Con el reto de avanzar en el tratamiento público y político de los derechos humanos, la Presidencia de la República priorizó la Consejería encargada de este tema, especialmente, cuando el país parece entrar en la recta final para alcanzar la paz.

Aun así el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, reconoce que además del conflicto armado, hay múltiples factores que históricamente han vulnerado los derechos de los colombianos.

Según cifras oficiales en 2014 fueron perpetradas cuatro veces menos masacres que en 2009 y se registraron cinco veces menos víctimas que en ese mismo año. En cuanto a homicidios de alcaldes y concejales, este se redujo a la mitad el número de alcaldes asesinados frente a los hechos de 2009, y se han presentado dos veces menos homicidios de concejales.

Y aunque en varios escenarios Colombia se sigue ‘rajando’ en Derechos Humanos, en entrevista con Colprensa, el consejero asegura que éste es el gobierno más comprometido en la historia en esa materia.

- A inicios de 2014 la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia presentó un informe que no dejaba bien parado al país. ¿Qué ha hecho el Gobierno para cambiar el panorama?

El 2014 fue el mejor año en materia de derechos humanos y éste ha sido el gobierno más destacado en la historia del país frente a esa política. Las cifras hablan por sí solas, ese fue el año en que, comparativamente hablando frente a otros años, se registró uno de los niveles más bajos de homicidio en las últimas tres décadas.

También se ha disminuido el desplazamiento forzado que es el delito más recurrente en el universo de delitos que hacen parte del catálogo de violaciones a los derechos humanos. A julio de 2014 se presentaron 5 veces menos casos de desplazamiento pasando de 226.470 personas expulsadas en 2009, a 43.101 a noviembre de 2014.

-Precisamente en el tema de desplazamiento hay muchas denuncias de organizaciones sobre constantes amenazas que reciben defensores de derechos humanos, activistas y reclamantes de tierras ¿Qué está haciendo la consejería para resolverlo?

Lo que ha ocurrido es que las víctimas y los líderes de víctimas se han visibilizado porque a partir de la aplicación de la Ley de Víctimas, ellos han acudido a reclamar los derechos que esa ley ha consagrado. Eso los ha visibilizado y los intereses criminales que todavía hay sobre muchas tierras en el país, es lo que ha causado que se atente contra la integridad de muchos líderes.

El gobierno está protegiéndolos, hoy el número de protegidos por la Unidad de Protección es de los más altos de la historia del país, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que a pesar de las dificultades fiscales por las que atraviesa el gobierno, no habrá disminución de las medidas de protección para los líderes de organizaciones de víctimas.

- Junto con el ministro del Interior usted hizo parte de la construcción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero, otros sectores como los afro, indígenas o Lgbt, demandan más atención del Estado. ¿Qué avance ha tenido en esto la consejería?

El conflicto armado es la principal fuente de violación de derechos humanos, pero no la única. Estamos trabajando en una modificación del decreto de la mesa de casos urgentes que atiende las quejas o denuncias que se presenten por discriminación o por atentados a miembros de la comunidad Lgbti. La Policía tiene una oficina dedicada a atender esos casos, incluso hay una policía que hace parte de esa comunidad. Eso lo que muestra es una gran apertura de las instituciones del Estado, un sentido pluralista para reconocer la diferencia, para respetarla y asegurarse de que los colombianos respeten la diferencia.

-¿Y los otros grupos?

Este gobierno se ha caracterizado por ser respetuoso del diálogo con las comunidades, este gobierno no estigmatiza la protesta social, por el contrario la atiende y dialoga con quienes las realizan. Todas las semanas funcionarios del gobierno están en las diferentes regiones del país dialogando con líderes buscando soluciones.

-En 2013 se lideró un proceso de construcción de la política pública en Derechos Humanos ¿cómo resultó el trabajo?

La estrategia de garantía de los derechos humanos es el fruto de un proceso participativo que se desarrolló por todo el país, del que hicieron parte cerca de 20 mil colombianos entre los 32 departamentos, cerca de nueve mil organizaciones, y dos mil funcionarios del Estado. Estamos ahora en el proceso de confección del Plan Nacional de Desarrollo y pretendemos que las líneas gruesas que en materia de derechos humanos que fueron construidas con la gente, hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo.

-¿Qué papel está jugando la comunidad internacional en materia de derechos humanos en el país?

Está jugando un papel muy activo, nosotros contamos en el programa con una alta cooperación de comunidad internacional y ellos están muy comprometidos y valoran mucho el esfuerzo que el gobierno hace en esta materia.

-Hay instancias internacionales que desde antes que se firme la paz, cuestionan que se contemple que solo algunos cabecillas o máximos jefes de la guerrilla terminen cumpliendo condenas abriéndole la puerta a la impunidad. ¿Qué responde la consejería?

El gobierno lideró en el Congreso de la República una reforma constitucional que se conoció como el acto legislativo para la paz, en ella están previstos los principios orientadores de la justicia transicional, que tendrá que ser desarrollada a través de unas leyes. Pero esos principios de justicia transicional parten de garantías para los derechos.