“Esta idea de justicia transicional para todos se podría entender como la decisión política que involucre a todos los sectores de la sociedad que vivieron el conflicto, directa o indirectamente, y que se exprese en un conjunto de decisiones que garanticen la restauración del orden, la seguridad jurídica y la armonía social y política, condicionado este tratamiento a la no repetición, a la verdad y a la reparación, en aras de reconocer el daño causado a los civiles que han sido víctimas del conflicto armado”, definió ayer su propuesta el expresidente liberal.

Dice que la idea le surgió a raíz del debate que hizo el senador Iván Cepeda a Álvaro Uribe, durante el cual los senadores verdes Claudia López y Antonio Navarro hablaron de la necesidad de ‘un perdón mutuo de los sectores que han estado en conflicto’ e insinúa que no se trataría de “un simple perdón” como el que se le aplicó a los del M-19 o a los que pelearon las guerras de los Mil Días o de la Violencia.

En síntesis, Gaviria propone cuatro cosas:

1) Que los beneficios de la justicia transicional no solo se apliquen a guerrilleros, militares y paramilitares sino, también, a empresarios, políticos, jueces y agentes del Estado que fueron cómplices o coautores de delitos durante el conflicto armado.

2) Que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas

3) Que la teoría de los máximos responsables defendida en el Marco Jurídico para la Paz se aplique de manera restringida a coroneles y generales y que se limite “a las faltas por acción comprobadas y no por omisión”.

4) Que esta justicia transicional sea refrendada via un referendo para darle legitimidad política.

La zanahoria

La Silla no pudo hablar con el expresidente Gaviria Trujillo personalmente, pero gente que le ha escuchado su propuesta ha entendido que busca, sobre todo, tender puentes con Álvaro Uribe, con el círculo de empresarios y políticos afines a él y con los militares que se oponen al proceso de paz.

Gaviria está convencido de que sin el apoyo del expresidente y de la gente cuyas visiones él representa será imposible lograr la firma de un acuerdo sostenible que ponga fin al conflicto armado.

También le preocupa que suceda lo que ha pasado a raíz de la negociación con los ‘paras’ en Justicia y Paz, que ha llevado a que los desmovilizados incriminen a una cantidad de empresarios y políticos que terminan enredados en la justicia ordinaria pagando penas (o con el riesgo de hacerlo) 5 o 6 veces más altas que las de los combatientes que han confesado cientos de muertos.

“Están abriéndole paso a darle zanahoria a los que están en contra del proceso de paz: uribistas recalcitrantes y militaristas. Muchos de ellos, en mayor o menor medida, tienen pecados que pueden ser lavados con el agua lustral de los acuerdos de paz”, dice Carlos Suárez, analista político y bloguer de La Silla Vacía.

“Buscan tirarle salvavidas a desde María del Pilar Hurtado hasta Rito Alejo del Río. Es ablandar la oposición al proceso de paz”, cataloga.

Procesos como los que están abiertos contra Santiago Uribe, el hermano del expresidente, por testimonios que lo supuestamente lo vinculan con la organización paramilitar de ‘Los 12 apóstoles’; contra más de mil militares por falsos positivos; contra generales como Mario Montoya, a quien los paramilitares han salpicado en varias declaraciones judiciales; incluso contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, el exsecretario general de Uribe por las chuzadas del DAS; todos estos quedarían cubiertos por la justicia transicional que propone Gaviria.

El problema con esta oferta -según tres expertos en justicia transicional consultados por La Silla Vacía- es que podría tener un efecto contrario al que busca.

Los problemas

El expresidente Gaviria argumenta que esta fórmula permitiría garantizar una seguridad jurídica para todos y pasar la página de la guerra.

“Si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra. De lo que se trata, entonces, es de poner fin a la guerra de manera definitiva y de definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores”, escribe.

Sin embargo, toda la discusión de justicia transicional entraña unos debates que no quedan resueltos con la propuesta de Gaviria.

Como las Farc dejó pasar la oportunidad que tuvo de negociar en los 90 (precisamente con Gaviria) y en el 98, y en cambio le apostó a la guerra mientras en el mundo se aprobaba el Estatuto de Roma, se creaba la Corte Penal Internacional y se fortalecía todo el movimiento de derechos humanos y de víctimas, el tema jurídico internacional es un problema real para la negociación que se está llevando en La Habana.

Aunque entre los expertos hay un debate sobre los alcances de la justicia internacional, algo en lo que todos están de acuerdo es que las amnistías totales están proscritas. Más aún si implican autoamnistía.

Bajo ese consenso, entonces, un perdón judicial automático como el que propone Gaviria para todos los no combatientes que cometieron algún delito grave durante el conflicto ofrecería muy poca seguridad jurídica a futuro. Sería fácil argumentar que una ley aprobada por políticos, financiados muchos de ellos por empresarios, y avalada por jueces, para perdonar a otros políticos, empresarios y jueces es una auto-amnistía.

Los expertos en el derecho internacional también rechazan de manera prácticamente unánime el perdón de las personas que son responsables en un mayor nivel de crímenes graves de guerra o de lesa humanidad.

“Si uno quiere una paz sólida, tiene que haber unos mínimos de justicia”, explicó a inicio de año en una entrevista con La Silla Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, y una de las personas que más saben de justicia transicional en el país. “Una paz que no lo tenga sería una paz muy frágil jurídicamente”.

Hay un mayor debate, en cambio, sobre la posibilidad de perdonar aquellos crímenes menos graves o incluso aquellos que siendo graves no fueron cometidos por los máximos responsables de la política criminal dentro de la organización.

Esta última teoría es la que explicaría que -como anota Gaviria- miles de paramilitares y guerrilleros que se desmovilizaron desde que se aprobó el Estatuto de Roma no hayan pagado ni un día de cárcel y nadie haya protestado por eso.

Pero, otra cosa sería aplicar esta misma laxitud para los jefes guerrilleros o para los máximos responsables dentro de las Fuerzas Militares de atrocidades como los falsos positivos.

Igual de inaceptable le resultó a las fuentes consultadas la idea de no juzgar a los militares por “omisión”.

“Las peores masacres, las peores actuaciones pueden ejecutarse frente a la omisión de unas personas que tienen la responsabilidad de darse cuenta de esos crímenes y de pararlas”, dijo un abogado experto en justicia transicional.

“¿En qué queda entonces el esclarecimiento de la connivencia con los paras?”, se preguntó un experto en derechos humanos. La pregunta es pertinente teniendo en cuenta que una de las estrategias de connivencia de comandantes de brigadas militares era mantenerse deliberadamente lejos del lugar por donde tenían que pasar las autodefensas ilegales camino a cometer sus masacres, como sucedió cuando mataron a 27 campesinos en Chengue, en Ovejas, Sucre, en 2001, en las narices de la Policía y la Armada.

“La idea de que la rendición penal de cuentas se centre en los máximos responsables y que para los que no eran los máximos responsables haya otras formas de contribución a la verdad y otros condicionamientos a cambios de renunciar a la persecución penal que está en el Marco jurídico para la paz es apropiada”, explicó Uprimny en enero a La Silla.

“La manera de proteger a los máximos responsables del conflicto armado es hacer una investigación judicial y ejercer la acción penal, así esa acción penal tenga beneficios. Cualquiera que pretenda salir impune siendo un máximo responsable de crímenes internacionales se hace vulnerable a que en el futuro se lo lleven,” confirmó otro experto en justicia transicional.

Gaviria alega que “el respaldo internacional unánime y generalizado que se produce en este momento” debe interpretarse a favor de la prevalencia de la voluntad de paz de los colombianos.

“Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional (CPI) será una aliada del proceso de paz colombiano y no un escollo insalvable, como algunos pretenden hacerlo creer, y como lo han sugerido algunos funcionarios de rango subalterno, que no son los jueces de la Corte. Nadie, ni en Colombia ni en la comunidad internacional, puede esperar que surjan precedentes de derecho internacional que hagan imposible la paz de Colombia o que ignoren las experiencias de otros países para poner fin a guerras civiles de larga data, particularmente después del fin de la guerra fría”.

La Silla habló con tres fuentes diferentes, que están cerca del proceso de paz y que conocen el trabajo de la CPI, y las tres coincidieron en que este organismo internacional está siguiendo de cerca el proceso colombiano (y si no lo estuviera, el procurador Alejandro Ordóñez ya los puso al día con su invitación a monitorear el proceso de paz).

Sin ir más lejos, hace unos días estuvo en visita oficial en Colombia un fiscal de apelaciones de la CPI con un equipo que estaba muy enterado de lo que estaba pasando en el país y la sensación que quedó entre los que se reunieron con ellos es que así como serían respetuosos del proceso de paz colombiano si se hace bien de acuerdo a las normas internacionales, no lo serían si Colombia las ignora. Máxime cuando hay un afán en la Corte de ‘desafricanizar’ los casos que investigan.

Aunque internacionalmente hay un respaldo al proceso de paz en Colombia -como lo afirma Gaviria- “no van a apoyar un estándar que cambie los estándares para futuros procesos”, según dijo a La Silla una fuente que conoce el asunto por dentro.

Así como sucede con los tratados de Libre Comercio, en los que los países se abstienen de hacer concesiones a un país específico por temor a que lo tenga que hacer también con otros en el futuro, muchas personas dicen que Colombia va a fijar un precedente importante para la comunidad internacional, pues sería el primer país en firmar un acuerdo de paz desde que existe la CPI. (Otros expertos dicen que Colombia no es tan importante como para que eso realmente importe).

De cualquier manera, no solo está pendiente la CPI sino, también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, para citar un caso, no aceptó la ley de reconciliación que le puso punto final al conflicto en Guatemala asociando todos los crímenes al delito político. Y los tribunales de países europeos, que podrían en cualquier momento capturar a un general colombiano o a un jefe guerrillero si consideran que sus crímenes quedaron impunes.

Esto sin mencionar a Estados Unidos, que la semana pasada pidió en extradición a ‘Julián Bolívar’ por narcotráfico, y quien es uno de los jefes paramilitares que más han cumplido sus compromisos en Justicia y Paz.

Y es que más allá del activismo de las cortes internacionales, existe un movimiento fuerte de víctimas tanto en Colombia como en el resto del mundo que -como dice Uprimny- “muy difícilmente aceptarían una fórmula de impunidad”.

LAS REACCIONES

Las reacciones a la propuesta de Gaviria no se hicieron esperar. El senador Iván Cepeda, uno de los más activos a favor de la negociación en La Habana, aplaudió la propuesta, según informó Caracol Radio.

Sin embargo, la izquierda estará cada vez más bajo presión si su estándar de derechos humanos frente a la guerrilla es inferior al que ha exigido para el Estado y los paramilitares. También le quedará difícil pedir a las cortes internacionales que respeten el proceso interno cuando llevan años solicitándoles que se metan a suplir la carencia de justicia interna.

“Hay que crear un consenso en la sociedad alrededor de la solución”, dijo una fuente cercana al proceso. “El reto político es muy grande, porque el acuerdo tiene que ser tan sólido y legítimo desde adentro que afuera no se pueda tumbar”.

La propuesta de Gaviria busca crear ese consenso que seguramente sería fácil de forjar entre las élites tanto del Establecimiento como de las Farc. Pero si se quiere que un acuerdo de paz sea realmente irreversible, el camino seguramente será un poco más doloroso que el que propone el expresidente.

¿Y las víctimas...

Gaviria no menciona en ninguna parte consultar a las víctimas.

Sin embargo, hay varias organizaciones de mujeres, por citar solo un caso, que llevan meses documentando casos de violencia sexual en el conflicto, incluida la política de las Farc de obligar a las guerrilleras a abortar. Estas organizaciones nacionales están articuladas con ONG extranjeras, con poder de lobby ante los tribunales de sus países. Muchas de estas mujeres no están dispuestas a aceptar solo un perdón y una reparación. Ellas quieren justicia y la van a buscar así se demoren años en conseguirla.