100 años de cárcel para los guerrilleros responsables de la muerte de Tumiñá y Coicué no es un asunto nuevo.

Esta autonomía ya tiene sus antecedentes como lo ocurrido en 2008, cuando un soldado se infiltró en la Minga indígena, en la hacienda Piendamó (Norte del Cauca), y fue capturado por la guardia. Rafael Zúñiga, asesor jurídico del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, dijo que esa vez se aplicó como remedio al militar 30 “fuetazos” y agregó que si en algún momento un miembro de las Fuerzas Militares llegara a cometer un delito mayor, “será la justicia tradicional la que lo juzgue”.

Bajo la premisa de autonomía que defienden y reclaman las comunidades -piden que ningún grupo armado haga presencia en los territorios- las autoridades de los comuneros aseguran que este tipo de acciones las harán no solo con las fuerzas del Estado, sino además con cualquier grupo armado que quiera “dañar el orden y la armonía en los territorios”.

Así fue como en 2012, luego de un hostigamiento de las Farc a Toribío, en el que perdió una pierna una de las líderes por un tatuco lanzado desde la montaña, la comunidad indígena hizo una asamblea para castigar a los responsables del hecho.

También es recordada la polémica que se desató en el país en julio de 2012, tras la decisión de la guardia indígena de retirar un pelotón del Ejército del cerro Berlín, en Toribío. A empujones y cargados a la fuerza sacaron a los soldados, entre ellos al sargento Rodrigo García. El Cric aseguró que el Ejército hacia presencia en un territorio ancestral.

El año pasado, luego del asesinato del mayor indígena Benancio Taquinás, se encontró dos responsables de ese crimen y la comunidad los condenó a 40 años de prisión y fueron recluidos en un centro penitenciario por el delito de homicidio.

Dice Zuñiga que en las cárceles de San Isidro en Popayán y de Silvia, Cauca, hay más de 90 condenados por la justicia tradicional por diferentes delitos entre ellos violencia sexual, hurto calificado y homicidio.

Dañaron las armas

Uno a uno fueron quedando en pedazos los siete fusiles que la guardia indígena incautó a las Farc luego del asesinato de los dos comuneros. También sucedió con las otras armas, los proveedores y los uniformes.

Con cada fusil partido, la comunidad aplaudía en señal de que no quieren más guerra, solo territorios en paz y con sana convivencia.

“No queremos ningún tipo de armas en las comunidades. Por eso las destruiremos para el bien de todos”, precisó el consejero Moncué.

En un sitio diferente, pero no frente a la comunidad, la guardia indígena azotó los pies de los dos menores de edad, guerrilleros que participaron en la muerte de los dos nativos. No hubo llanto ni gritos de dolor. Todo fue silencioso. Tan solo la tez pálida, la misma de antes de la sentencia, develó el castigó recibido.

-A ver si eso les sirve para que no se metan en líos-, salió replicando un guardia del salón mientras guardaba en su cinto el cuero del azote con el que dio los “fuetazos” para enderezarles el camino.

PARA SABER MÁS

JUICIO EN AUSENCIA A OTROS GUERRILLEROS

La asamblea indígena que juzgó a los siete milicianos de las Farc también determinó que hará un juicio político y en ausencia a alias ‘Duber’ y alias ‘Demetrio’, y a los otros cabecillas que dieron la orden de asesinar a los dos integrantes de la guardia indígena.

Además, denunciaron que persiste el reclutamiento forzado de los menores y enviaron un mensaje a los negociadores en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana: creen en el proceso, pero piden que saquen a la población civil del conflicto armado.

El pasado sábado, los jefes guerrilleros reconocieron desde Cuba el crimen de dos indígenas y desmintieron ser autores de las amenazas contra 26 líderes en Cauca.

EN DEFINITIVA

Las autoridades aplicaron su autonomía para impartir justicia contra siete guerrilleros de las Farc que participaron en el ataque que causó la muerte a dos miembros de su guardia.

Siguen violaciones a DD.HH.

Para las comunidades indígenas del norte del Cauca -y otras regiones del país- la preocupación principal son las constantes agresiones de los distintos grupos armados.

Desplazamientos, amenazas y homicidios son las constantes agresiones a las comunidades. En el norte de Cauca han asesinado a 307 personas en los territorios indígenas entre 2011 y 2014, según el Cric. Entre tanto, el año pasado perdieron la vida 14 indígenas, mientras que en 2014 van ocho.

A los asesinatos se suma el reclutamiento de los menores de edad, que se presenta con engaños, pues ofrecen pagos y prebendas, dicen las autoridades indígenas. Este año han registrado nueve situaciones de reclutamiento en distintas veredas de esta región.

En el más reciente informe de Acnur quedó registrado que en Colombia el dos por ciento de la población desplazada es indígena, “por eso la violencia y otros crímenes como el desplazamiento forzado y el confinamiento amenazan la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en este país”.

Las razones por las que se dan estas agresiones a los indígenas son explicadas por Edinson Moncué, consejero mayor del Cric. Según el líder comunero, las riquezas que hay en los territorios han llevado a las disputas.

“Hay una necesidad profunda de estos grupos armados, pues dentro de las comunidades hay muchas riquezas minerales. A pesar de esto, siempre hemos estado en resistencia pacífica y por eso nos asesinan a los compañeros, porque hemos dicho que no estamos a favor de ningún grupo”, dijo Moncué.

Más críticas a Farc por doble asesinato

Juan Carlos Pinzón
Ministro de Defensa

Como “vergüenza mundial” calificó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el asesinato de los dos indígenas en Cauca. “Esta organización terrorista demuestra lo que es al perseguir a las comunidades indígenas”. Y valoró que la Fuerza Pública ha actuado de manera prudente, respetando las tradiciones indígenas, “esperando siempre sus leyes ancestrales”.

En Colombia el dos por ciento de los desplazados es de indígenas.