El fiscal Eduardo Montealegre anticipó que se van a tomar las primeras decisiones contra los funcionarios del Centro Democrático investigados por las chuzadas a los negociadores del proceso de Paz. Asimismo aceptó que este año no se logrará la firma de la paz y no descarta realizar una gira internacional para apoyar el proceso, tras los viajes que han realizado el senador Álvaro Uribe Vélez y el procurador Alejandro Ordóñez.

- ¿Cómo ve la actualidad del proceso de paz con las Farc? ¿Estará listo antes de las elecciones de octubre?

El proceso de paz va a salir, lo que pasa es que se nos va a llevar todo este año, no creo que de aquí a octubre esté firmado. La presencia del enviado especial del gobierno de Estados Unidos es un paso grande y resuelve muchos temas, sobretodo el más álgido, que es la vinculación de las Farc al narcotráfico para efectos de financiamiento de su actividad guerrillera.

- ¿Le preocupan las giras que han hecho dirigentes del Centro Democrático y el Procurador general, en las que critican el proceso de paz?

Es posible que salga del país para hacer una gira en apoyo a la paz lo mismo que recorridos regionales, para mirar en qué podemos ayudar en fortalecimiento de justicia y seguridad ciudadana. Los viajes del Procurador no me preocupan, él está planteando sus posturas que han sido muy claras en contra del proceso de Paz y es importante para que se haga un debate a nivel internacional, que debe ser equilibrado y no solamente con la versión de los enemigos del proceso, como el expresidente Álvaro Uribe, sino con la visión de la Fiscalía y otras partes del Estado.

- El expresidente César Gaviria Trujillo habló de una justicia transicional para todos al final del conflicto armado. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Considero que no nos debemos limitar exclusivamente a la guerrilla o a la Fuerza Pública en los acuerdos de paz, sino que debemos incluir a todos los actores del conflicto y a quienes de alguna manera favorecieron la guerra durante todos estos años de violencia. Con el propósito de garantizar en mayor medida los derechos que tienen las víctimas a obtener una verdad más completa, la mayor reconciliación posible, y en términos generales, una paz estable y duradera, es necesario involucrar a todos los protagonistas del conflicto. Gran parte de las alternativas para afrontar a todos los actores del conflicto ya existe en nuestro ordenamiento. Existen soluciones extrajudiciales y extrapenales, centradas en verdad y reparación, a las que podemos acudir jurídicamente. No se trata de otorgarles impunidad a los distintos actores involucrados en el conflicto, porque, indudablemente, estos tendrían que contribuir al proceso de justicia transicional y cumplir con una serie de requisitos, de acuerdo con lo que establezca la ley.

- Usted le pidió a María del Pilar Hurtado colaborar con la justicia. ¿Qué le puede ofrecer la Fiscalía por su colaboración? ¿Tiene pruebas la Fiscalía para vincular a más personas en las chuzadas del DAS?

Este caso evidencia que, tarde o temprano, las personas que tienen cuentas pendientes con la justicia deberán dar la cara. Con esto demostrarían, por lo menos, un mínimo respeto por la institucionalidad y sus conciudadanos. Para ella aún es posible obtener beneficios por colaboración, como rebajas de pena y tratamientos penitenciarios más flexibles. Y me refiero a beneficios tanto para la señora Hurtado como para el doctor Bernardo Moreno. El país debe saber quién fue el gran artífice de los seguimientos a magistrados, defensores de derechos humanos y líderes de oposición. La Fiscalía tiene la convicción de que hay más implicados de la Presidencia de la República durante el gobierno Uribe. Se trató de una empresa criminal de gran envergadura para violar Derechos Humanos. Después de Semana Santa la Fiscalía dará a conocer los avances de estas investigaciones y tomará decisiones, francamente trascendentales.

- La Fiscalía logró que un juez avalara el preacuerdo con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda. ¿Qué se viene en este proceso por las interceptaciones al grupo negociador del Gobierno en Cuba?

Frente a este proceso se vienen varias actuaciones; por ejemplo, una posible negociación, en la modalidad de principio de oportunidad o preacuerdo con el señor Bajaña Barragán, hacker de ciudadanía ecuatoriana. También el juicio contra los dos cabos del Ejército nacional que son funcionarios de inteligencia, por la venta de información a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila. Así mismo, un posible preacuerdo o juicio en contra de Ignacio David Parra Amín y la continuación de la indagación preliminar en contra de los determinadores de las acciones ilegales de Andrés Fernando Sepúlveda Ardila. Le adelanto que, efectivamente, se vinculará a más personas en este caso.

- Ya se cumplieron los interrogatorios al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David. ¿Tiene la Fiscalía alguna decisión frente a su situación jurídica?

Luego de estos interrogatorios, la Fiscalía analiza y contrasta cuidadosamente la información obtenida, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa de tan ilustres ciudadanos. Después de Semana Santa la Fiscalía adoptará decisiones con respecto a estos hechos.

- En el caso de Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual del Centro Democrático y quien se encuentra fuera del país, ¿qué pasará con las investigaciones en su contra?

Se adelanta una indagación preliminar, con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que nos permitan determinar si cometió alguna conducta reprochable desde el punto de vista penal. En abril la Fiscalía decidirá si hay o no elementos probatorios para imputar cargos y eventualmente proferir medida de aseguramiento contra Luis Alfonso Hoyos y el joven David Zuluaga.

- En las investigaciones por la sala Andrómeda y sus vínculos con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, pronto será presentado el escrito de acusación en contra de tres militares. ¿Vienen más imputaciones a militares por este tema?

Esta es una investigación sumamente compleja. Para ello nuestra entidad cuenta con un personal muy capacitado y especializado que llegará al fondo del asunto. Puedo decirle que la investigación ha demostrado que uno de los exfuncionarios, el señor Carlos Alberto Betancur, alias ‘Bender’, vendió información de carácter secreto a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila. Respecto a las imputaciones, se creó un grupo de tareas especiales para analizar la información que fue encontrada en los computadores allanados en la denominada fachada Andrómeda, con el fin de realizar una investigación plena e integral. Cuando finalice el análisis de la información, se tomarán decisiones sobre la eventual responsabilidad de militares adscritos a dicha fachada. Uno de los grandes desafíos que trae este caso, es lograr un equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales. Hay que abrir un debate muy serio sobre una reforma a la Ley de Inteligencia, porque requieren más poderes legales en cumplimiento de sus funciones. Es importante crear una nueva figura: un juez de garantías con competencia para ordenar afectación de derechos fundamentales en materia de inteligencia, por fuera de los procesos penales.

- Tras conocerse los detalles del crimen de cuatro niños en Caquetá, usted afirmó que “la resocialización en la política criminal es un fracaso”. ¿Cuál debe ser, entonces, el ajuste para la política penitenciaria?

Dicha afirmación no es nueva. Una buena manera de comenzar a corregir el camino es atender de forma efectiva los reclamos que se hacen desde la academia para dar mejores resultados en materia de política criminal. En este sentido, la discusión no debe ser la misma, esto es, sobre endurecimiento de penas, penas capitales o cadena perpetua. Todas estas sanciones se están replanteando, incluso en países que ya cuentan con ellas. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto; desde sus inicios resaltó que “durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de resocialización del delincuente”. Claramente, es algo que no hemos atendido. La tarea es ardua, urgente y abarca diversos terrenos. Podría destacar la necesidad de diseñar una política criminal racional, eficaz y coherente, que no responda a populismos punitivos; hay que aumentar, capacitar y especializar el personal de seguridad y administrativo encargado de la vigilancia; es necesario mejorar la infraestructura penitenciaria y carcelaria; debemos dar un paso adelante en el tema de privatización de cárceles, y urge reformar al Inpec para que la Policía asuma la seguridad en las cárceles. Además, hay que avanzar en la implementación de regímenes carcelarios abiertos y semiabiertos, que combinen trabajo semanal fuera de la cárcel y arrestos de fin de semana.

- Dentro del plan de modernización de la Fiscalía se anunció que hay recursos adicionales para fortalecer las regiones en la lucha contra la criminalidad. ¿En qué serán invertidos esos recursos?

En conjunto con el presidente de la República queremos darle un alcance permanente a la experiencia del plan de choque, el cual se llevó a cabo en contra de la criminalidad en las doce principales ciudades del país. Durante los 90 días de vigencia que tuvo ese plan, logramos desarticular 155 bandas delincuenciales y reducir notablemente las cifras de los delitos que más le preocupan a los ciudadanos. El objetivo es profundizar regionalmente esta nueva estrategia en la lucha contra la delincuencia común.

Esta consiste en centrar nuestros esfuerzos, ya no solo en capturar a los delincuentes en forma individual y aislada, sino principalmente en desmantelar las organizaciones que están detrás del delito. Tenemos que tecnificar nuestra policía judicial en las seccionales.