El Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Ejército nacional por los perjuicios ocasionados tras el asesinato de 11 campesinos en el corregimiento Frías, en Falan (Tolima), en hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2001.

La Sección Tercera estableció que lo ocurrido fue un acto de lesa humanidad, toda vez que fue un ataque sistemático y premeditado, cuyo propósito era exterminar a varios campesinos señalados por grupos paramilitares como auxiliadores de la guerrilla, que no solo afectó a las víctimas, sino también a toda la sociedad civil.

Según el proceso, en la noche del 15 de septiembre de 2001, unas 20 personas armadas, miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, llegaron al corregimiento y abrieron fuego contra personas que estaban en dos establecimientos de comercio en la plaza principal, y ocasionaron la muerte de 11 campesinos.

Igualmente, se comprobó la fuerte y habitual presencia de miembros de las Farc y el ELN en el centro poblado, por lo que existía una estigmatización en la zona como de dominio de grupos armados insurgentes. Por otra parte, se demostró que la fuerza pública, Policía o Ejército nacional, no hacía presencia permanente en el lugar.

De hecho, algunos testimonios señalaron que años atrás se había desmontado un puesto de Policía en dicho corregimiento y que solo de vez en cuando era que se les veía en la zona.

“Finalmente, en el proceso están acreditadas las relaciones de cooperación y coordinación existentes entre los miembros del Frente Paramilitar Ómar Isaza y diversas entidades públicas encargadas de la seguridad y protección, investigación de delitos e, inclusive, del gobierno municipal. Así, en el Acta de inspección judicial del CTI al Batallón Patriotas se consignó, en el acápite de “red de apoyo” del Frente Ómar Isaza que los alcaldes de Lérida y La Dorada “colaboran”, mientras que otras personas declararon la existencia de vínculos del grupo paramilitar con miembros de la Policía nacional en Fresno y Palocabildo, con el comandante del DAS en Mariquita y algunos miembros del Ejército nacional”, señala el fallo.

La Sala destacó testimonios de pobladores y de desmovilizados de las Farc que hablaban de la connivencia de miembros de diversas instituciones del Estado con dicho frente paramilitar.

Particularmente, destacó el Consejo de Estado, dichos vínculos fueron con las entidades encargadas de la conservación del orden público, la seguridad y la represión y la investigación de los delitos, y que tal alianza permitió el desarrollo y consolidación de los paramilitares, pues uno de los testimonios afirmó que quien se desempeñaba como jefe del DAS en Mariquita figuraba en la “nómina de pagos” del Frente Ómar Isaza, ya que prestaba colaboración con dicho grupo informando operativos del Ejército o la Fiscalía.

El Consejo de Estado además calificó como de extrema gravedad que en este caso hubo una connivencia delictual entre las autoridades encargadas de prestar los servicios de seguridad con los miembros del grupo que perpetró los homicidios.

“Para la época en que tuvo lugar el múltiple homicidio en Frías existía un nefasto escenario de macrocriminalidad, ante el cual las autoridades públicas ejecutaron actos positivos de acompañamiento y protección, es decir, en pro de la criminalidad imperante en la región, desconociendo flagrantemente los postulados convencionales y constitucionales que informan, justifican y dan sentido a una organización estatal que se precia de ser Social y Democrático de Derecho”, afirma la sentencia.

En el fallo el Consejo de Estado ordenó una serie de medidas restaurativas como que el Ministro de la Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, de la Policía y el Comandante del Batallón No. 16 Patriotas, en persona organicen un acto público de reconocimiento a las víctimas y petición de disculpas.

Así mismo, se ordenó remitir copia de la sentencia a la Fiscalía General, para que determine si el caso merece priorización en la investigación de quienes participaron en la comisión de violaciones de Derechos Humanos.

‘El Gurre’ reconoció responsabilidad en masacres

 Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’ o ‘Miguel’, exjefe político de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, asumió su responsabilidad por siete masacres que cometieron sus hombres en las que fueron asesinadas más de 50 personas en Tolima, que, según las autodefensas, eran auxiliadores o miembros de la guerrilla.

El Gurre perteneció a las Acmm, el primer grupo paramilitar con influencia en la región del Oriente Antioqueño. Se concentraban en San Luis, Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Boyacá, y en las zonas adyacentes a la autopista Medellín - Bogotá. También hizo presencia en municipios del Nororiente de Caldas y el Norte del Tolima.

Una de las masacres de las que Ochoa Guisao asumió responsabilidad por “línea de mando”, fue la ocurrida en Frías.

Según relato el exparamilitar en una audiencia donde llegaron ocho familiares de víctimas de la masacre de Frías, sus hombres ingresaron al pueblo en búsqueda de cuatro presuntos guerrilleros y en su camino asesinaron a seis personas en el bar De La Esquina. Posteriormente, en un billar los paramilitares masacraron a otras cinco personas más. Y en su huida del pueblo acribillaron a otros dos.

Ante este panorama, ‘El Gurre’ respondió que un informante les había dicho que cuatro guerrilleros estaban tomando en una de las cantinas del pueblo. Por eso sus hombres fueron por ellos, sin saber sus identidades, por eso asesinaron a las personas que se encontraban en el billar y el bar, sin determinar si eran o no guerrilleros, e incluso mataron a más personas de los cuatro supuestos guerrilleros que iban inicialmente a buscar.

Dos de los familiares de las víctimas, que pidieron omitir sus nombres, dijeron a Verdad Abierta que no creen que entre los asesinados haya un solo guerrillero, porque todos eran campesinos trabajadores. Los familiares sostuvieron que todo lo dicho por el paramilitar es mentira, porque consideran que ellos estaban “abriendo terreno” e infundiendo miedo para someter a la gente de la región.

Uno de ellos dijo a Verdad Abierta que después de estos asesinatos los paramilitares continuaron haciendo presencia en la zona y se reunían en la plaza del pueblo a la vista todo el mundo.

El versionado dijo que tan sólo se enteró dos días después de los hechos a través de los medios de comunicación y que alias ‘Memo’ le dijo que las dos personas que fueron desparecidas eran auxiliadores de la guerrilla.

Con respecto a cómo se establecía quienes tenían nexos con grupos guerrilleros, ‘El Gurre’ declaró que ellos hacían sus propias investigaciones y les llegaban informaciones de denuncias de algunos miembros de las comunidades.

Otra masacre que reconoció fue la conocida como ‘Pescadores’, en la que fueron asesinadas siete personas. Los paramilitares los masacraron cuando se dirigían hacia Armero - Guayabal, y fueron capturados por el Ejército, que a su vez los entregó a los ‘paras’ acusándolos de ser unos ladrones que estaban azotando la zona.

El excomandante político del FOI también se responsabilizó de la masacre de un grupo de 11 cazadores que aparecieron muertos en la finca San Jorge, en Méndez, Tolima. Las autoridades establecieron que la única mujer del grupo había sido violada, porque encontraron el cadáver casi desnudo y un par de condones.

Así mismo, las de La Parroquia, una vereda en la que los ‘paras’ desaparecieron a 10 personas, desplazaron a cientos de personas y se apropiaron de sus bienes. Los hechos iniciaron el 16 de julio de 2001, en el balneario Acuario, ubicado en Mariquita.

Además se responsabilizó por “línea de mando” de la masacre ocurrida el 17 de febrero de 2001 en la vereda La Leonera, ubicada en Fresno, la denominada masacre de Mangostinos, perpetrada el 12 de enero de 2001, y la masacre que ocurrió el 4 de julio de 2001, en Petaqueros.