En diálogo con Colprensa, Iván Lombana, delegado del despacho del vicefiscal para este caso, explicó que lo primero que viene en esta fase es la extinción de dominio de los bienes de las personas que participaron en este caso.

“Ante el resultado, de las personas que son socias y que fueron vinculadas a esta investigación vamos a comenzar a revisar sus bienes y los de sus núcleos familiares, debido al volumen de propiedades; esto se hará por fases, hasta lograr recuperar todo lo que se compró con las inversiones ilícitas.

“Después de esto y de monetizar las propiedades por Ley de Extinción de Dominio, pasarán a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia”, dijo el funcionario de la Fiscalía.

En cuanto al financiamiento de la Comercializadora Goldex a grupos ilegales, explicó que “quiero resaltar que con la investigación logramos demostrar que la estructura de Goldex como empresa no existe; se usaron proveedores falsos, empresas fachadas y personas naturales que figuraban como muertas.

“Y todo esto se desarrolló en zonas donde el orden público del país es complicado, aunque todavía no tenemos pruebas directas de que esos dineros llegaron a las Farc o Bacrim, pero se está rastreando esta hipótesis”.

Lombana afirmó que este “entramado de empresas de fachada o que no existen” llevó a la Fiscalía a asegurar que el oro que exportaban provenía de negocios ilícitos.

También afirmó el funcionario que se está indagando si el dinero producto de estas actividades ilícitas entró a las cuentas de 22 municipios o a las campañas políticas para alcaldías, gobernaciones y asambleas departamentales en Chocó, Córdoba, Huila, Santander y Guaviare.

“Todo esto hace parte de las investigaciones. Es claro que si los dineros provienen de minería ilegal, los primeros en vigilar y autorizar la explotación son las autoridades locales, y es muy posible que ante la presencia de grupos armados se logre alianzas para poder ejecutar las actividades ilegales o recibieran el apoyo para lograr ser elegidas por la comunidad. Este apoyo pudo ser por amenazas o por simple colaboración”, dijo Lombana.

Y agregó que aunque a la fecha nadie ha sido vinculado a raíz de estos hechos, si las investigaciones lo comprueban, los mandatarios serán investigados por omisión y colaboración con grupos al margen de la Ley.

También reveló que como consecuencia de esta investigación se está efectuando seguimiento a comercializadoras de oro del país que son un poco más pequeñas pero estarían lavando dinero.

Por último, dijo que la meta de la Fiscalía es desarticular todas las estructuras criminales, porque “hemos detectado que cerrar una minería ilegal no es un buen resultado, debido que a los días llega otro grupo que la invade.

Por ello la estrategia de la Fiscalía es investigar las estructuras criminales, pues resulta más efectivo desarticular una organización como Goldex, que son las que la sostienen y financian este tipo de negocios”, dijo el asesor del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Y es que dentro de las investigaciones se halló vínculos entre la Firma Goldex y Jairo Rendón, conocido con el alias de ‘Germán Monsalve’, quien es hermano del conocido narco Daniel Rendón, jefe de la banda criminal de ‘los Urabeños’.

Así las cosas, en los próximos días el ente investigador creará tres grupos especiales que indagarán a profundidad el tema de Goldex y sus relaciones con bandas criminales, la guerrilla y el sector político.

LA CABEZA DEL IMPERIO GOLDEX

John Úber Hernádez Santa es un empresario antioqueño de 45 años, no tiene carrera universitaria, y hasta hace unos días era la cabeza de la comercializadora de oro más grande del país. Ahora debe responder por lavado de activos y concierto para delinquir.

“Llegar a descubrir los negocios ilegales de Jhon Uber Hernández no era fácil, puesto que siempre manejó un perfil bajo y tuvo muy buen manejo de sus inversiones. Y fue solo hasta un operativo contra minería ilegal llevado a cabo por el Ejército en 2011 cuando comenzaron las sospechas de las actividades ilegales, es así como tres años después y de descubrir a toda la red se llega a este hombre”, contó uno de los investigadores.

Y agregó la fuente del ente investigador que “la semana pasada, cuando se llegó a hacer efectiva la orden de captura, nos enteramos de que dos horas antes se había escapado con su esposa, Gloria Patricia Álvarez, era claro que alguien le había anunciado del operativo, Sin embargo, le seguimos el rastro y precisamente su descuido con llamadas nos llevó a su detención cuando se movilizaba en un bus intermunicipal. Su idea era salir del país por carretera y así escapar de las investigaciones”.

Lo que más sorprende a los investigadores es que aún después de su captura y con todas las pruebas en su contra el llamado ‘zar del oro’ afirma ser víctima de un complot en su contra por personas que siempre quisieron acabar con sus negocios.

LOS RESPONSABLES DEL LAVADO

Al final de la audiencia de medida de aseguramiento a 19 de los 21 capturados por el caso C.I. Góldex, la Juez 17 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías ordenó la libertad de dos de los implicados y medida de aseguramiento con detención domiciliaria sobre los otros 17, mientras son llamados juicio y se les resuelve su situación.

La decisión de la Juez fue apelada por la Fiscalía, ya que desde un inicio de la audiencia, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento con detención intramural o carcelaria contra los 19 implicados. En los próximos días un Juez de circuito resolverá la apelación. Las dos personas dejadas en libertad son dos mineros del Nororiente.

Los 19 procesados deben responder por los presuntos delitos de lavados de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir por, supuestamente, haber participado en el lavado de 2.3 billones de pesos en exportaciones de oro por medio de la comercializadora Góldex.

OTRAS SANCIONES A GOLDEX

Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Góldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dimensionó en cifras sociales el alcance del dinero lavado a través de la comercialización ilegal de oro: “2.3 billones de pesos son recursos con los que podríamos estar construyendo 55 mil nuevas viviendas gratis en Colombia”.